Los detalles desconocidos de los cinco colombianos detenidos en Venezuela tras el 28 de julio

Hay una importante preocupación entre las autoridades colombianas acreditadas en Venezuela y la Cancillería, pues a la fecha no hay información sobre la situación jurídica y no se ha permitido la asistencia consular correspondiente para cinco colombianos detenidos en el vecino país en las semanas que siguieron a las cuestionadas elecciones del pasado 28 de julio.

Los connacionales en cuestión son Juan Camilo Vargas Picón, Arlei Danilo Espitia Lara, Manuel Alejandro Tique Chaves, David Josué Misse Durán y Edwin Iván Colmenares García. Todos fueron detenidos en la frontera colombo-venezolana, mientras atravesaban vía terrestre diferentes puntos fronterizos.

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“Hemos reclamado respeto y garantías para la oposición y debido proceso y garantías para las personas privadas de la libertad después del 28 de julio, entre ellos cinco colombianos que todavía permanecen detenidos y hemos exigido que se permita la acción consular”, le indicó a este diario el vicecanciller Jorge Rojas.

Algunos de estos connacionales, como Manuel Alejandro Tique y Arlei Danilo Espitia, han sido vinculados de manera expresa a un supuesto plan de magnicidio en contra de Nicolás Maduro.

“Mercenarios introducen armas, ellos establecen o en Venezuela con las bandas delincuenciales para atacar puntos estratégicos del país, para asesinar a líderes dirigentes de la revolución, para hacerle daño a nuestro pueblo”, señaló el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, el pasado 17 de octubre en una alocución.

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A pesar de estos señalamientos, las capturas parecen no seguir el debido proceso establecido en el derecho interno venezolano. Hasta ahora, cuatro meses después de la primera captura, las autoridades colombianas no saben oficialmente los delitos por los que se les procesa, la autoridad judicial asignada para conocer sus causas y el lugar en el que se encuentran recluidas, según pudo conocer EL TIEMPO.

Ahora bien, estas detenciones han estado a cargo presuntamente de funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). De forma posterior a su captura, los colombianos habrían sido trasladados a Caracas, ciudad en la cual se encuentran localizados los tribunales con competencias en materia de terrorismo.

Vargas Picón fue el primer colombiano en ser detenido. Su captura se dio el pasado 10 de agosto en Mara, Estado Zulia. Según información remitida a las autoridades colombianas por parte de su abogado, Vargas Picón regresaba junto a su tía, Carmen Yalexy Picón León, de la ciudad de Maracaibo y al llegar al punto de control de la Guardia Nacional Bolivariana, perteneciente al Comando de la Guardia Nacional Bolivariana Segundo Pelotón, Primera Compañía, Destacamento 112 Puerto Guerrero, específicamente en el Puente del Rio Limón, los funcionarios lo despojaron de su teléfono móvil, donde supuestamente encontraron un plan de magnicidio en contra de Maduro. Posteriormente, fue trasladado a Caracas.

10 días después, una vez hubo conocimiento, los asesores jurídicos del Consulado General en Caracas hicieron presencia en la DGCIM, Sede Boleíta, con el fin de obtener información sobre el lugar de reclusión de Vargas. Allí se confirmó que el connacional estuvo recluido en esa dependencia militar, sin embargo, no brindaron más información e informaron que había sido trasladado al Centro Penitenciario El Rodeo.

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De acuerdo con la abogada de este colombiano, se encuentra acusado de los delitos de magnicidio, obstrucción a la justicia y asociación para delinquir. El proceso cursa ante el Tribunal Segundo con Competencia Nacional en Materia de Terrorismo, ubicado en Caracas.

En cuanto a Arlei Danilo Espitia, este fue detenido el 13 de septiembre en Ureña, Estado de Táchira. Según familiares de Espitia, el connacional habría viajado a Venezuela con una mujer de nacionalidad venezolana, por vía terrestre desde Cúcuta a Venezuela, y cuando procedió a pasar la frontera fue retenido por las autoridades venezolanas con el fin de realizar una entrevista rutinaria.

Desde ese 13 de septiembre no se obtuvo noticias de su paradero, solo hasta que el 17 de octubre, durante la rueda de prensa Diosdado Cabello, quien lo acusa de ser “un jefe paramilitar”.

