Las enseñanzas que le deja al gobierno de Gustavo Petro la crisis de los pasaportes

Apenas faltaron 10 días para que se cumpliera todo un año en el que el país no supo quién iba a estar a cargo de la producción de los pasaportes. El 13 de septiembre de 2023 se declaró oficialmente desierta la licitación para la fabricación de este documento. Pasaron 356 días de incógnitas y tensiones, hasta que este martes se conoció que Portugal será el aliado estratégico para que Colombia en 10 años pueda asumir la producción propia.

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Fue un drama de más de 12 meses, en el que la polémica comenzó al cuestionarse la licitación debido a que distintos sectores la habían catalogado como a la medida de Thomas Greg & Sons. Esto hizo que se suspendiera el proceso, que inicialmente se iba a decidir en julio del año pasado. Luego se reanudó, solo para que en la segunda semana de septiembre se declarara desierto del todo.

Desde el Gobierno se habló de irregularidades en la licitación, que curiosamente se originó en su seno, y Thomas Greg & Sons anunció que procedería con medidas legales ya que había obtenido la mayor calificación para lograr la asignación de los contratos. Este solo fue el comienzo de una crisis que llegó a poner en duda el suministro de pasaportes y que su imagen icónica fueron las largas filas en las oficinas de la Cancillería para lograr su expedición antes de que se quedaran sin existencias.

En medio del tire y afloje, se declaró una emergencia manifiesta para garantizar el suministro de pasaportes. Se entregó este contrato temporal a Thomas Greg, la misma empresa que venía llevando a cabo la tarea y con la que pronto se iniciaría una batalla en los tribunales. Asimismo, el escándalo cobró la salida de al menos tres funcionarios del gobierno Petro.

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La primera fue Martha Lucía Zamora, entonces directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Su pecado fue sugerir que se conciliara con la empresa licitadora y que se le entregara el contrato. Aunque desde el Gobierno hablan de más faltas.

Le siguió José Salazar, secretario jurídico de la Cancillería. Supuestamente a nombre propio, el entonces funcionario adjudicó el contrato a Thomas Greg bajo el argumento de que un pleito legal iba a generar un mayor detrimento a la nación. El último en salir fue el entonces canciller Álvaro Leyva: primero suspendido por la Procuraduría por este escándalo y luego reemplazado con Luis Gilberto Murillo.

Después de un desgaste de 54 semanas, parece que ya hay una solución. Por un año más, Thomas Greg & Sons seguirá suministrando los pasaportes en el país, mientras que Portugal se prepara para las tareas de hacerlos y acompañar a Colombia para que asuma su producción desde el 2035.

Ante un panorama de presunta calma, es el momento de que el Estado colombiano haga un alto el camino y haga un balance de los aprendizajes que le dejó esta crisis.

Para expertos en relaciones internacionales, el tema gira sobre todo en que el gobierno Petro y el Estado en general no puede volver a repetir la improvisación que hubo en todo el proceso desde julio del año pasado.

Para el profesor Juan Nicolás Garzón, de la Universidad de la Sabana, el principal aprendizaje a asumir es que “que estos procesos tan gruesos hay adelantarlos con total seriedad y responsabilidad de cara al país”. Sobre todo, puso sobre la mesa el daño reputacional que tuvo Colombia a nivel interno y externo frente a la seriedad de sus procesos licitatorios.

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“Esas decisiones aceleradas y caprichosas, incluso con buena intención, se vuelven problemáticas. Quedó con el desprestigio de una licitación que después echó para atrás”, dijo Garzón. Según el académico, fue un hecho bochornoso, que incluso termina con la peculiaridad de que Thomas Greg asumió el contrato por dos años más, cuando supuestamente el Ejecutivo quería quitárselo del todo.

Manuel Camilo González, profesor de relaciones internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, también habló de que no es posible hacer los cambios planteados de buenas a primeras. “Hay que construir sobre lo construido”, indicó el académico, que consideró que debía aprovecharse los avances anteriores y no hacer cambios de la forma disruptiva en que se hizo.

En una segunda enseñanza, González apuntó que esta istración debe aprender a planificar: “No es posible hacer cambios repentinos, con anuncios inesperados porque en el afán de cambiar lo que hay siempre se termina perjudicando al ciudadano”. En ese sentido indicó que se generaron alarmas y procesos judiciales innecesarios.

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“El Gobierno demostró su debilidad en hacer funcionar los servicios del Estado al no contar con la capacidad necesaria para suplirlos en el momento de su implementación”, concluyó el académico.

También habló con EL TIEMPO la analista en temas internacionales Teresa Aya, que indicó que hay varias lecciones que deja el proceso, pero cuestionó si el Ejecutivo será capaz de asumirlas. No enunció las enseñanzas, en cambio, prefirió dejar sobre la mesa varios cuestionamientos que quedan tras la crisis.

“Tocó otra vez declarar la emergencia y darle el contrato a Thomas Greg. ¿Por qué no se avanzó nada en un año?”, dijo Aya, que incluso expuso que se corrió un riesgo muy grande en que se tuviera que reinstalar el pedido de visas hacia varios países que ya había derogado este requisito a ciudadanos colombianos. Se puso en peligro las gestiones de istraciones pasadas.

También señaló que al gobierno de Gustavo Petro le va a tocar responder otros cuestionamientos sobre la seguridad que implicará entregarle a otro gobierno la información de colombianos mientras se hace la producción netamente nacional. En ese sentido también falta mayor claridad de si en estos 10 años la producción de pasaportes se hará en Colombia o se hará en el país luso, lo que pondría una mayor complicación a la expedición de este documento.

“Tienen tiempo para empezar hacer las cosas. Hay que darle seguridad al país de que será un sistema seguro”, concluyó.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO 

REDACCIÓN POLÍTICA