Luego de que el Ministerio de Salud radicara este viernes, 13 de septiembre, un nuevo texto de reforma de la salud ante la Cámara de Representantes, son varios los empresarios, académicos y actores del sector que han expresado su descontento hacia la falta de diálogo y consensos sobre este nuevo proyecto de Ley.
Preocupa a los expertos que, una vez más, el Gobierno haya vuelto a radicar una reforma del sistema cuando todavía no ha logrado resolver los problemas financieros de base que afectan a toda la cadena de valor desde hace años y que han derivado en una extensa falla en los servicios de atención y en la entrega de medicamentos. Si bien el problema viene de atrás, la falta de gestión del Gobierno actual tiene contra la pared a hospitales, clínicas, EPS, gestores farmacéuticos y pacientes.
A pesar de que el Minsalud asegura que a lo largo del debate anterior se logró llegar a un gran acuerdo con todos los actores del sector, son muchos (desde representantes de las EPS hasta pacientes) quienes aseguran que no se ven representados con las nuevas propuestas de reforma. Señalan, además, que de llegar a implementarse este articulado, se corre el riesgo de que se estaticen los servicios de salud e incremente el gasto de bolsillo que hasta el cierre de 2023 no superaba el 13 por ciento.
Al respecto, EL TIEMPO habló con Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a más de 198 organizaciones de s, quien asegura que si bien empieza a perder la esperanza con esta nueva reforma también sigue abierto al diálogo y espera que en medio del debate sea posible volver a plantear consensos entre todos.
¿Por qué dice que perdió la esperanza con este nuevo texto de reforma que radicó el Gobierno el viernes?
Por varias razones. En primer lugar, porque se elimina el aseguramiento individual. Actualmente, cada colombiano tiene una especie de póliza, lo que significa que, aunque funcione mal, sabemos a quién reclamarle cuando hay una mala prestación de los servicios de salud. En la propuesta del Gobierno, se habla de un aseguramiento social. Para que se entienda la diferencia: es como tener un seguro para mi carro, pero me lo cambian por una póliza colectiva. Esto significa que hay un fondo común, y cuando se acaba el dinero de ese fondo, se termina la responsabilidad del asegurador. Además, es importante recordar lo que respondió el ministro de Hacienda al representante Andrés Forero respecto a los presupuestos máximos: básicamente, dijo que si no hay dinero proveniente de los recaudos nacionales, no se pueden girar esos presupuestos. Eso mismo les dirán a los pacientes mañana: que el dinero se acabó, y con él, el derecho fundamental a la salud.
¿Por qué considera que esta nueva propuesta no pone al paciente en el centro?
Son muchos los motivos. Uno es que parece que el Gobierno está normalizando la fragmentación en la prestación de los servicios. Ahora habrá una "Gestora de salud y Vida" con una responsabilidad, el Centro de Atención Primaria (CAP) con otra, y el ente territorial con otra. Cuando hay tres actores con responsabilidades compartidas, nadie asume la total responsabilidad. Es como un partido de fútbol en el que la pelota va de un lado a otro. ¿Y qué pasa con los pacientes? Además, el artículo 19 dice que quien necesite servicios complementarios debe primero demostrar que no tiene capacidad económica. Según este gobierno y los anteriores, cualquiera que esté por encima de la línea de pobreza automáticamente tiene capacidad económica. Aunque no eliminan los servicios complementarios, no les asignan una fuente de financiamiento, lo que en la práctica significa que no existen. El artículo 19 dice textualmente que el Gobierno "podrá" definir la fuente de financiamiento, pero si el Gobierno tiene déficit presupuestal, simplemente no habrá dinero.
¿Ve posible que en medio de la crisis financiera actual se implemente con éxito esta reforma?
Nos llamó la atención lo que el Gobierno proyecta en la página 121 de la exposición de motivos. Hacen una proyección de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) para 2025 con un incremento del 12.7 por ciento. Sin embargo, para 2026, cuando supuestamente termina este gobierno, la proyección es de solo un 3.7 por ciento. Esto significa que vamos a recibir un sistema peor del que tenemos. Hoy en día, ya tenemos un sistema desfinanciado, y mañana lo será aún más, con más gastos istrativos.
¿De dónde vendrían esos gastos istrativos adicionales?
