CIDH insta al Estado colombiano a proteger a líderes sociales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su preocupación por el creciente número de asesinatos de defensores de derechos humanos y de líderes sociales que se registraron en el primer semestre del año, por lo que hace un llamado para que el Estado colombiano garantice medidas de seguridad efectivas que protejan la vida, la integridad y la seguridad de quienes defienden los derechos humanos.

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Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 se registraron 45 asesinatos de personas que ejercían actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos, y hay 36 casos más en proceso de verificación.

De otro lado, el Estado colombiano registró 37 asesinatos de personas defensoras durante el mismo periodo, aunque la Comisión considera que los registros de organizaciones civiles podrían ser mayores.

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La CIDH hace un llamado especial sobre las zonas en las que se han presentado la mayoría de los asesinatos: Antioquia, Cauca, Huila, Norte de Santander, Córdoba, Nariño y Putumayo, zonas históricamente afectadas por el conflicto armado. El Estado, por su parte, además de estas zonas, identifica a los departamentos de Valle del Cauca, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Arauca y Chocó como zonas de riesgo para ejercer la defensa de los derechos humanos.

La Comisión identificó que quienes ejercen el liderazgo comunal y quienes representan a las comunidades indígenas o afrodescendientes presentan mayor riesgo; las cifras indican que la mayoría de los asesinatos se han concentrado en ese tipo de liderazgos.

Así mismo, los liderazgos campesinos, especialmente quienes integran el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), también representan un alto número de asesinatos.

Además de estos registros, la CIDH comunica algunos asesinatos que conoció durante el primer semestre del año:

-El líder social y beneficiario del PNIS Edier Lopera, que ocurrió el 15 de junio en Tarazá, Antioquia.

-El líder social LGBTI Mateo López, que ocurrió en mayo.

-El líder comunal Carlos Sánchez.

-El defensor ambiental Jorge Oramas.

-La lideresa social Olga Herández.

-El líder social Manuel Marriaga.

-El líder comunal Saúl Rojas.

-El líder social Edwin Acosta.

-El líder indígena Joel Villamizar.

-El líder comunal Hermes Loaiza.

-El líder sindical Hamilton Gasca.

-El líder LGBTI Jhon Jairo Beltrán.

-El líder social Teodomiro Sotelo.

-El líder campesino Mario Chilhueso.

-El líder social Hugo de Jesús Giraldo.

-El líder comunal Álvaro Narváez.

Estos son solo algunos de los casos que menciona la CIDH, por lo que expresa su “profunda condena y rechazo por cada uno de estos casos, así como por todos los demás casos que han sido registrados”.

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Por tanto, la Comisión reiteró su llamado al Estado colombiano para investigar estos delitos de forma exhaustiva, seria e imparcial con el fin de identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales.

De la misma manera, la CIDH resaltó los esfuerzos del Estado colombiano para avanzar en las investigaciones; particularmente, se menciona la “Estrategia de Investigación y Judicialización de Delitos contra Defensores de Derechos Humanos”, una estrategia con la que, durante el primer trimestre del año, se habrían esclarecido un 56 % de los casos registrados.

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Sin embargo, la Comisión insiste en que el Estado debe redoblar sus esfuerzos “para hacer frente a la impunidad de estos delitos y recuerda que la impunidad es una de las causas que posibilita la continuidad de la violencia contra estos colectivos”.

La Comisión reconoce que la situación generada por la pandemia ha reforzado la situación de vulnerabilidad, así como los riesgos constantes que afrontan los y las defensoras de derechos humanos; sobre todo frente a los hostigamientos por parte de grupos armados ilegales “quienes estarían aprovechando la pandemia para reforzar su presencia en el territorio a través del asesinato de líderes y lideresas sociales en diversas regiones del país”.

Al respecto, la CIDH manifiesta su preocupación porque muchos de los asesinatos registrados habrían ocurrido mientras las víctimas cumplían con las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno.

Además, se recuerda que la Defensoría del Pueblo hizo una alerta temprana sobre la afectación de los grupos armados ilegales durante la pandemia.

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Por el incremento de la inseguridad durante la pandemia, la Comisión considera pertinente recordar al Estado colombiano la obligación de proteger la vida y la integridad de quienes defienden los derechos humanos cuando se encuentran en una situación de riesgo, “incluso cuando este riesgo deriva de la acción de un agente no estatal”.

“Esta obligación adquiere particular relevancia en el contexto de propagación de la pandemia, especialmente cuando las personas defensoras se encuentran en una situación de mayor riesgo en virtud de las medidas de excepción que limitan, entre otros, la libertad de circulación. Asimismo, la CIDH recuerda al Estado el deber de investigar con celeridad y diligencia los asesinatos ocurridos en este contexto”, aseguró la Comisión.

Inicialmente, la Comisión reconoce la importancia de los liderazgos sociales en la defensa de los derechos humanos, así como en el trabajo por la paz y por garantizar el fin del conflicto armado: “Bajo la coyuntura actual, líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos se han erguido como una base fundamental en la implementación del Acuerdo Final para la Paz. A pesar de ello, la violencia contra estos colectivos se ha mantenido en el tiempo”.

En este sentido, el organismo recuerda la importancia de que la labor que realizan las defensoras y defensores se ejerza libremente, pero esto solo puede ocurrir cuando los colectivos no son víctimas de amenazas o de cualquier tipo de agresión física o actos de hostigamiento.

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“Ante esta persistencia de la violencia, es prioritario que el Estado colombiano adopte medidas urgentes para reforzar los sistemas dirigidos a la prevención de la violencia y protección de estos colectivos, así como continuar avanzando con la debida diligencia las investigaciones de delitos cometidos en su contra”.

Finalmente, la Comisión resalta las labores de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para hacer mitigar los riesgos que enfrentan los colectivos. Así mismo, se destaca que, hasta el 30 de junio, el 68 % de los beneficiarios de las medidas de protección de la UNP (unas 4.985 personas) serían defensoras y defensores de derechos humanos.

“El Estado debe asegurarse de que la implementación de estas medidas se haga de manera pronta, en concertación con las personas beneficiarias y procurar la aplicación de enfoques diferenciados que tomen en cuenta sus condiciones particulares. Asimismo, el Estado debe asegurar que la protección hacia las personas defensoras de derechos humanos sea abordada desde una perspectiva integral y coordinada sobre las fuentes de riesgo, con el objetivo de abordar tanto el riesgo individual como las situaciones de tipo estructural”, puntualizó la CIDH.

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