El terremoto jurídico, político y económico tras acusación a Fajardo

La decisión de la Fiscalía de imputarle cargos al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo no solo tiene un fuerte impacto en el tablero electoral, pues se trata de uno de los precandidatos que lideran la intención de voto para 2022, sino que también abre un debate en el campo jurídico y económico.

El proceso se remonta a un préstamo suscrito por la Gobernación de Antioquia y el banco Corpbanca en diciembre de 2013, cuando Fajardo era gobernador de ese departamento. El préstamo se firmó por 77 millones de dólares. Es decir, se pactó en moneda extranjera.

(Vea: Alistan movilización a favor de Sergio Fajardo).

Según la Fiscalía, la subida posterior del dólar –cuando se firmó el contrato estaba en 1.900 pesos y en 2015 su valor superaba los 3.140 pesos– “originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos”. “Las investigaciones dan cuenta de su presunta participación en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, afirma la Fiscalía.

Además, dijo el ente acusador, en la operación tampoco se realizó una proyección sobre la posible volatilidad de esa moneda extranjera ni se acudió a un seguro de riesgo cambiario que permitiera proteger al departamento de los efectos de la devaluación de la moneda durante el tiempo que estuviera vigente el crédito.

Si bien el debate estalló a nivel nacional apenas esta semana, las denuncias venían de tiempo atrás en Antioquia.

(Vea: Lo que hay en el expediente de la Fiscalía contra Sergio Fajardo).

En 2016, durante la istración de Luis Pérez, el entonces secretario de Hacienda de Antioquia, Adolfo León Palacio Sánchez, solicitó a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría adelantar las investigaciones por este crédito al no haber sido blindado ni asegurado para evitar la fluctuación del dólar y que creciera la deuda.

Además, Palacio Sánchez aseguraba que Corpbanca había absorbido a Helm Bank (2013), entidad de la que era accionista la que fue en su momento la secretaria de Hacienda de Sergio Fajardo, María Eugenia Escobar Navarro, aunque por un monto de apenas 7 millones de pesos. Escobar no solo fue una de las personas más cercanas a Fajardo durante su istración en el departamento, sino que fue también su gerente de campaña en 2018. Este diario se comunicó con la oficina de Sergio Fajardo, desde donde informaron que una vez conozcan los argumentos de fondo de la investigación se pronunciarán, pues de momento “solo se conoce un comunicado”.

(Lea: Decisión de la Fiscalía, un huracán en la campaña presidencial).

A la par del debate jurídico, el anuncio de la Fiscalía desató reacciones desde el punto de vista económico y académico, toda vez que expertos califican como poco lógica la decisión, teniendo en cuenta que el comportamiento de variables macroeconómicas, como el dólar, depende de factores externos.

Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, explica que luego de haberse eliminado en 1999 el control de cambios, quien toma un crédito en dólares se expone a que el costo de la deuda suba si aumenta el dólar, o a ganar con una financiación más barata en pesos si la divisa cae.

“Si de ello se deriva el aumento de la deuda contratada, no se puede imputar cargo de peculado a favor de terceros, que sería el Banco Corpbanca. Ello es un exabrupto, puesto que a nadie se le puede pedir lo imposible: en este caso, una proyección sobre la posible volatilidad de la moneda extranjera”, recalca.

(Lea también: ¿Fajardo puede seguir en la carrera a 2022 tras decisión de Fiscalía?).

Sobre el argumento de la Fiscalía, que dijo que el exgobernador no acudió a un seguro de riesgo cambiario que permitiera proteger al Departamento de Antioquia del alza del dólar durante el tiempo del crédito, el exministro señala que dicha afirmación desconoce que las coberturas cambiarias que ofrece el sector financiero son costosas.

Al respecto, en mayo de 2018, un trabajo de grado presentado por estudiantes de la Universidad de La Salle, dirigido por el docente José Rodrigo Vélez Molano, economista y magíster en Economía de la Universidad Javeriana y que abordó el uso de coberturas cambiarias por parte del sector cafetero (exportador nato), mostró que aunque la mejor estrategia para este renglón son los contratos forward (futuros) sobre divisas, estos pueden resultar bastante costosos de adquirir.

Lo anterior porque para poder cubrirse con un forward se debe comprar cierta cantidad de dólares al momento de realizar el contrato.

(Vea: Las críticas de varios sectores a decisión de Fiscalía contra Fajardo).

Por ejemplo, si el sector cafetero hubiera querido proteger su posición en dólares con un contrato en marzo del 2017, eso le habría implicado tener que adquirir 251,9 millones de dólares en el mercado spot (de contado), según el trabajo académico. Y Felipe Campos, jefe de Investigaciones Económicas y Estrategia de la comisionista Alianza Valores, agrega que “a plazos más largos las coberturas son más costosas y tampoco es que sea tan fácil lograrlas”.

Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, subrayó que es “muy grave que la Fiscalía pretenda volver un delito los movimientos no anticipados del precio del dólar. Bajo esa teoría, deberían ser imputados todos los servidores públicos que contrataron créditos en dólares antes del 2014”, sentenció.

En contraposición, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, argumenta en su columna de este domingo en EL TIEMPO que nadie acusa a Fajardo por la devaluación del peso, “sino por la indolencia de no haber efectuado estudios al respecto”.

(Lea: ¿Qué viene para Fajardo por decisión de Fiscalía de imputarle cargos?).

Para Martínez, allí se incumplió el principio de planeación, con grave daño para el patrimonio de los antioqueños, que dio lugar a un presunto contrato sin el lleno de los requisitos.

Pero Campos explica también que cuando se compran coberturas, si el dólar se va en dirección contraria a la que el tomador esperaba, hay una penalidad que puede hacer que la empresa que tomó esa protección termine pagando más de lo que preveía.

Un caso similar se dio hace unos años con el expresidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, cuando la petrolera vendió parte de su producción en el mercado de futuros, pero meses después los precios del crudo en el mercado se dispararon y el exdirectivo afrontó un duro debate.

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Más allá del desarrollo jurídico, este proceso implica un golpe para las aspiraciones electorales de Fajardo y pone en aprietos a la centro izquierda, que tiene en el exgobernador de Antioquia una de sus principales cartas, si no la principal.

Fuentes de la Alianza Verde le dijeron a este diario que esperarán a que se conozca la imputación y a ver cómo avanza el proceso, pero reconocen que “puede haber un gran daño”.

Por su parte, el exnegociador de paz Humberto de la Calle, quien hace parte de la Coalición de la Esperanza junto a Fajardo, anunció que convocará una movilización en defensa de la inocencia del exgobernador de Antioquia.

(Vea: Los otros procesos investigativos que enredan a Sergio Fajardo).

En las elecciones de 2018, Fajardo obtuvo 4'602.916 votos, esto es, el 23,78 del total. Estuvo a solo dos puntos de pasar a la segunda vuelta, una cifra que demuestra la importancia de su figura en la política.

Además de afectar su imagen, esta imputación golpea directamente en la base del discurso político de Fajardo: la transparencia y la lucha contra la corrupción. Algo que sus contendores a lo largo de la campaña podrán aprovechar para sembrar sobre él un manto de duda.

“La candidatura de Fajardo entra al congelador, porque si mantiene la iniciativa electoral se queda sin su principal discurso presidencial: el respeto al Estado de derecho y lucha contra la corrupción”, aseguró Jairo Libreros, profesor de la Escuela de Gobierno de la U. Externado.

(Vea: Petro, Fajardo y Char lideran intención de voto para 2022).

Como este proceso apenas empieza, pues ni siquiera se ha fijado fecha para la audiencia de imputación de cargos, Fajardo y su equipo de asesores tendrán que pasar buena parte de los próximos meses preparando su defensa, justo en semanas cruciales para la campaña presidencial.

“Ya se produjo el terremoto pero aún faltan las réplicas, cada vez que se produzca algún avance en las etapas del proceso, el tema volverá a salir a la luz, lo que implica que Fajardo tendrá que concentrar sus esfuerzos más en apaciguar las acusaciones que en estar pendiente de la estrategia electoral”, señaló el politólogo de la Universidad Nacional Rodrigo Sánchez.

Los últimos meses han sido particularmente tensionantes para los partidos que se ubican hacia la izquierda del espectro ideológico. Y lo sucedido ahora con Sergio Fajardo pone un toque más de drama a las tensiones que ya se vienen viviendo, pues podría acentuar las divisiones en este sector político.

No se puede olvidar que las fracturas en la Alianza Verde, entre quienes quieren que Gustavo Petro haga parte de la coalición de centroizquierda y quienes se niegan a esta posibilidad, esconden en el fondo las antiguas diferencias entre Petro y Sergio Fajardo, que han descartado cualquier posibilidad de alianza entre los dos, lo que demuestra que a la centroizquierda aún la persigue el fantasma de lo ocurrido en 2018, cuando por la falta de consensos perdieron con la derecha la opción de ser poder.

“Fajardo no solo tiene esta investigación, sino que también fue señalado de supuestas irregularidades en el proceso de Hidroituango. Esto le da más argumentos al petrismo de mantener la distancia con Fajardo y les quita a los ‘verdes’ la bandera de la lucha anticorrupción”, consideró Sánchez.

Una crisis seria, sin duda, pero aún de resultado incierto.

REDACCIÓN POLÍTICA Y DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS