Expertos responden al presidente Petro por UPC: ‘está jugando con la vida de los colombianos’

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La UPC, que es lo que recibe cada EPS por afiliado, quedó, tras aplicarse el aumento, en un total de $ 1’521.489 pesos al año por afiliado en el régimen contributivo, equivalente a un valor diario de $4.226, y para el régimen subsidiado en $ 1’323.403 anuales, es decir, $ 3.676 diarios. Esto (más otras primas en casos de territorios alejados como San Andrés y Providencia) es lo que tiene cada persona disponible para ser atendida durante el año a través del sistema de salud.

Sin embargo, hasta ahora casi todos los actores del sistema y expertos han enfatizado en que es muy bajo, y que dada la actual crisis financiera del sector, el envejecimiento de la población, el mayor consumo de servicios de salud tras la pandemia y el aumento de los costos de tecnologías médicas, era necesario un aumento de al menos 16  %, es decir tres veces más de lo establecido en la resolución del Ministerio de Salud que definió la UPC de este año.

La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), por ejemplo, calificó de “insuficiente” el aumento frente al del salario mínimo, que crecerá 9,54  %, lo que podría llevar a un déficit de estas entidades pues gran parte del gasto en salud se va en los costos del personal y en el caso de los hospitales públicos muchos salarios están atados al aumento del salario mínimo.

Por su parte, el director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), Juan Carlos Giraldo, que agremia a algunos de los centros de salud privados más reconocidos de Colombia, pidió al Gobierno reconsiderar la cifra definida y establecer un aumento mayor que no ponga en riesgo el funcionamiento del sistema o a los pacientes.

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Ante los diferentes cuestionamientos que se han recibido alrededor de la UPC, el presidente Gustavo Petro trinó a través de la red social X en un mensaje que, además, iba en respuesta a otra publicación hecha por el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien también se sumó al grupo de voces que han calificado de “muy baja” la cifra definida por el Gobierno.

El primer mandatario respondió planteando varias preguntas para justificar la decisión del Ministerio de Salud de aumentar el 5,36 % la UPC para este año. 

“¿Por qué es criminal que la UPC para salud crezca 5,4 % este año, si la inflación para este año será del 3 %? ¿Quieren seguir hinchando los bolsillos de los dueños de las EPS con dineros públicos, igual que hacen con los dueños de buses de Transmilenio? ¿Les pareció poquito que se hubieran robado 9 billones del dinero público de la salud en el año del covid?”, señaló Petro.

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Y, además, también se refirió a las investigaciones de Coosalud y Nueva EPS que adelanta el Gobierno a través de la Supersalud y la Supersolidaria, asegurando que se habrían “escondido” deudas, que ahora, en su concepto, quieren que se paguen con un aumento de la UPC.

“¿Les pareció poquito que luego que se transformaran en aseguradoras financieras, el exministro Gaviria les haya regalado otros billones de pesos que también se esfumaron porque no dejaron para las reservas técnicas que exige la ley y que suman otros 10 billones de pesos?  

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Ante dichos interrogantes, varios expertos del sector salud señalaron a EL TIEMPO que algunas de las preguntas planteadas por el presidente Gustavo Petro carecían de rigor técnico y responden más a un debate político, donde no se están teniendo en cuenta los factores que deben considerarse a la hora de establecer la UPC.

En ese sentido, por ejemplo, destacaron que la UPC es definida por la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud que no se rige solamente por la inflación, sino que hace un cálculo a partir de otros factores, como es el caso del incremento de costos en tecnologías de la salud que se estima será de 6  % para este año, el aumento del salario mínimo que se definió en 9,54  % y el envejecimiento de la población.

Por su parte, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, respondió directamente al presidente señalando que la UPC definida no respondió a criterios técnicos, sino que se estableció “de manera caprichosa” y que dado que la cifra no alcanza -nisiquiera- a cubrir los aumentos de rubros como el salario mínimo, lo más probable es que haya un declive en la prestación de servicios de salud.

“El Gobierno decidió desechar la información disponible y fijar la UPC de manera caprichosa. Esta decisión afectará de manera grave al sector. En un caso típico, el aumento de 5,3  % se dividirá entre EPS e IPS (ambos enfrentan costos crecientes). Para un hospital público, por ejemplo, esta situación representará un aumento de los ingresos apenas superior a 2 % mientras los costos laborales crecerán casi 10 % y muchos de los otros costos crecerán también por encima de la inflación”, dijo el también exfuncionario del Gobierno Petro.

“No hablemos de los gremios. Hablemos de los grupos de investigación y de los grupos técnicos de economistas, de las universidades de Antioquia, Eafit y de otras universidades y centros de pensamiento que han señalado claramente la desfinanciación del sistema de salud y de cómo eso se ha agravado y está generando impacto en la población y en la prestación de los servicios de salud. La respuesta es la retórica política e ideológica. Eso es lo que estamos viendo y el país tiene que saber con claridad qué es lo que está pasando con el sistema de salud y por qué razón es que el sistema de salud va a tener cada día más dificultades”, señaló el exministro y director del Observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán.

