Las cuatro alertas del Departamento de Estado de EE. UU. para la inversión extranjera en Colombia en el gobierno del presidente Gustavo Petro

"Las partes interesadas notan preocupación por la rotación de personal y la pérdida de experiencia técnica en los organismos gubernamentales y una ausencia de liderazgo durante casi dos años en agencias reguladoras clave". Esta es una de las preocupaciones de los voceros de empresas norteamericanas que citó el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe sobre el clima de inversión en Colombia y que explican la razón por la que, por primera vez en casi 10 años, se omitió destacar al país como un destino atractivo para la inversión extranjera.

En el informe Clima de Inversión 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que en Colombia hay una desaceleración económica y que el desarrollo de la política pública ha sido un factor determinante en la atracción que sienten los extranjeros para invertir en el país.

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Según el análisis, el crecimiento de 0,6 % de la economía colombiana en 2023 marca “una desaceleración sustancial después de dos años de fuerte recuperación postpandemia”.

En dicho reporte, el Departamento de Estado hace énfasis en cuatro aspectos que generan incertidumbre: las reformas sociales, la rotación de personal y pérdida de experiencia técnica en organismos gubernamentales, la intensificación de la violencia de la mayoría de los grupos armados y la corrupción.

En una semana marcada por el ruido que provocaron los nuevos detalles del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que salpican al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el Ejecutivo recibió este jueves, 18 de julio, un mensaje en materia económica poco alentador desde EE. UU.

Sobre el primer punto, el documento señala que los inversores potenciales informan que las reformas estructurales propuestas por Petro en sectores como el trabajo, las pensiones, la energía eléctrica y la salud han generado incertidumbre adicional.

“El gobierno colombiano aprobó una reforma tributaria que entró en vigor en enero de 2023, buscando reactivar la economía, generar empleo y contribuir a la estabilidad fiscal del país. El gobierno también busca reformar los sistemas de salud, laboral y de pensiones, lo que ha causado preocupación entre los inversores”.

De hecho, el Departamento de Estado recuerda que inmediatamente después de que se archivara la reforma de la salud de Petro a principios de abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) se hizo cargo de cuatro Entidades Promotoras de Salud (EPS), incluidos los dos más grandes de Colombia, la Nueva EPS y de Sanitas.

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“Esta medida coloca a casi la mitad de los s del sistema de salud de Colombia bajo control gubernamental, lo que suma un total de 25,1 millones de personas”.

En ese sentido, el Departamento de Estado sostuvo que si bien la inversión extranjera directa se mantuvo fuerte en 2023, la istración de Petro ha impulsado el concepto de soberanía nacional en sectores económicos clave, creando altos niveles de incertidumbre dentro del sector privado.

Además, las partes interesadas notan preocupación por “la rotación de personal y la pérdida de experiencia técnica en los organismos gubernamentales” y una “ausencia de liderazgo” durante casi dos años en agencias reguladoras clave.

Cabe recordar que a Procuraduría solicitó al Tribunal istrativo de Cundinamarca abrir un incidente de desacato contra el presidente Petro y el exministro de Minas, Andrés Camacho ya que, según la solicitud de la entidad, los dos funcionarios incumplieron la orden judicial del Tribunal que les ordenaba nombrar a los expertos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

“Las partes interesadas expresan preocupación por el más limitado a algunos ministerios y agencias del gobierno colombiano durante la istración de Petro. Los inversores de diversos sectores citan la falta de consultas efectivas y oportunas con las agencias reguladoras en las decisiones que les afectan”, dice el informe.

Y es que las leyes y reglamentos propuestos, incluidos los relacionados con la inversión, normalmente se publican como borradores para comentario público, aunque frecuentemente con notificación limitada. Colombia, según el Departamento de Estado, no tiene una ubicación centralizada en línea donde se publican las acciones regulatorias clave, sino que las partes interesadas deben buscar información de entidades gubernamentales individuales.

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Si bien el informe reconoce que los sistemas legales, contables y regulatorios colombianos son generalmente transparentes y consistentes con las normas internacionales, “los inversionistas también notan preocupación por la lentitud en el procesamiento y las decisiones inconsistentes en algunas agencias reguladoras, como el regulador de alimentos y medicamentos INVIMA. Las empresas suelen ser reacias a expresar estas preocupaciones individualmente al gobierno y prefieren plantearlas a través de asociaciones industriales”, añade el reporte.

