Embarazo en niñas, un delito que cabalga en la impunidad

Los nacimientos producto de embarazos en niñas menores de 14 años se incrementaron un 19,4 por ciento en Colombia entre el 2020 y el 2021, de acuerdo con el boletín técnico de estadísticas vitales dado a conocer esta semana por el Dane.

Sobre este tema que algunos expertos califican como una tragedia social, EL TIEMPO habló con Isabel Cuadros Ferré, médica psiquiatra, pionera en la investigación del maltrato infantil en el país, fundadora y directora ejecutiva de la Asociación Afecto contra el maltrato infantil.

Creo que en la pandemia las niñas estuvieron encerradas con su abusador y no tenían visibilidad desde otras instancias como la escuela. Eso las puso en una posición todavía más vulnerable frente a sus agresores.

Sí. El Código Penal colombiano establece que la edad de consentimiento para la actividad sexual es a partir de los 14 años y es taxativo en que los niños no pueden emitir este consentimiento.

Se define como la realización de un acuerdo entre dos personas que entienden lo que se proponen, conocen los estándares sociales de la propuesta, las consecuencias del acto, tienen la competencia mental para tomar la decisión, la cual es completamente voluntaria y se puede realizar en el momento en que la quiera. Sin embargo, ni los niños ni las niñas pueden dar consentimiento.

En Colombia la experiencia nos ha demostrado que la justicia cojea cuando hablamos de abuso sexual de las niñas. No se hace verdadera investigación judicial que corrobore lo que las menores relatan. Por ejemplo, no se analizan los contenidos de los computadores o los teléfonos de los abusadores, las búsquedas de páginas de pornografía infantil, no se vigilan las llamadas telefónicas que hacen, no se le pregunta a la víctima si ha escrito o dibujado cosas con relación al abuso sexual del que ha sido víctima. Además, la justicia cuenta con pocos investigadores con el entrenamiento debido y por lo general los juicios terminan confrontando la palabra de las niñas con la de los abusadores y las consecuencias, como lo determinó una investigación del fiscal de niñez Mario Gómez, es que el 97 por ciento de los casos se quedan en la impunidad. Aquí solo queda por decir que la justicia puede absolver con facilidad a un acusado pero la conciencia del mismo jamás lo va a absolver, en razón a que en Colombia estos delitos son difíciles de probar.

Reitero que muestran la debilidad de la investigación judicial y un desconocimiento de la dinámica del abuso sexual porque el hecho de que no se pueda probar la comisión de un delito no quiere decir que el delito no haya ocurrido y las consecuencias a pesar de los fallos son incluso más deletéreas. Aquí vale la pena referencia la sentencia de la magistrada Cristina Pardo que marca un hito en la protección de los niños, pues establece que estos deben ampararse así no se haya probado judicialmente la ocurrencia del abuso en una condición que armoniza con la Constitución nacional, que establece la prevalencia de los derechos de los niños sobre muchos otros.

No. Ellas no tienen el desarrollo físico ni mental para encarar la crianza de otros niños. En cuanto al desarrollo físico, el inicio temprano de las relaciones sexuales aumenta el riesgo del cáncer de cuello uterino, preclampsia, partos prematuros, desproporciones entre el niño y la pelvis, a lo que se suman dificultades para la lactancia por su inmadurez mamaria. Por otro lado, tienen dificultades para establecer vínculos afectivos sólidos con su hijo, lo que aumenta el riesgo del maltrato sobre el bebé y se termina cerrando un círculo de pobreza infantil que termina por impactar en todo su entorno.

Significa la perpetuación de la pobreza porque la niña ya no va a poder tener a la educación y por tanto será más difícil para ella la movilidad social. Es una tragedia.

Es una situación evidente y lamentable. Muchos niños y niñas que se enfrentan a la violencia intrafamiliar terminan por buscar cualquier ruta para huir de ese entorno y una de ellas puede ser buscando una pareja, pero también relacionándose con delincuentes o cayendo en manos de actores armados o desafortunadamente en la explotación sexual criminal.

Que son políticas fraccionadas, que no atacan las causas del problema que determinan la violencia y el abuso sexual de las niñas.

Sigue siendo un delito. Pero abogaríamos por que el sistema de protección intervenga y establezca las condiciones en las cuales la niña quedó embarazada y la proteja.

Yo creo que sí. No se está enseñando el marco legal del ejercicio sexual, ni a los niños ni a las niñas.

Es difícil hablar de la familia como una sola entidad. En general, la madre trata de proteger a la niña que lamentablemente termina asaltada en su ingenuidad y falta de conocimiento sobre estos fenómenos, por padres, padrastros, familiares y cercanos que terminan actuando en medio de un sistema de protección y un sistema judicial lentos, que no brindan apoyo psicológico a las víctimas y que la mayor parte de las veces termina por re-victimizar a quien denuncia, sin dejar de lado que los abogados penalistas son de difícil y exigen elevados honorarios que los afectados no pueden cubrir. Insisto, el sistema judicial debiera tener una división de apoyo a estas víctimas.

Sabemos que hay niñas que son obligadas a abortar y lo que es increíble es que encontramos 551 casos de niñas que han sido criminalizadas por haber tenido un aborto, cuando es obvio que el embarazo fue producto de un delito sexual.

Algunas personas que se ponen las “gafas rosadas”, creen que estos embarazos son producto del amor entre dos niños. Vuelvo a la investigación del doctor Gómez, que demostró que en la mayoría de estos casos el abusador le llevaba por lo menos 10 años a la niña que había embarazado. Aquí lo que se debe proponer es una mejor investigación judicial que corrobore la versión de las víctimas y hacer lo posible para que el Congreso de la República legisle para subir la edad de los consentimientos de 14 a 16 años, como existe en algunos países.

Sobre el tema de política pública de niñez y adolescencia que incluya prevención y protección integral frente a estos delitos y sus consecuentes investigaciones no tengo conocimiento de ninguna propuesta seria por parte de quienes aspiran a ser congresistas o a la presidencia y eso resulta llamativo, dada la magnitud de este problema que parece no importarles.

Frente a la premisa de que los niños y las niñas son el patrimonio más valios en el país, parece simple decir que lo que se requiere es una política pública integral para protegerlos a todos y en especial a las niñas, de la violencia sexual, en el contexto de una política de Estado que remonte los gobiernos, permee a la comunidad en general y en una perspectiva de bienestar que aporte para el desarrollo del país. Ojalá estas alarmantes cifras hagan que los responsables de generar y dinamizar estos elementos se quiten la venda frente a un flagelo frente al cual todos debemos responder.

CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ

Editor de Salud