Gobierno se pronuncia sobre pleito desatado por informe de la Contraloría que revela que las EPS usaban dinero de la UPC para cubrir deudas de vigencias anteriores

Luego de que a principios de este mes (5 de agosto) la Contraloría General de la República anunciara que existía un presunto manejo irregular de 24 EPS sobre el uso de la UPC en 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó la semana pasada, a través de un comunicado, que no existe una norma que prohíba que las EPS utilicen dicho rubro para cubrir los servicios de salud prestados en vigencias anteriores, pero especificó que sí deben cumplir con la constitución de reservas técnicas, un respaldo financiero con el cual contaban solo 8 de 24 EPS con corte a marzo de este año. 

Al respecto, el Ministerio de Salud y Protección Social ha vuelto a insistir en que, si una EPS utiliza los recursos de una vigencia determinada para cubrir obligaciones de vigencias anteriores, es evidente que no se constituyeron las reservas técnicas necesarias. 

"Esto constituye un incumplimiento de sus deberes legales como es del aseguramiento, afectando gravemente el derecho fundamental a la salud de los afiliados. Como resultado, el Ministerio apoya, en calidad de víctima, la continuación de las investigaciones y procesos destinados a la recuperación de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud", manifestó la cartera a través de un cominicado.

Y es que el informe de la Contraloría General advierte que en 2020 las EPS pagaron servicios de salud de vigencias anteriores por $5.516.433.364.738 con los recursos de la UPC, un rubro con destinación específica que no podría ser utilizados para fines distintos a los previstos en la Constitución y la Ley. 

Según la cartera de salud, la gestión adecuada de las reservas técnicas es crucial porque impide que los recursos públicos con destinación específica, recibidos en una vigencia determinada, se utilicen para hacer pagos de vigencias pasadas. En su lugar, estos pagos deben realizarse con las reservas que debieron ser resguardadas en el momento en que se generaron los costos.

"Sin embargo, el 21 de diciembre de 2023, la Contraloría General publicó un Informe Técnico revelando que, de las quince EPS revisadas, que deberían tener en promedio 15.58 billones de pesos en reservas técnicas, solo contaban con 4.9 billones. Esta información fue corroborada por la Superintendencia Nacional de Salud: a marzo de 2024, solo ocho de las veinticuatro EPS cumplían con el respaldo adecuado de reservas técnicas", manifiesta el Minsalud. 

Por su parte, la Andi, Acemi y Asocajas se pronunciaron a través de un comunicado conjunto y afirmaron que estaban en desacuerdo con la tesis presentada por la entidad; esto porque el marco normativo sobre los recursos del PGN no es igual para las EPS.

Los gremios citaron la Sentencia SU 480 de la Corte Constitucional en la que se estipula lo siguiente: "si los aportes del presupuesto nacional y las cuotas de afiliados al sistema de seguridad social son recursos parafiscales, su manejo estará al margen de las normas presupuestales y istrativas que rigen los recursos fiscales provenientes de impuestos y tasas, a menos que el ordenamiento jurídico específicamente lo ordene".

Al respecto anotaron que "la UPC puede usarse para la constitución de reservas técnicas (que al liberarlas se utilizan para el pago de servicios incurridos en el pasado) y para el pago de servicios y tecnologías de la vigencia en curso y de diferentes vigencias, como es propio de un sistema de aseguramiento, especialmente en un escenario de insuficiencia de recursos y de información rezagada, deficiente e insuficiente".

No obstante, ante los hallazgos de la Contraloría, el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, interpuso una acción popular contra las EPS que incumplen con el deber legal de constituir reservas técnicas, la cual fue itida por el Tribunal istrativo de Cundinamarca, mediante Auto del 23 de abril de 2024.

"El Congreso de la República y el Gobierno Nacional han establecido, en la ya mencionada normatividad, precisas condiciones financieras para que las EPS operen adecuadamente este aseguramiento. Estas condiciones incluyen (i) el cumplimiento de un capital mínimo, (ii) un patrimonio adecuado, y (iii) la obligación de calcular, constituir y mantener actualizadas mensualmente las reservas técnicas, que aseguran el pago de los servicios de salud que las EPS deben cubrir", asegura la cartera de salud.

A pesar de que todavía no se llega a una determinación legal sobre este asunto, el Gobierno insiste en que las EPS están obligadas a utilizar la UPC para financiar servicios prestados durante la vigencia correspondiente, asegurándose de constituir reservas técnicas suficientes con los recursos recibidos del Estado.