Reforma de Salud: ¿qué le preocupa a los expertos de la ponencia alternativa?

El Pacto por una Mejor Salud, conformado por s, pacientes, aseguradores, entidades prestadoras de servicios de salud, profesionales de la salud y el sector farmacéutico, expresó su preocupación sobre la denominada ponencia alternativa presentada por el Senador Fabián Díaz ante la ponencia positiva del proyecto de ley 216/2024. 

Según los expertos, este nuevo documento introduce unos cambios que no responden a las preocupaciones expresadas por la mayoría de los agentes del sector ni a las dudas y objeciones emitidas en la ponencia negativa de los honorables senadores de la Comisión VII, Lorena Ríos Cuellar, Nadia Blel Scaff, Miguel Ángel Pinto Hernández, Norma Hurtado Sánchez, Josué Alirio Barrera, Honorio Henríquez Pinedo, Berenice Bedoya Pérez, José Alfredo Marín Lozano y Ana Paola Agudelo García.

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De acuerdo con el pacto, a pesar de las buenas intenciones de Díaz, las escasas modificaciones que propone la denominada ponencia alternativa no llevan a mejoras estructurales frente al texto del proyecto gubernamental. Persiste la eliminación del aseguramiento en salud y mantiene la regresividad de cara a derechos adquiridos por los ciudadanos. 

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Asimismo, aseguran que el documento reproduce las mismas confusiones conceptuales y operativo frete al rol y responsabilidad de los agentes en el sistema; carece de aval fiscal; desconoce avances en el goce efectivo del derecho a la salud y  no resuelve las dificultades que el sistema de salud enfrenta; tampoco garantiza la transparencia en el manejo de los recursos financieros del sistema y le falta el consenso mayoritario de los agentes del sector.

En cuanto al informe del Ministerio de Hacienda, los expertos manifiesta que no difiere del anterior, emitido por la misma entidad en noviembre de 2023, en el sentido de que no es un aval fiscal para el mencionado proyecto de ley.

De acuerdo con el documento, las cifras contenidas en él están sujetas a los ajustes en el trámite legislativo y a los soportes que entregue el Ministerio de Salud y Protección social que permitan afinar las proyecciones. Al respecto, el Ministerio de Hacienda manifiesta que se encuentra a la espera de los insumos por parte del Ministerio de Salud para conocer los supuestos detrás de las cifras entregadas a ellos.

"El documento no presenta ni profundiza en la totalidad de los supuestos que se deben tener en cuenta. Si bien desde la proyección del ingreso para el sector salud, el Ministerio de Hacienda menciona los supuestos para realizar el informe, no ocurre los mismos con la estimación de los costos de la reforma propuesta", indicaron. 

Por el lado de los ingresos, les preocupa que el Ministerio de Hacienda señala que los recursos obtenidos por el Sistema General de Participaciones (SGP), dependerán del comportamiento que se presente en los ingresos tributarios.

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El documento menciona que para la creación de varias instancias regionales y nacionales no habrá costos agregados. En este punto, cuando no se tiene claridad de las funciones expresas de esas instancias, los expertos aseguran que tampoco es posible aseverar que no se necesitarán recursos adicionales.

"Además, con esas carencias, la estimación del informe sobre el Ingreso proyectado vs el Gasto proyectado muestra que, en el primer año que es 2025, existe un faltante de 2.9 billones de pesos, faltante que se hace presente en todo el horizonte temporal de la proyección hasta el 2033", explicaron.

La suma total de los déficits anuales acumularía 15.1 billones de pesos, expresada a precios constantes de 2024. Esto supondría que el gobierno nacional tendría que recortar recursos de presupuesto de otros sectores o tendría que conseguir esos recursos por vía de una reforma tributaria; es decir, reconoce de manera directa que no hay espacio fiscal para asumir los gastos adicionales de la reforma.

No menos importante, el documento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público reconoce explícitamente que faltan recursos, según estimaciones del mismo ministerio, por $2.5 billones para financiar la UPC del 2024 y por una cifra cercana a $3.4 billones para financiar los presupuestos máximos, también para la vigencia 2024.

"Que esta sea una oportunidad para reconocer que la salud de los colombianos no está financiada en su totalidad y que se debe dar una discusión de fondo que lleve a las medidas presupuestales necesarias para garantizar su sostenibilidad" señalaron.

Y agregaron: "Insistimos en un diálogo amplio, honesto y efectivo, basado en la evidencia, en el que cada voz cuente, se escuche y se atienda. Las mesas técnicas organizadas por la HS. Lorena Ríos constituyen un acertado punto de partida que nos lleve a una verdadera discusión democrática y nos conduzca al consenso de una reforma pertinente".