Minsalud solicita a la Corte Constitucional la nulidad del auto sobre la UPC

El Ministerio de Salud radicó el pasado 18 de febrero en la Corte Constitucional una solicitud de nulidad al auto 007 de 2025, en la que el alto tribunal declaró que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) fue insuficiente para el año 2024.

La nulidad, radicada ante los magistrados Vladimir Fernández, Miguel Polo Rosero y José Fernando Reyes, se presenta bajo varios fundamentos. 

Por ejemplo, la solicitud de nulidad indica que el alto tribunal incurrió en irregularidades procesales que vulneraron los derechos fundamentales del Ministerio.

"La mayoría de la sala no garantizó este mandato constitucional (artículo 29 de la Constitución Política de 1991, precepto en el que se estableció el debido proceso como un derecho fundamental) al Ministerio de Salud y Protección Social al no poner en conocimiento ni permitir la controversia de las pruebas y/o documentos allegados por los actores que participaron dentro de la discusión de la suficiencia de la UPC, esto es, las Empresas Promotoras de Salud y sus agremiaciones", indica la solicitud del Ministerio de Salud.

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Otra de las razones para solicitar la nulidad del auto, expone el documento de la cartera de salud, es que la Corte Constitucional no presentó informes que sustenten la insuficiencia para 2024.

"Se reitera, que al no conocer las pruebas y estudios técnicos que motivaron y respaldaron la orden, esta cartera ministerial no pudo controvertirlos, contradecirlos u objetarlos, como tampoco pudo solicitar la práctica y evaluación de otras pruebas. Una vez más, se observa que en esta actuación no se protegió ni se respetó el debido proceso, el derecho a la defensa y a la contradicción", indica el Ministerio de Salud. 

Y agrega: "es evidente que la mayoría de la Sala incurrió en una irregularidad procesal al no otorgarle al Ministerio de Salud y Protección Social la oportunidad para conocer las pruebas de las EPS y sus agremiaciones, como al haber valorado inadecuadamente el estudio de suficiencia de la UPC de 2024, máxime que la conclusión a la que llegó la Corte Constitucional fue declarar la insuficiencia de la UPC, sin tener la competencia para ello, tal y como en líneas precedentes se reconoció y extractó del contenido del considerando 22 del auto 089 de 2025".

Además, el Ministerio de Salud asegura que la Corte Constitucional "no puede basar sus decisiones en las afirmaciones infundadas de las EPS y agremiaciones, por el contrario, si presentó algún motivo de duda sobre la suficiencia de la UPC debió decretar de oficio un estudio técnico que le permitiera establecer si los recursos que se reconocen son suficientes y de esta manera llegar a un grado suficiente de convencimiento". 

El pasado lunes, en un comunicado de prensa, Minsalud aseguró que acatará órdenes impartidas por la Corte sobre UPC y presupuestos máximos. 

La decisión de acatar los fallos se tomó después de que el alto tribunal aclarara las dudas expresadas por el Ministerio de Salud sobre los autos 2049 de 2024 y 007 de 2025. 

Pese a la solicitud de nulidad del auto sobre la UPC, el cartera expresa en el escrito que "no implica que el Minsalud no inicie las actividades tendientes a dar cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional".

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) aseguró en un comunicado de prensa que la continuidad de la atención médica para millones de colombianos está en riesgo. 

Esto afectaría "gravemente el derecho fundamental a la salud, mientras la deuda acumulada asfixia financieramente a las instituciones prestadoras de salud (IPS), que pese a ello han seguido garantizando el a los servicios de salud". 

La entidad pidió medidas "urgentes" con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y el cumplimiento expedito de los autos de la Corte Constitucional por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. 

"Las IPS alertan nuevamente sobre una crisis inminente de la sostenibilidad del sistema de salud, debido, entre otras, a la falta de giro oportuno de recursos, especialmente, por parte de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. La cartera total de las 9 EPS intervenidas suma más de 2,2 billones de pesos de los cuales el 87 por ciento es cartera vencida (1,9 billones de pesos)" asevera la Andi.

Por otro lado, la asociación resalta que el porcentaje de recaudo por los servicios de salud prestados por las IPS a los s de estas nueve EPS no supera el 37 por ciento en promedio para enero de 2025.

Asimismo, le pidió al Gobierno Nacional actuar con urgencia para garantizar el flujo de recursos y la sostenibilidad financiera del sector salud a través de la Adres. 

"Sin una acción inmediata, la capacidad de respuesta de las IPS se verá gravemente comprometida, afectando a millones de pacientes en todo el país, tal como ya se está observando en diversas regiones del país con anuncios de cierre de servicios a s de varias EPS por falta de pago", concluyó la Andi.

REDACCIÓN SALUD