El incierto panorama detrás de un municipio en alerta electoral

En Puerto Gaitán, Meta, casi nadie sabe lo que puede pasar en octubre. A algunos habitantes, como Jorge Abella, líder social perteneciente al resguardo indígena Wacoyo, la experiencia le ayuda a dibujar el paisaje de los próximos comicios: centenas de políticos detrás del botín de las regalías que llegan a este municipio, provenientes de la extracción de petróleo crudo que caracteriza a esta zona del nororiente del Meta.

(Le puede interesar: Así está el mapa de alertas electorales para las regionales del 29 de octubre)

“Puerto Gaitán vive en letargo, no ha cambiado en diez años. Donde hay petróleo hay plata y todos llegan a sacar su tajada. Eso hace que reine la desconfianza”, expresa Abella.

Hace unos días, la Misión de Observación Electoral (MOE) incluyó a Puerto Gaitán en alerta por tener las tasas más altas de inscripción de cédulas junto a La Jagua del Pilar en la Guajira, superando por 2,33 veces la tasa a nivel nacional (9,34 por cada mil habitantes).

(Además: Elecciones regionales 2023: cómo y dónde inscribir la cédula para votar)

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, habló con EL TIEMPO y aseguró que estas irregularidades se han vuelto tradicionales en el municipio, y se explican por “estar relacionado con la demostración de residencia para opciones laborales en el sector minero energético”.

Camilo Sanabria es consejero Municipal de Juventud de Puerto Gaitán y en poco tiempo ha logrado ver y entender de primera mano este fenómeno electoral: “estamos en el ojo del Consejo Nacional Electoral por la cantidad de cédulas que se están sumando diariamente. Muchas personas de otras partes del país ven oportunidades en el sector petrolero y llegan a trabajar”.

Sanabria explica que para que eso ocurra, hay un requisito indispensable que pide el sector de hidrocarburos. “Deben tener la carta de residencia emanada de la istración municipal. Para tener ese certificado tienen tres opciones: tener Sisbén en el municipio, estar inscritos a una Junta de Acción Comunal o precisamente tener el certificado electoral”. La mayoría de estas personas, asegura Sanabria, vienen de Barranquilla y del Huila.

Sanabria, que sigue de cerca el acontecer político de este municipio de 41.000 habitantes entre casco urbano y veredas, señala que para las siguientes elecciones locales se podrían presentar más de 20 candidatos.

Juan Esteban Aguilar vive en el casco urbano de Puerto Gaitán y afirma que desde diciembre ya algunos precandidatos empezaron a mover sus fichas. “Comenzaron a invitar a cenas navideñas, ahora continúan con eventos privados”. Aguilar agrega que en un alto porcentaje se trata de comerciantes que llevan tiempo viviendo allí.

En buena medida, quien ocupe la istración pública municipal deberá atender problemas estructurales que llevan años cociéndose en Puerto Gaitán. La lectura de Jorge Abella es que estos son de base social, pues “en Puerto Gaitán hemos sufrido todo lo que significa el olvido. Aquí hay mucho por hacer pero la inversión local es muy poca”, dice.

En febrero, varias comunidades bloquearon durante ocho días la carretera que conecta el municipio con Campo Rubiales -el centro petrolero más grande del país- impidiendo la producción de más de 49.500 barriles de petróleo diarios. La población reclamó por el incumplimiento de la pavimentación de la vía de 95 kilómetros que estaba afectando la economía y la atención sanitaria de los habitantes.

Por otro lado, los funcionarios que han pasado por la alcaldía de Puerto Gaitán han salpicado su currículum con escándalos. El último, lo protagonizó el excandidato Luis Pérez Gaitán, que en marzo de 2020 recibió una medida de aseguramiento en centro carcelario por exigir presuntamente, de acuerdo con la Fiscalía, 50 millones de pesos a una compañía de la región para permitirle la movilización y evitar bloqueos y obstrucciones por parte de la comunidad.

Pero este no es el único factor que mantiene alerta a la población. Hace un mes, tres personas fueron acribilladas mientras departían al interior de un establecimiento público en la vereda La Cristalina, zona rural de Puerto Gaitán. Poco tiempo antes, en marzo, otras tres fueron asesinadas en la vía que comunica la vereda Puente Arimena hacia el sector Porvenir, luego de que hombres armados les obligaran a bajarse de un bus interdepartamental.

