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Reforma de salud: organizaciones médicas proponen analizar mejor el impacto fiscal
Se ha vuelto a resaltar la importancia de definir claramente la suficiencia de la UPC. Le contamos.
A través de una carta dirigida al presidente del Senado de la República de Colombia, Iván Leonidas Name, el grupo de “Acuerdos Fundamentales para el pleno desarrollo de la Ley Estatutaria en salud" planteó 14 puntos de consenso que podrían tenerse en cuenta durante el debate del Proyecto de Reforma de la salud que cursa actualmente en el Congreso de la República.
Manifiestan que es necesario plantear algunos puntos señalados en publicaciones realizadas por el Banco de la República que constituyen una base indispensable para conocer el estado real de la suficiencia de recursos en el actual sistema, así como los impactos financieros de la reforma.
En los estudios señalados se plantea que actualmente el sistema enfrenta un aumento en el gasto, principalmente por el incremento en enfermedades crónicas no
transmisibles (de 1.5 billones en 2016 a 5.9 billones en 2021), con una proyección a
2030 de $8 a $10 billones/año.
Dinero EPS Foto:iStock
De igual forma, el Ministerio de Salud da cuenta de un incremento en el gasto público por medicamentos de un 11,5% en 2015 a un 19,1% en 2020. Asimismo, indican un incremento del gasto por concepto de presupuestos máximos (tecnologías no cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud - PBS) que para el régimen contributivo pasó de $42.290 millones en 2003 a $4,16 billones en 2019 (39% anual), y a $6.83 billones en 2021.
El gasto creciente por atención de población migrante en 2019 fue de $32.971 millones para 76.760 afiliados, aumentó a $144.542 millones para 527.045 afiliados en el año 2022.
Con esta información, el grupo de Acuerdos Fundamentales considera que se deben evaluar, entre otros, los siguientes aspectos:
- El crecimiento del 300% en el costo de atención a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles observado entre los años 2016 y 2021.
- El crecimiento desbordado del gasto en presupuestos máximos cuestiona cómo se están gestionando estas atenciones que para el año 2021 representan casi el 0,5% del PIB, lo que exige de parte de las autoridades competentes y de los organismos de control una evaluación y examen de fondo, acorde con las necesidades y perfil epidemiológico de la población.
De acuerdo con los datos anteriores, el grupo de Acuerdos fundamentales resaltó la importancia de definir claramente y a través de estudios técnicos confiables, la suficiencia de la UPC, así como las proyecciones asociadas a los cambios por envejecimiento de la población, carga de enfermedad, aumento de la frecuencia de uso, atención de las patologías de alto costo y la entrada de nuevas tecnologías, con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Estatutaria en Salud (1751 de 2015).
"Resaltamos la conveniencia de que, con la reforma, sea el Consejo Nacional de Salud el organismo encargado de la definición del costo anual de este valor per cápita", manifestaron en la misiva.
Según el grupo, durante el debate, es necesario conocer las fuentes de recursos, sobre la base de las proyecciones de ingresos por cotizaciones y el crecimiento de los aportes del Presupuesto General de la Nación, necesarios para sufragar los costos asociados a la reforma que no dependen del sector salud como el saneamiento básico y ambiental (agua potable, acueducto y alcantarillado, vías de comunicación, entre otros), más aquellos que no dependen de la UPC como el costo de la construcción, dotación y mantenimiento de los CAPS, incorporación a las plantas de personal de quienes hoy se encuentran vinculados por orden de prestación de servicios o formas de tercerización laboral, más el valor del Sistema Público Único de Información en Salud.