Petro: se aviva el debate por las facultades que pide

Desde el inicio de su gobierno, el presidente Gustavo Petro le ha pedido al Congreso de la República al menos 23 facultades extraordinarias y lo ha hecho en proyectos que son la columna vertebral de los cambios que propone.

Este mecanismo está consagrado en el artículo 150 de la Constitución y, en esencia, lo que les permite a los presidentes es tomar decisiones vía decreto con fuerza de ley para sacar adelante proyectos que consideren importantes. Ese escenario se presenta si el Congreso lo aprueba, como ya lo ha hecho con peticiones de esta istración.

Por ejemplo, en la reforma tributaria, en el artículo 66 y 68, quedaron establecidas las facultades que le permiten a Petro modificar el sistema de carrera istrativa de los servidores públicos y regular la gestión del talento humano de la Dian.

En la ley de la tributaria también le permiten expedir un nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia de aduanas.

Otra de las facultades que ya le fue aprobada a Petro quedó establecida en la Ley 2281 de 2023, con la cual se creó el Ministerio de la Igualdad. Allí se consagró, en el artículo 12, que el jefe de Estado puede “expedir normas con fuerza material de ley dirigidas a integrar al sector de igualdad y equidad con las entidades que defina como adscritas o vinculadas

Sin embargo, aún no se ha aclarado cuáles serán esas entidades que se van a vincular al nuevo ministerio y justo ese aspecto es el que más ha criticado la oposición, pues ante la amplitud de la redacción, desde el Centro Democrático han dicho que eso es un “cheque en blanco” para el Presidente.

La precisión que deben tener estas facultades es clave para evitar que, al final, la Corte Constitucional, en el riguroso examen que siempre hace sobre estas, las tumbe. O para evitar, incluso, que el jefe de Estado, utilizando dicha figura, se exceda en sus funciones.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se contemplan 14 y algunas de ellas, reconocen desde la coalición de Gobierno, no son muy precisas.

Petro pide, por ejemplo, facultad para “crear, escindir, fusionar, suprimir, integrar, o modificar la naturaleza jurídica, de entidades de la rama ejecutiva”.

Carolina Giraldo, representante a la Cámara de la Alianza Verde, asegura que si bien estas facultades son normales y el Presidente tiene derecho a pedirlas, “cuando se pide la facultad de suprimir entidades de forma tan amplia sin aclarar a cuáles se está refiriendo, creemos que falta el punto de la especifidad”.

También expone que hay otras en el PND las cuales deberían suprimirse, pues lo que pide Petro, dice ella, se podría lograr en un trámite legislativo. Pone como ejemplo la facultad que pidió para regular el uso alternativo de la coca y el cannabis.

“Ese proyecto de ley ya está en el Congreso. Esos temas son más de origen legislativo y no tanto presidencial. Por lo tanto, es una facultad que sí desborda las funciones del Presidente”.

Precisamente, esta semana el Consejo de Estado hizo un llamado de atención sobre la necesidad de que las reformas que realice el presidente Petro se hagan con especial cuidado en su redacción y sujeción a la ley.

El alto tribunal suspendió de manera provisional un apartado de la Directiva Presidencial 08 de 2022 que hizo cambios sobre las contrataciones por prestación de servicios que se hacen con el Estado. Señaló que el Presidente se extralimitó al crear por su sola decisión una inhabilidad para la contratación que solo se podía configurar en el Congreso.

Esa situación, que si bien no se refiere a una facultad extraordinaria como tal, puso sobre la mesa de nuevo el debate sobre los alcances que tienen las solicitudes que está haciendo el jefe de Estado y la conveniencia de que se tomen decisiones dejando de lado al Congreso. El senador de Cambio Radical David Luna afirma que es un camino riesgoso.

“Esto es absurdo y peligroso. Petro pretende suplantar al Congreso, como sabe que ahora tiene mayorías absolutas, está previendo que en un futuro esas mayorías se le resquebrajen, y de esa forma pueda seguir gobernando sin exponerse al control que el Congreso ejerce como un poder independiente de la democracia colombiana”, argumenta.

Por otro lado, dice que estas facultades solo se piden para casos excepcionales, pero que en esta oportunidad, a través del PND, “Petro las está pidiendo para absolutamente todo”.

En esa misma línea opina el senador del Centro Democrático Miguel Uribe, quien afirma que “este Gobierno tiene un espíritu autoritario que pretende desconocer al Congreso aprovechándose de las mayorías con las que cuenta”.

Frente a esos reparos, Alfonso Prada, jefe de la cartera Política, en una entrevista con EL TIEMPO señaló: “Si hay una crítica de cualquier académico, de cualquier congresista en relación en que es muy abierta la facultad, pues la cerramos, la redactamos mejor. Para eso son los debates”.

La representante del Partido de ‘la U’ Saray Robayo quien es ponente del PND, le dijo a EL TIEMPO que en el estudio que ya están haciendo en comisiones conjuntas no han llegado al análisis de las facultades, pero adelantó que el debate será intenso. Su opinión es que sí hay algunas que pueden llegar a cambiar o incluso a suprimirse.

Ahora bien, el debate sobre estas facultades también gira alrededor de si estas peticiones podrían afectar la democracia del país.

Andrés Dávila, docente de la facultad de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, expone que esta figura es necesaria para las reformas y está dentro de la lógica del ordenamiento constitucional de Colombia.

Señala que Petro está acudiendo a esta figura “porque sabe que el sistema político es conservador” y puede tumbar algunos de los cambios que propone, como, por ejemplo, en la reforma de la salud, en la cual se pidieron seis facultades extraordinarias. Por otro lado, dice que hay un “alarmismo por anticipado” pese a que, dice, Petro no está haciendo nada por fuera de la Constitución. Ahora bien, expone que no ve un riesgo mayor para la democracia por el control que hace la Corte. “Los riesgos están controlados”, dice.

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Otra opinión tiene el abogado y docente de las universidades de los Andes y el Externado Ramiro Bejarano, quien señala que el jefe de Estado está abusando de esta figura. Dice que es innecesario que el jefe de Estado pida tantas facultades porque tiene las mayorías en el Congreso.

Critica, además, el hecho de que Petro asumirá la regulación de los servicios públicos por tres meses. “¿Por qué esa cantidad de funciones en cabeza del Presidente, si este es un Estado democrático”?, cuestiona.

Señala, además, que hay una incoherencia entre el discurso y la práctica. “El gobierno convoca a marchas para que el país se entere de lo que está pretendiendo reformarse, pero los proyectos decisivos los van a hacer exclusivamente en la Casa de Nariño”.

Por eso dice que hay una preocupación en que se afecte la división de los poderes con tantas facultades que, vale aclarar, primero deben pasar por la aprobación del Legislativo

Cristian Rojas, profesor del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, agrega que en el país se debe evitar que se rompa el equilibrio de poderes. “Cuando alguna rama se robustece mucho se rompe el equilibrio y se amenaza la democracia. Esto podría ocurrir en este caso si el Presidente tiene nuevas facultades que aumenten su poder significativamente”.

Por eso ahora la expectativa está en si pedirá más en las próximas reformas, aunque el Congreso tiene la decisión en sus manos.

AURA SAAVEDRA

REDACCIÓN POLÍTICA