Y es que el presidente Petro indicó en su cuenta en X: "¿Les pareció poquito que se hubieran robado 9 billones del dinero público de la salud en el año del Covid?". 

Los dineros a los cuales hace referencia el mandatario de los colombianos se relacionan con un informe de la Controlaría, revelado en agosto del 2024, donde alertó sobre tres hallazgos fiscales en el sector de la salud. 

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Sin embargo, el monto que se relaciona en dicho informe es de $ 6 billones en 24 EPS, por, supuestamente, indebida destinación de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) durante la vigencia del 2020.   

El primero hallazgo corresponde a $5,4 billones de la UPC de 2020 destinados a pagar servicios de salud de años anteriores. El segundo señala que $643.000 millones, excedentes por Presupuestos Máximos en 2020, no tienen evidencia de su uso. El tercero revela gastos sin relación con servicios de salud, específicamente en la Nueva EPS, pues según el informe, esta entidad usó $40.000 millones de créditos bancarios para cubrir honorarios de su junta directiva, viajes, clases de yoga, bonos de regalo, publicidad y otros, cuyos intereses fueron pagados con recursos de la UPC.

Acemi, el gremio de las EPS, ha insistido en repetidas ocasiones que el informe debe revisarse en detalle. 

"Hacemos un llamado respetuoso a la Contraloría General de la República para que se revise y aclare esta tesis que, al aplicarse en los procesos individuales de responsabilidad fiscal, se extenderá a la cadena de pagos de todo el sistema y agravará una situación que cada vez resulta más adversa para los pacientes y sus familias, en especial para las más vulnerables", indicó Acemi en su momento.

Ante dichos cuestionamientos también respondió el exministro Alejandro Gaviria, quien enfatizó en que el gobierno sigue aferrado a un diagnóstico equivocado, suponiendo que la plata sobra cuando la realidad es lo contrario, y faltan recursos. Para Gaviria, si bien el presidente “insiste en que todo se lo roban”, en su concepto el primer mandatario confunde el pago de deudas pasadas con el robo de recursos y “omite que son las dificultades financieras del sector (comunes a todos los sistemas de salud del mundo) las que han impedido la inversión adecuada de reservas técnicas”.

“Si las EPS simplemente se roban los recursos, ¿por qué impidieron la salida de Sura y Compensar? ¿Por qué las EPS controladas por el gobierno han empeorado en las condiciones financieras y de atención? El gobierno está jugando con la vida de los colombianos. Está actuando con venganza. No hay ninguna justificación para la decisión de la UPC. Lo peor, las consecuencias parecen no importarles. Siguen en su narrativa falaz y en sus mentiras y calumnias, a los pacientes ni siquiera los mencionan”, cuestionó por su parte Gaviria.

En su trino, el presidente Petro también hace referencia al caso de Coosalud, que recientemente fue intervenida su EPS y su conglomerado de compañías por el Gobierno Nacional, argumentando un supuesto entramado para desfalcar los dineros públicos de la salud girados por el Gobierno a la entidad.

"¿Les pareció poquito que Coosalud haya servido de fiador para los préstamos particulares del dueño de la EPS por 400.000 millones, que luego no pagó y que en la junta directiva de la EPS, los Santos y los Pastrana no hayan dicho ni pío", indicó Gustavo Petro.

En medio de este escándalo, el expresidente de Coosalud, Jaime González, denunció penalmente al exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal por los delitos de falsa denuncia y prevaricato por omisión en la Fiscalía General de la Nación.

Y, por otro lado, el mandatario de los colombianos hizo referencia a la situación de Nueva EPS: "¿Le pareció poquito que la Nueva EPS de los Vargas Lleras, haya escondido 5 billones de deudas en facturas para hacer aparecer falsamente que la EPS estaba bien, solo con el fin de seguir ordeñando al estado con decenas de billones de pesos? ¿Le pareció poquito a Peñalosa esto, y ahora quieren que el gobierno del cambio les de más? ¡Mamola!”, preguntó el primer mandatario".

Es importante recordar que no es la primera vez que el presidente Petro hace referencia a la familia Vargas Lleras y la Nueva EPS. De hecho, son varios varios episodios jurídicos que se han abierto entre las partes.

De hecho, en una decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, conocida el 22 de octubre, el alto tribunal ordenó al presidente Gustavo Petro a retractarse por realizar falsos señalamientos en sus redes sociales contra Enrique Vargas Lleras y la familia Vargas Lleras.

El fallo se dio como respuesta a la impugnación presentada por la parte accionada en contra de la sentencia proferida por el alto tribunal, el 27 de agosto de 2024, a través de la cual se ampararon los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre Vargas Lleras.

La parte accionante atribuyó al presidente de la República la vulneración de sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, con ocasión de las publicaciones realizadas, a través de la red social X, los días 28 de mayo, 31 de mayo y 4 de junio de 2024, y la alocución presidencial del 6 de junio de la misma anualidad.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros