Las consecuencias de la reimposición de la visa para los colombianos en Reino Unido: ¿harán lo mismo otros países?

“El Gobierno Nacional valora y agradece enormemente esta decisión, que pone a Colombia a la altura de los socios estratégicos del Reino Unido, y la reconoce como una señal de confianza en Colombia, sus nacionales y sus instituciones”. Así reaccionó la Cancillería de Colombia en octubre de 2022, cuando se oficializó la exención de visas para ingresar a territorio británico. La alegría, sin embargo, duró muy poco: dos años y 45 días después –a partir del 24 de diciembre– los colombianos requerirán nuevamente el documento.

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La noticia, revelada por el embajador Roy Barreras en primicia a EL TIEMPO, supone un duro golpe para la diplomacia y deja, al margen de lo que logre hacer el gobierno del presidente Gustavo Petro para tratar de reversar la decisión del Reino Unido, una alerta encendida relacionada con la posibilidad de que otros países, sobre todo los de mayores ingresos, impongan nuevas restricciones a los colombianos.

Actualmente, son 100 las naciones que no les exigen visa a los colombianos. El Reino Unido era la 101, pero decidió bajarse de esa lista debido a que se han acumulado cerca de 2.000 solicitudes de asilo con causas falsas por parte de los colombianos, provocando sobrecostos para el Gobierno británico de entre 50 y 100 millones de libras al año.

La decisión, no obstante, no sorprendió en Bogotá. Desde hace aproximadamente un año, la misión diplomática en Londres fue notificada de la posibilidad de que el Reino Unido volviera a imponer las visas. Según Barreras, “gracias a múltiples reuniones con el pasado gobierno británico habíamos logrado dilatar la decisión”.

Parte de esas movidas para evitar la imposición de nuevo del visado incluyeron mesas de trabajo entre ambos países y hasta se sugirió la implementación de mecanismos alternativos que fueran menos agresivos, como el ETA (Electronic Travel Authorization). La última petición la hizo el propio presidente Petro ante el primer ministro británico, Keir Starmer, hace dos semanas, en Brasil. Los esfuerzos, sin embargo, no dieron sus frutos.

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“El Gobierno de Colombia hizo todos los esfuerzos para impedir que dicha medida fuera implementada. Se sostuvieron reuniones y sesiones de trabajo clave en todos los niveles, incluidas las que se tuvieron con el secretario de Estado para Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad del Reino Unido, David Lammy; el primer ministro, Keir Starmer; la ministra para las Américas, baronesa Chapman, y los encargados de Home Office, a quienes solicitamos la reconsideración de la medida y evitar la reintroducción del requisito de visa para los ciudadanos colombianos”, señaló la Cancillería.

El Gobierno británico optó por responder a las presiones de política interna, que se sienten cada vez más y con las que se les exige endurecer las políticas migratorias –están recibiendo cerca de 700.000 migrantes al año–, las cuales terminaron impactando a Colombia.

“La decisión es parte de una estrategia del nuevo primer ministro británico: endurecer la política migratoria para responder a sus electores y defenderse de la presión de la oposición y porque lo prometió en su campaña hace apenas tres meses”, explicó Barreras.

Ahora bien, las diligencias tanto de la embajada que lidera Barreras como de la Cancillería han sido ampliamente cuestionadas. Desde el cuerpo diplomático le mencionaron a este diario que este caso refleja “las consecuencias de nombrar políticos en estos cargos”. La exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez aseguró que la decisión representa un retroceso significativo en los logros alcanzados en la relación bilateral con el Reino Unido y genera impactos directos en los derechos de movilidad de los ciudadanos.

“Logramos eliminar la visa para los colombianos en el Reino Unido en 2022, en el marco del tratado de libre comercio ‘posbrexit’. Ello suponía una corresponsabilidad del Gobierno colombiano en evitar el aumento descontrolado de migrantes hacia ese país”.

Estados Unidos, España y Canadá son los tres países que mayores solicitudes de asilo de colombianos reportaron en la última década, según el informe ‘Perspectiva de la migración internacional 2024’, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

En cuanto al Reino Unido, las autoridades notaron un crecimiento exponencial en el último año. De poco menos de 100 solicitudes, en un par de meses se pasó a más de 1.000 en el 2024, lo que prendió las alarmas.

Según explicó el Gobierno, se han desplegado campañas por parte de Migración Colombia advirtiendo de los riesgos de las solicitudes con causas falsas, aunque las reconocen como insuficientes. El Gobierno le ha pedido a la Fiscalía investigar para que desmantelen agencias piratas de viajes que engañan a los compatriotas.

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Para la excanciller Ramírez, el tema va más allá de la presentación de papeles falsos y está estrechamente relacionado con la confiabilidad del pasaporte colombiano. “Uno de los argumentos más sólidos que presentamos para lograr la eliminación de la visa fue la confiabilidad del pasaporte colombiano. Sin embargo, el actual escándalo en torno a la emisión de pasaportes, con la entrada en operación de una nueva empresa que podría poner en riesgo los estándares internacionales de calidad, ha afectado la percepción de confiabilidad de este documento, contribuyendo a la decisión del Reino Unido”, comentó.

