El gobernador Carlos Amaya está pensando ser candidato presidencial: ¿está habilitado? / En Secreto

El exembajador Camilo Romero comenzó a moverse de cara a una eventual candidatura presidencial. Esta semana se reunió con varios congresistas del Pacto Histórico, quienes lo están motivando para que entre a la puja en el petrismo y se quede con el aval de la izquierda, que también buscarían nombres como Gustavo Bolívar y María José Pizarro, en principio. Si bien no ha anunciado su intención de aspirar, no en vano renunció a su cargo en el Gobierno hace unas semanas para evitar una inhabilidad.

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A propósito de la izquierda, la idea que tienen las cabezas de las distintas fuerzas de lo que hoy es el Pacto Histórico es que, una vez el petrismo defina su candidato, se realice una consulta interpartidista con alguien de centro y un miembro del ala de la Alianza Verde cercano al Gobierno. Ya se ha mencionado la posibilidad de que ese sea Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, a quien le están insistiendo en que considere esa posibilidad. El gobernador no estaba interesado teniendo en cuenta, entre otras cosas, que tendría que renunciar a su cargo. Y aunque ahora se dice que no lo ha descartado, hay quienes recomiendan revisar si las normas vigentes se lo permitirían.

En las últimas semanas, desde el Gobierno se ha acusado a la Mesa Directiva de la Comisión VII del Senado de estar dilatando la discusión de la reforma de la salud de cara a su tercer debate. El Ejecutivo sostenía que había demoras en el nombramiento de los ponentes, hecho que asociaron con una supuesta estrategia para impedir el avance de la discusión. Desde la célula legislativa insistían en que no lo habían hecho porque no tenían el proyecto y que no había ninguna intención de dilatar. Pero, ¿qué pasó? Lo cierto es que el texto sí había sido enviado oportunamente por la Cámara al Senado. Mientras se cumplían los plazos establecidos por la ley, se pidió nuevamente el expediente, lo que retrasó el proceso en el nombramiento de los ponentes. Y, efectivamente, una vez llegó a la Comisión VII, se nombró el grupo.

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Una vez más se puso sobre la mesa la posibilidad de restablecer una Consejería para la Implementación, que nació tras la firma del acuerdo de paz con las Farc y que en el actual gobierno se anexó a la oficina del Comisionado de Paz. Ese ha sido uno de los clamores de los firmantes, y aunque el Gobierno ha tenido intención de revivirla, en el pasado se frustró esa posibilidad porque no hubo quien aceptara el cargo.

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La reforma laboral presentada por el Partido Liberal sigue tomando fuerza y generando consensos entre sectores políticos y empresariales. Pero en el Senado está ganando fuerza la posibilidad de que se escoja entre el proyecto de ley o la consulta popular, ya que no ven viable –al contrario de lo que piensa el Gobierno– impulsar ambas propuestas. El liberalismo debería escoger entre su propuesta y la consulta. Si eligen la primera, la iniciativa del Gobierno se quedaría sin 13 votos clave para convocar a los colombianos a las urnas.

El Gobierno ya está preparando la prórroga de la declaratoria del estado de conmoción interior en el Catatumbo, a propósito de la escalada de la guerra entre el Eln y las disidencias de las Farc, que ha dejado más de 60.000 desplazados. Si bien ya se completan 80 días desde la declaratoria, el Gobierno no ha podido adelantar toda su estrategia porque los primeros días fueron para planeación. Además, los impuestos que permite recaudar la emergencia todavía no han dado frutos, por lo que se requerirán, en principio, otros 90 días de conmoción.

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