Minsalud accede a revisar cálculo de la UPC tras aumento de 5,36% para 2025

Luego de que varios actores del sector, incluyendo a movimientos de pacientes, médicos, académicos, empresarios y políticos, solicitaran al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reconsiderar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para este año, el jefe de cartera se mostró abierto a revisar el rubro durante una entrevista con la FM de RCN. 

El valor se fijó en 5,36 %, una cifra adaptada a la inflación y que según entidades como Afidro y la Andi, está muy por debajo del porcentaje necesario para que el sistema logre mantenerse estable en medio de una crisis financiera (16,9 %). 

En diálogo con la FM, Jaramillo detalló los antecedentes relacionados con el cálculo de la UPC y planteó la posibilidad de modificar esta cifra mediante aportes patronales o a través de una mesa de diálogo con actores clave del sector salud. 

Desde la semana pasada, la cartera ya se había mostrado abierta a mantener un diálogo con el sector que les permitiera revisar bien el rubro. De hecho, en entrevista con EL TIEMPO, el viceministro de Protección, Luis Alberto Martínez, aseguró que desde la cartera estaban siempre dispuestos a mantener diálogos y consensos. No obstante, aseguró que el incremento era "suficiente" y sostuvo que era cuestión de "manejar con mayor transparencia los recursos".

Por su parte, Jaramillo recordó que, en 2011, durante el mandato de Juan Manuel Santos, la UPC se ajustó por encima de la inflación, mientras que en 2021, bajo la istración de Iván Duque, se determinó un incremento inferior a este indicador. “No es la primera vez que el cálculo de la UPC se revisa tomando como referencia la inflación”, señaló el ministro.

Para realizar esta revisión, Jaramillo indicó que trabajó en conjunto con la Adres, la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Hacienda, debido a que se identificaron anomalías en el proceso de fijación de la UPC. 

Según explicó, las EPS del régimen subsidiado no aportaron información, lo que dejó como única fuente los datos del régimen contributivo, que cubre el 48% del total. Inicialmente se analizaron cifras de 15 EPS, pero al final del proceso se consideraron únicamente siete, entre ellas Famisanar y Compensar, cuyos reportes presentaban inconsistencias frente a la información entregada. 

“Ante la falta de datos técnicos suficientes y confiables, se decidió basar la revisión de la UPC en el comportamiento de la inflación”, puntualizó.

En cuanto a las posibles vías para ajustar la UPC, el ministro planteó dos alternativas. La primera consiste en que se asuman los aportes patronales que, según Jaramillo, se dejaron de pagar desde 2012 y podrían ascender a una suma de entre $15 y $20 billones. 

La segunda alternativa propone la creación de una mesa de trabajo que reúna a empresarios, universidades, instituciones académicas, entidades de control, EPS y demás actores relevantes del sistema de salud. Esta instancia se encargaría de evaluar tres aspectos principales: los mecanismos para determinar la UPC, la suficiencia de los pagos actuales y las fuentes de recursos adicionales necesarias.

“No se puede exigir un incremento al Gobierno sin tener claros los fundamentos y motivos que lo justifican”, añadió el ministro.

Respecto a las críticas sobre un posible retraso en la revisión de la UPC, Jaramillo aclaró que este proceso requiere al menos un año de preparación. Además, destacó que el Ministerio solicitó apoyo de otras entidades para abordar las irregularidades detectadas en el cálculo de la UPC para el año 2025.

Por otro lado, a través de X (antes Twitter), el Presidente Gustavo Petro señaló que rechaza un aumento de la UPC. "En esto me separo del ministro (....) No hay que aumentar la carga tributaria general de las empresas", dijo. 

Además, el primer mandatario solicitó que se inicie una investigación penal exhaustiva para esclarecer cómo las EPS están utilizando los recursos públicos destinados al sector salud. 

Esta petición surge ante posibles irregularidades detectadas, entre las que se encuentran la existencia de clínicas ficticias, prácticas de facturación oculta, préstamos internos a los propietarios de las EPS, sobredosis simuladas y la atribución de costos a personas fallecidas.

Con esta solicitud, Petro respalda la importancia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) adaptada a la inflación en 5,36 %. Lo justificó señalando que la a de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) había reportado inconsistencias en el cálculo de esta cifra, lo que motivó la intervención presidencial. Cabe resaltar que este estudio se dio a conocer a penas esta semana y, según expertos, sostiene múltiples falencias. 

El mandatario afirmó que diferentes informes sustentan sus denuncias. Según él, documentos oficiales del gobierno, reportes de la Contraloría y diversas investigaciones penales evidencian un “uso sistemático” indebido de miles de millones de pesos que deberían destinarse al sistema de salud.

Petro destacó que una investigación penal, junto con un esfuerzo legislativo coordinado en el Congreso, podría ser clave para alcanzar dos objetivos fundamentales: establecer un sólido sistema de prevención en salud, como ha propuesto durante años, y garantizar un modelo asistencial eficiente, sostenible y éticamente responsable para los pacientes.

Por su parte, volvió a desmentir rumores sobre una posible renuncia, confirmando su permanencia en el gabinete.