También se hace mención a un "lento avance" de las negociaciones con grupos armados ilegales que no forman parte del acuerdo de paz de 2016 bajo la política de ‘paz total’.

El informe dice que los resultados han variado, ya que las negociaciones oficiales con los grupos políticos “han sido lentas” y “la mayoría de los grupos armados intensificaron la violencia” al entablar guerras territoriales entre sí.

Por lo anterior, explica el Departamento de Estado que los ataques terroristas y las poderosas operaciones de organizaciones criminales transnacionales representan una amenaza para la actividad comercial y la inversión en algunas zonas rurales donde el control gubernamental es débil.

“La seguridad en Colombia ha mejorado significativamente en los últimos años, sobre todo en los grandes centros urbanos; sin embargo, los casos de reclutamiento forzado, confinamiento y desplazamiento continúan con una tendencia al alza, y informes anecdóticos indican que los enfrentamientos entre grupos armados han aumentado. Varias operaciones narcocriminales poderosas todavía representan amenazas a la actividad comercial y la inversión, especialmente en zonas rurales fuera del control gubernamental”.

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Sobre el Eln, el documento señala que continúa su insurgencia armada y actividad ilícita en muchas partes de Colombia y sus continúan violando ocasionalmente el alto el fuego bilateral. "El Eln a menudo centra sus ataques en oleoductos, minas, carreteras y torres de electricidad para perturbar la actividad económica y presionar al gobierno. El Eln también extorsiona a empresas en sus zonas de operación".

Dentro de los obstáculos para la inversión se resalta que la corrupción sigue siendo un desafío importante. Aunque en este punto no se responsabiliza únicamente al actual gobierno sino que también a los antecesores.

“La corrupción, y la percepción de ella, es un serio obstáculo para las empresas que operan o planean invertir en Colombia”.

El informe cita un análisis del entorno empresarial, como el Índice de Competitividad Global del FEM, donde se indica la corrupción como un factor problemático, junto con altas tasas impositivas, infraestructura inadecuada y una burocracia gubernamental ineficiente. 

El último “Índice de Percepción de la Corrupción” de Transparencia Internacional (2023) clasificó a Colombia en el puesto 87 entre 180 países evaluados y le asignó una puntuación de 40/100, una ligera mejora con respecto al año anterior.

“Las aduanas, los impuestos y los contratos de obras públicas son áreas comúnmente citadas donde existe corrupción y hay múltiples condenas e investigaciones por corrupción que involucran a los niveles más altos del gobierno, incluidos exjueces de la Corte Suprema, ministros y gobernadores regionales”, complementa el documento.

Por otro lado, el Departamento de Estado indica que Colombia no promueve ni exige divulgación ambiental, social y de gobernanza (ESG) para ayudar a inversionistas y consumidores a distinguir entre inversiones de alta y baja calidad.

Sin embargo, señala que en abril de 2022 Colombia adoptó una taxonomía verde nacional como herramienta de clasificación que permite a prestamistas y prestatarios identificar actividades económicas que contribuyen a objetivos ambientales específicos. “El gobierno utiliza la taxonomía para emitir bonos verdes y ayudar a canalizar el capital del sector privado hacia sus prioridades ambientales”.

Otro aspecto es que el Departamento de Estado subraya que el artículo 58 de la Constitución, el cual regula las indemnizaciones y expropiaciones y garantiza los derechos de los propietarios de los bienes legalmente adquiridos, no es claro en cómo proceder en los casos de compensación, lo que sigue siendo una preocupación para los inversores extranjeros.

“El gobierno colombiano ha tratado de resolver estas preocupaciones mediante la negociación de tratados bilaterales de inversión y capítulosde inversión sólidos en acuerdos de libre comercio, como la CTPA. Los inversores de los sectores energético y minero también alegan que los retrasos o la inacción en materia de permisos ambientales ponen en peligro su inversión”, se lee.

Consulte el informe en el siguiente enlace: https://www.state.gov/reports/2024-investment-climate-statements/colombia/

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Periodista de Política