Este diario pudo conocer que la embajada de Colombia en Venezuela remitió al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores notas verbales solicitando información sobre Espitia pues no se pudo ubicar el proceso judicial en los Tribunales Penales de la Jurisdicción del Distrito Capital y Estado Miranda.

El siguiente colombiano en ser capturado fue Manuel Alejandro Tique, apenas un día después que Espitia, el 14 de septiembre. En este caso, las autoridades venezolanas lo detuvieron en Guasdualito por supuestamente haber detonado una alerta en el sistema.

Chaves está vinculado al Consejo Danés para los Refugiados y habría viajado desde Bogotá con destino a Guasdualito, Venezuela, con otros integrantes. Tres días después de su captura al Consejo Danés llegó una comunicación informal de que Tique sería trasladado a la sede de la DGCIM en Caracas.

"El Consejo Danés para los Refugiados (DRC, siglas en inglés) confirma la detención de un miembro del personal de nacionalidad colombiana por parte de las autoridades venezolanas. En el momento de su detención, ingresaba al país para realizar trabajos programáticos", dijo la ONG.

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De manera extraoficial hay conocimiento de que Tique se encuentra recluido en Caracas, en el Centro Penitenciario El Helicoide y está procesado por terrorismo y su causa la lleva el Tribunal o Juzgado Especializado Segundo de Primera Instancia de Terrorismo.

Hasta cuatro notas verbales han sido enviadas al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores solicitando información sobre Tique.

"Manuel Alejandro Tique Cháves se esconde detrás de vínculos de oenegé, pero este caballero es un reclutador de 'paracos' (paramilitares)", dijo Cabello.

El régimen venezolano capturó al cuarto colombiano el 22 de septiembre. David Josué Misse fue privado de su libertad en horas de la noche por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en el Punto de Control de Peracal de San Antonio del Táchira.

Según información remitida al Consulado General en Caracas, Misse fue detenido por funcionarios de la DGCIM y trasladado a Caracas. Desde esa fecha su familia no sabe de su paradero o condiciones en las cuales se encuentra, y tampoco los motivos de su detención. No obstante, se le relacionó con una detención de un ciudadano extranjero de nacionalidad peruana.

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Además de dos notas verbales emitidas por la embajada de Colombia, el servicio de asesoría jurídica consultó ante los Tribunales penales de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira si existía registro de inicio de una causa penal en contra del Misse, en los cuales se informó que no se encontraba asignada una causa o expediente penal a nombre del connacional.

Por su parte, el Comando de la Guardia Nacional Bolivariana D-212, ubicado en San Antonio del Táchira, no registra supuestamente la detención de este ciudadano.

El último caso es el de Edwin Iván Colmenares. Este colombiano fue detenido el 1 de noviembre cuando buscaba desplazarse desde Arauca hasta Cúcuta por vía terrestre a través del vecino país.

Al sellar su pasaporte en El Amparo, Estado Apure, fue retenido por el Servicio istrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), aparentemente por su trabajo como profesional jurídico con organizaciones no gubernamentales que trabajan con la Agencia de la Onu para los Refugiados (Acnur), así como con el Ejército Nacional. Desde entonces su familia no ha podido arse con él, pero por información recibida por terceros, tras su detención, se sabe que fue trasladado a interrogatorio a Guasdualito y, de allí, a Caracas, posiblemente por parte de la DGCIM, en donde permanece retenido en una guarnición militar.

Tras tener conocimiento del caso, el 4 de noviembre hicieron presencia en la sede de los Tribunales Penales del Área Metropolitana de Caracas y Estado Miranda los asesores jurídicos del Consulado General en Caracas, donde se les manifestó que no existe en esos tribunales procedimiento judicial donde se encontrara incurso Colmenares.

Ese mismo día se trasladaron a la sede de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en Boleíta, Caracas, donde les indicaron que no se encontraba el connacional. La misma respuesta se obtuvo por parte de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ubicado en Plaza Venezuela, y el DGCIM sede Boleíta, donde les indicaron que allí no había ningún detenido.

Pues bien, a pesar de las diligencias directas descritas frente a diferentes autoridades venezolanas adelantadas por la Embajada y por las autoridades consulares correspondientes y sus servicios de asesoría jurídica, hasta el momento la información que se tiene de los colombianos detenidos en Venezuela tras los cuestionados comicios del 28 de julio es mínima.

Según datos de Cancillería, en Venezuela hay 1.788 colombianos privados de la libertad.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Redacción Política