Las dudas que genera la redacción de las 12 preguntas que el Gobierno incluirá en la consulta popular

La publicación de las 12 preguntas de la consulta popular que el presidente Gustavo Petro radicará el próximo 1.º de mayo en el Congreso ha despertado serios cuestionamientos desde diversos sectores políticos, así como críticas de expertos en material electoral. A las preocupaciones por el costo de la consulta y su impacto fiscal, se suman varias dudas sobre la redacción de los textos y sobre cómo será su socialización.

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Tal como se había anunciado, las preguntas están enfocadas en los temas clave de la reforma laboral que se hundió el pasado 18 de marzo en la Comisión Séptima del Senado. Dentro de las preguntas se abordan asuntos como la duración de la jornada laboral, el pago del recargo del 100 por ciento, el contrato para los aprendices del Sena, entre otros.

Para el abogado Andrés Caro, cofundador de la Fundación para el Estado de Derecho, aunque la consulta es un mecanismo legítimo dentro del marco constitucional, es su uso, que calificó en este caso como “populista”, lo que resulta problemático.

“En primer lugar, hay unas preguntas que son redundantes, en el sentido de que reconocen cosas que ya están en la ley como la jornada laboral de 8 horas, por ejemplo. Otras que reconocen asuntos que el Gobierno puede sacar por decreto o resolución, como estimular a las pequeñas y medianas empresas. Es decir, temas se pueden hacer y no necesita ni siquiera una reforma legal”, dijo. sobre las preguntas 1 y 3.

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Además, afirmó que algunas preguntas carecen de una redacción clara y no especifican quién debe asumir la responsabilidad en caso de ser aprobadas. Caro pone como ejemplo la pregunta 12, la cual dice: “¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?”.

“Pero en medio de todo, de esta ambigüedad, yo no creo que vicie las preguntas. Será el Congreso el que deba establecer si la consulta popular va o no”, agregó Caro.

Por su parte, Germán Valencia, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, manifestó que algunas preguntas no solo resultan ambiguas, sino que además combinan dos temas distintos, lo que podría generar confusión entre la ciudadanía. El académico se refiere específicamente a la primera pregunta, la cual, en su opinión, en realidad contiene dos interrogantes en una sola.

“Una lleva a la otra, pero claramente abordan asuntos diferentes: por un lado, el horario laboral y, por otro, el inicio de la jornada nocturna. Ahora bien, el problema es que, una vez radicadas, no sé qué tanta posibilidad tenga el Senado de hacer modificaciones, y eso podría jugar en contra del Gobierno”, señaló.

Aunque considera que algunas preguntas pueden resultar atractivas para la ciudadanía, también advierte que otras podrían confundir a las personas y llevarlas a votar guiadas únicamente por un criterio político. “La primera dificultad será lograr que la gente acuda a las urnas, que exista un incentivo. Luego de eso, habrá que socializar cada una de las preguntas. Yo veo muchas dificultades en la número nueve; por ejemplo, utiliza términos que no son cercanos a la gente”, afirmó.

La pregunta a la que se refiere Valencia dice: “¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?”.

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Gonzalo Araujo, analista y cofundador de la firma Orza, considera que el principal problema de las preguntas, más allá de lo inconveniente que le parezca la consulta, es que no abarcan a una gran parte de la población colombiana. “De las doce preguntas, el 46 % de los colombianos que viven del rebusque y de la informalidad quedarán absortos en una pelea que no es de ellos ni para ellos; pero que, en todo caso, según el Gobierno, es mejor librar del lado de los trabajadores”.

Pero, más allá del contenido de la iniciativa, hay críticas por el alto costo económico y político que implicaría su realización en un año preelectoral, situación que ha encendido las alarmas en distintos sectores, ya que la califican como una prueba del Gobierno de cara a las elecciones presidenciales.

Ahora, una vez se radique el proyecto, el trámite en el Congreso de la República podría extenderse durante varias semanas, ya que, como lo reconoció el ministro Armando Benedetti, aún no cuentan con las mayorías necesarias para sacar adelante la iniciativa.

Luego de una eventual aprobación, la Corte Constitucional deberá revisar la constitucionalidad del texto antes de que el Gobierno pueda convocar oficialmente a las urnas, en una fecha que aún está por definirse y que, como ya lo manifestó el registrador nacional, Hernán Penagos, no podrá coincidir con comicios de ningún tipo.

“Si se gana la consulta el Congreso tiene dos periodos para entonces sacar la ley con base a lo que se aprobó en la consulta o si no el presidente lo saca por decreto”, dijo este martes el ministro Benedetti sobre una eventual aprobación.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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