(Le puede interesar: 90 municipios estarían en riesgo en elecciones por presencia de grupos armados)

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) los grupos armados que actúan en la zona son diversos y en muchos de los casos, están enfrentados entre ellos. “AGC, Frente 39 Arcesio Niño, Frente 16 del Estado Mayor Central y otras bandas de carácter local”, son las organizaciones que el Instituto señala que tienen operaciones actualmente.

Este hecho no es menor en un departamento donde su gobernador, Juan Guillermo Zuluaga, ha venido denunciando hechos violentos y hace poco anunció que las disidencias de las Farc se tomaron el control del sur de la región.

En la última Cumbre de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Zuluaga le reiteró al Gobierno Nacional y otras entidades como la Registraduría y Procuraduría, sobre una situación que desde hace tiempo viene sucediendo en estos territorios.

"Ordenan carnetizar a la gente, dan órdenes de movilización, presionan a la gente a participar en paros y bloqueos, cobran por cada actividad que las personas realicen. Están tomando ventaja y eso no se puede permitir", mencionó a EL TIEMPO. Además, manifestó que las extorsiones a agricultores y comerciantes se han quintuplicado.

Aunque no esté ubicado allí, la amenaza de un control territorial por parte de estos grupos ilegales no es lejana para algunas veredas de Puerto Gaitán. “Las alertas tempranas muestran que estos actores tienen interés directo para los certámenes electorales”, manifestó el registrador Alexánder Vega a la salida de la segunda sesión de la Mesa de Garantías Electorales hace una semana.

"Están citando a los candidatos de las próximas elecciones, presionando a Juntas de Acción Comunal y a todo el mundo", dijo el gobernador del Meta en entrevista con EL TIEMPO.

(Lea también: Registraduría advierte de posible injerencia de grupos ilegales en elecciones)

Para Alejandra Barrios, a seis meses de las elecciones, aún es temprano para clasificar municipios en riesgo electoral. Sin embargo, advierte que para el mes de julio, luego de que pasen las inscripciones de candidaturas, probablemente el país viva un crecimiento de los hechos de violencia política.

“Se dice que estamos inundados en plata, pero la realidad es que en Puerto Gaitán la pobreza, la inseguridad y los grupos al margen de la ley abundan”, reconoce sobre esta situación Jorge Abella, que además confiesa que ante tanto 'río revuelto' nadie se atreve a atribuir nombres propios a las bandas criminales.

En ese sentido, relata que los líderes sociales viven en una zozobra permanente. Es normal que a los celulares de estos lleguen llamadas incógnitas solicitando que se presenten en persona en algún lugar de la zona. “La gente convive con las amenazas. Aquí pasan cosas que uno quisiera denunciar, pero en esta región corre dinero y poder”.

(Además: Gobierno instaló Comisión Nacional de Garantías Electorales)

Según fuentes de la MOE que coordinan la observación de esta región, en las zonas rurales esta situación se acrecienta con la presencia esporádica, y a veces repetitiva, de personas extrañas que frecuentan los caseríos. Ahora bien, resaltan que últimamente no se han presentado confrontaciones armadas, pero sí se han escuchado amenazas contra algunos líderes de la zona.

Juan Esteban Aguilar dice que desde el casco urbano, aunque esta realidad no es tan evidente, se escuchan en el aire las noticias de la injerencia de estos grupos en las veredas del municipio.

Sobre las alertas que esto puede representar para los comicios, desde la MOE le explican a EL TIEMPO que el mayor riesgo electoral que se puede llegar a presentar es la restricción a la movilidad el día de las votaciones, esto como resultado del control que ejercen en las rutas de comercio ilícito.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo señala que la extorsión es el principal delito que afecta a la población civil de este municipio por el que pasa el río Manacacias, en especial a comerciantes, agricultores y pequeños empresarios.

De todas las problemáticas expuestas, Jorge Abella no tiene claro cuál es la más profunda. Por eso, cuenta que más que pensar en el próximo 29 de octubre, la mayor parte de los habitantes de Puerto Gaitán se levantan para trabajar y construir una vida digna.  Al margen quedan -porque no tienen otra opción- la trashumancia electoral, las economías extractivistas que atropellan la inversión social y el amedrentamiento de los grupos al margen de la ley; adversidades que está por ver cómo influirán durante las campañas y el proceder electoral.

Juan Pablo Penagos Ramírez

Escuela de Periodismo Multimedia de El Tiempo

REDACCIÓN POLÍTICA