Se cocina otro millonario contrato con líos en la Cancillería

La Cancillería se ve envuelta en una nueva polémica. Esto luego de que surgieran críticas por las exigencias existentes en el pliego de condiciones de la licitación para contratar servicios de seguridad y vigilancia de sus dependencias que, según los interesados, limita la participación de casi el 100 por ciento de las empresas habilitadas favoreciendo a un único proponente.

La licitación pública en cuestión es la No. LP-005-2024, por un valor de más $10.000.000.000, cuyo objeto es la “prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada para las diferentes dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio en Bogotá D.C. y Cartagena de Indias D.T y C”. Esta cerrará esta misma semana.

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Según oferentes interesados, hay requisitos para distintos perfiles -como el del coordinador del contrato y el profesional de seguridad y salud en el trabajo- que son extremadamente altos y no cumplen con ninguna función en el contrato.

“Frente a estos requisitos se evidencia un factor totalmente excluyente y bastante limitante para la participación y pluralidad de oferentes, ya que se puede deducir que hay pocas empresas por no decir una que solamente cumple con estos perfiles y será esta la que cuente con una ventaja sobre las demás empresas que están interesadas en participar”, dice una de las observaciones con fecha del 25 de noviembre a la que tuvo EL TIEMPO.

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La Cancillería recibió más de 40 observaciones por parte de nueve participantes en la sección correspondiente del portal transaccional SECOP II. Estos son Naser Ltda, Seguridad Ram Ltda, Lira Seguridad Ltda, Vigias, Seguridad Digital Ltda, Seguridad Oncor Ltda, Seguridad Penta Ltda, Tecniseg de Colombia Ltda, y Proseguir Vigilancia y Seguridad Ltda.

Además de los perfiles que se exigen, la mayoría expresa inquietud por la licencia de funcionamiento y la licencia para el servicio de telecomunicaciones. Sobre el primero se solicita que se pueda acreditar una agencia en la ciudad de Cartagena perteneciente a la unión temporal ya que sus integrantes “forman un solo equipo para la ejecución del contrato”.

Argumentan que esta flexibilidad permitiría a más empresas participar en el proceso de selección, ya que no todas tienen sucursales permanentes en Cartagena. Además, se argumenta que la apertura o conversión de la agencia en una sucursal es una obligación del contratista, no del proponente, por lo que no es justo requerir que los proponentes tengan una sucursal permanente desde el inicio.

Otro comentario gira alrededor de las ponderaciones técnicas. “Frente a estos requisitos se evidencia un factor totalmente excluyente, direccionado y bastante limitante para la participación y pluralidad de oferentes, al cerrar las calidades de los profesionales que además ni siquiera son reconocidos económicamente dentro del contrato y que no son el aspecto de calidad para el proyecto”, dice.

En ese sentido, jugadores del sector agregan que “se puede deducir que una sola empresa que cumple con estos perfiles y será esta la que cuente con una ventaja sobre las demás empresas que están interesadas en participar se puede evidenciar que la entidad no está teniendo en cuenta el ofrecimiento más favorable, ni las mejores calidades del servicio, ya que está teniendo en cuenta factores de interés y de motivación subjetiva los cuales atan el proceso a un proponente que tal vez por no decir que cumple en la totalidad con los requisitos. Por lo expuesto solicitamos sea saneado este proceso y se incluyan requisitos objetivos”.

Desde hace aproximadamente cinco años, Interglobal Seguridad y Vigilancia Ltda tiene este contrato con el Ministerio. La compañía pretende seguir prestando los servicios y por eso también participó del proceso de licitación. Sus representantes también denuncian direccionamiento del contrato.

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“Se visualiza desde el prepliego un pliego confeccionado a la medida de alguien basado en que el argumento de son requisitos nuevos con respecto a lo que nosotros prestamos hoy del servicio”, señaló un vocero a EL TIEMPO.

En ese sentido, señalan que “están pidiendo que usted tenga vehículos de último modelo, una camioneta, una moto de 360 centímetros cúbicos, cuando aquí no hay que hacer absolutamente nada en una moto ni en un vehículo”.

Antes de hacer público este artículo, EL TIEMPO intentó comunicarse con Seguridad Fénix de Colombia Ltda, mencionada por algunos participantes del gremio como una de las empresas que cumpliría con las condiciones del pliego, pero no fue posible. 

"Asimismo no realizaremos ninguna observación ni comunicado ya que en dicho proceso no cumplimos con las condiciones del pliego ni es de nuestro interés", añadió.

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Ahora bien, en un acta de continuación de la audiencia virtual de asignación de riesgos de este proceso, el día 3 de diciembre de 2024, publicado en la plataforma SECOP II, se registra la asistencia de dicha compañía.

EL TIEMPO también tuvo a las respuestas del Ministerio de Relaciones Exteriores a las observaciones. En el documento, de más de 60 páginas, se puede ver como la entidad reitera en varias respuestas que uno de los aspectos más importantes en el proceso es que el proponente adjudicatario cuente con un equipo humano altamente capacitado, especialmente para la operación del servicio y negó favorecimientos.

"Esta estructuración está específicamente orientada a la prestación de un servicio de vigilancia y seguridad privada, considerando las particularidades propias de la operación y las exigencias de la entidad. Por lo tanto, los requisitos mínimos establecidos en los pliegos de condiciones no son arbitrarios, sino que han sido diseñados cuidadosamente con el objetivo de asegurar una prestación de servicio eficiente, profesional y acorde a las necesidades específicas de la entidad", se lee.

En cuanto a las licencias para el funcionamiento y servicio de las telecomunicaciones, la Cancillería se defiende en el decreto de ley 356 de 1994 y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, que dice que al momento de conformación de uniones temporales o consorcios, cada uno de los de las figuras asociativas debe tener licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia.

"Por lo anterior, no es posible extender la autorización de domicilio principal o sucursal a una agencia y mucho menos a una apertura de sucursal o agencia", dice el Ministerio.

Además, los interesados en el contrato están cuestionando la ausencia de la ordenadora del gasto en la sustentación de las decisiones y actuaciones relacionadas con el contrato. En una segunda audiencia de riesgos, el pasado 3 de diciembre, la funcionaria supuestamente se negó a escuchar a los observantes y abandonó la reunión virtual, lo que ha generado críticas y acusaciones de que se están ignorando las observaciones y se están imponiendo exigencias "caprichosas e ilegales".

“Sí tiene que estar el ordenador del gasto porque acá hay una serie de irregularidades dentro del pliego de condiciones que tienen que ser puestas en conocimiento de ese funcionario competente y responsable jurídicamente y istrativamente por el proceso. Era una exigencia mínima de que estuviera la persona competente para tomar decisiones y a quien le va a caer todo el peso de la ley en caso de una adjudicación viciada o direccionada”, le comentaron personas presentes en la fallida audiencia.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Redacción Política