Por la infraestructura necesaria. Nacerán los CAP, que necesitan financiación. Nadie sabe cuánto costarán ni cuántos se necesitarán en el país. Además, las Gestoras de Salud y Vida (actuales EPS) recibirán casi 8 billones de pesos, una cifra fija que obtendrán hagan o no hagan su trabajo. Y si cumplen con las funciones, recibirán un porcentaje adicional. Además, el Gobierno planea dividir el dinero en tres cuentas: una para equipos extramurales, otra para infraestructura y otra para atención. Pero no hay un estudio técnico que determine cuánto es el porcentaje que irá para cada una de estas bolsas.
¿Por qué no hay consenso con este articulado? El Gobierno afirmó que se reunió con varios actores del sector para llegar a un gran acuerdo...
Es cierto que nos reunimos y llegamos a un acuerdo, pero el acuerdo fue que no había acuerdo, porque el viceministro Martínez no permitió que se modificara ni una sola coma. El Gobierno no ha estado dispuesto a escuchar a otros actores del sistema, y eso ha sido un obstáculo para avanzar con la reforma, a pesar de que todos coincidimos en que es necesaria. Nosotros presentamos una metodología de tipo semáforo, donde identificamos puntos en los que coincidíamos, otros que necesitaban mejoras, y otros con los que no estábamos de acuerdo. Pero ni siquiera tomaron en cuenta los puntos en los que estábamos de acuerdo. Este Gobierno se ha caracterizado por no dialogar, imponiendo su visión sin discusión.
Algunos dicen que hay una pronunciada falta de gobernabilidad. ¿Cree que esto ha llevado al sector a la crisis actual?
Definitivamente creo que hay una ausencia de gobernabilidad y de capacidad de gestión por parte del Gobierno Nacional, especialmente del Ministerio de Salud. Un ejemplo claro es que el Gobierno controla el 57% de la salud en Colombia, ya que maneja las EPS intervenidas, que cubren a esa proporción de la población. Si tienen ese control, ¿por qué no vemos mejoras? El problema radica en la estructura y la falta de gerencia del Ministerio y de la Superintendencia Nacional de Salud.
El Observatorio Así Vamos en Salud reportó que las tutelas han crecido un 42% en los últimos cuatro meses, ¿Por qué cree que sucede esto?
Es cierto, y no solo han aumentado las tutelas, sino también las PQRs (Peticiones, Quejas y Reclamos). Al comparar los primeros semestres de 2023 y 2024, vemos un crecimiento del 40 al 50%. Esto se debe a tres factores: la insuficiencia de recursos, la crisis de confianza generada por el Gobierno, y el hecho de que las EPS se han limitado a decir que, como no hay dinero, no pueden seguir prestando servicios. Habría que agregar que todo el mundo cree que el sistema se va a acabar, entonces están consumiendo servicios de salud de manera desmedida y esto, sin duda, colapsa el sistema.
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Entonces, ¿Qué futuro augura para el sistema de salud si se aprueba esta reforma?
Veo tres grandes riesgos. Uno, que el periodo de transición no sea bien organizado y sea impuesto por el Gobierno, lo que podría llevar al colapso del sistema. Dos, en ese colapso podríamos perder miles de vidas humanas. Y tres, no sé cuánto tiempo tardaríamos en recuperarnos de la crisis actual del sistema de salud.
Como paciente, ¿realmente ha perdido toda esperanza con este nuevo articulado o sigue existiendo espacio para el diálogo?
Creo que la puerta del diálogo debe seguir abierta, pero me preocupan tres cosas. Primero, las denuncias sobre la posible compra de votos en el Congreso para aprobar la reforma. Segundo, la baja capacidad técnica en la Cámara para discutir la reforma. Y tercero, que el Gobierno, ante una posible derrota, radicalice su postura, afectando aún más a los pacientes.
¿Qué mensaje le daría a los s que también tienen incertidumbre?
Primero, que apenas empieza la discusión y todos debemos participar activamente. Segundo, que el sistema sigue funcionando, aunque esté en crisis, y las EPS, IPS (hospitales y clínicas) y el sector farmacéutico deben garantizar la atención a los s. Y tercero, que quienes tienen capacidad económica deben contribuir al sistema de salud, porque no podemos seguir financiando a todos los colombianos sin que algunos aporten.
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