Desde el Gobierno respondieron que, a pesar de tener ahora el requisito de visa para ingresar al Reino Unido, el pasaporte colombiano sigue siendo “uno de los más fuertes del mundo” y son decenas de países a los que los connacionales podrán seguir viajando sin visa.

La situación, sin dudas, le suma temor a lo que pueda seguir sucediendo con la creciente tendencia antimigratoria en las campañas electorales europeas y norteamericana.

Según recoge el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), publicado en junio de este año, el 94 por ciento de los colombianos no consiguieron protección en España, “a pesar de las graves amenazas que sufren activistas y líderes comunitarios”. De las 16.781 solicitudes resueltas se han dictado 724 resoluciones de reconocimiento de estatuto de refugiado y 12 de protección subsidiaria, lo que supone una tasa de reconocimiento del 4,5 por ciento, muy por debajo de la media, y similar a la del 2022 (3,8 por ciento), según el informe.

Por su parte, en Estados Unidos, con Donald Trump en el poder a partir del próximo 20 de enero, las restricciones prometen ser más severas.

“Las relaciones estrechas entre el Reino Unido y los Estados Unidos pueden de alguna forma contagiar de motivaciones a la istración Trump para de alguna forma aumentar los criterios para obtener la visa en los Estados Unidos”, sostiene el analista experto en relaciones internacionales Camilo González, aunque resalta que cada país tiene sus propias dinámicas.

Lo que sí es seguro, dice, es que la visa estadounidense no va a ser revocada, algo que viene buscando el gobierno de Gustavo Petro desde sus inicios de mandato.

En ese sentido, el comportamiento de la migración irregular en el Darién (autoridades de Panamá estiman que en 2024 unos 320.000 migrantes han pasado esta selva) y las posturas de Colombia en temas de interés global serán factores que jugarán un papel importante a la hora de este tipo de decisiones. En un análisis publicado para este diario, Juan Manuel Galán aseveró que los republicanos le cobrarán al gobierno Petro “su tibieza” frente al régimen de Maduro y la ruptura de relaciones con Israel.

“Insisto en la importancia que tienen ciertos países que son estratégicos para Colombia. A esos hay que ponerles mucha atención y hay que tener embajadas que estén trabajando 24 horas al día. La relación con EE. UU. puede tener riesgos en la medida que sigamos siendo campeones en producción de droga y aplaudiendo las dictaduras del hemisferio. Nos están mirando con lupa. Uno tiene que actuar en la comunidad internacional defendiendo principios, valores y los intereses estratégicos de Colombia”, dijo Ramírez.

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Tras recibir la notificación de la reimposición del visado, el canciller Luis Gilberto Murillo envió comunicación diplomática al canciller británico David Lammy solicitando la revisión y reconsideración de la decisión, indicando nuevamente que se pueden adoptar otro tipo de medidas.

De acuerdo con lo expresado en la comunicación –y como ordenó el presidente Petro–, de no reconsiderarse la medida, el Gobierno de Colombia exigirá el trámite de la correspondiente visa a los ciudadanos británicos que deseen ingresar al país, apelando al principio de reciprocidad. Este ya se aplicó en noviembre de 2023 a los ciudadanos canadienses, por la imposición de datos biométricos a los nacionales colombianos en Canadá.

“Colombia ha hecho un gran esfuerzo para mejorar su imagen y atraer a más turistas e inversionistas, especialmente de Europa. Implementar una medida de reciprocidad podría contradecir esos esfuerzos y potencialmente reducir el número de visitantes británicos, lo que afectaría al sector turístico y a la economía local”, subraya el abogado experto en migración Rodrigo Tannus, socio de Tannus y Asociados.

En paralelo, Roy Barreras solicitó reuniones de urgencia con funcionarios británicos para que se extienda el periodo de transición para aplicar nuevamente el requisito de la visa hasta el 15 de enero de 2025.

Asimismo, la viceministra de Asuntos Multilaterales, Kandya Obezo, viajó el jueves a Londres y aprovechó para tener reuniones con los equipos del Consulado y la Embajada para explorar algunas alternativas, así como para reunirse con la comunidad y escuchar sus preocupaciones. 

“Considero que, a pesar de esta decisión, se debe trabajar para que el trámite de visa sea lo más sencillo y eficaz posible, especialmente durante una temporada donde un número importante de colombianos tiene presupuestado visitar el Reino Unido. En el largo plazo, ojalá los canales de comunicación diplomáticos permitan el diálogo para volver a considerar la exención de la visa”, indica Angélica Rodríguez Rodríguez, profesora e investigadora del Dpto. de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.

JUAN PABLO PENAGOS
Redacción Política