La idea de una reforma agraria concertada, en crisis por polémicos proyectos de decreto

La publicación de un borrador de decreto que, según el Gobierno, busca “fomentar la movilización campesina” causó una enorme controversia en el país y mostró, otra vez, el difícil camino para lograr una reforma agraria y un consenso nacional.

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La situación amenaza una de las pocas relaciones que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha logrado mantener en buenos términos a lo largo de estos 13 meses de gobierno: la establecida con el gremio de los ganaderos a través de su líder, José Félix Lafaurie, quien además es negociador del Estado ante el Eln.

El borrador de decreto, que fue publicado para comentarios, hace un “llamado a la movilización y organización campesina”, a través de comités y asambleas, para que se impulse la reforma agraria.

Y se deja expresamente consignado que estos comités son “independientes a los mecanismos o instancias existentes” y que “todas las entidades de la istración pública promoverán la movilización y organización de las asambleas, mediante los mecanismos de ejecución presupuestal”.

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Desde el Gobierno aseguran que el decreto no pretende avalar la violencia o amenazar la propiedad privada. Por su parte, desde sectores políticos y económicos han lanzado mensajes de alerta al considerar que este llamado a la movilización puede ser instrumentalizado por los grupos armados y generar invasiones de terrenos.

Además, que se abriría la puerta al uso de recursos públicos para movilizaciones políticas del gobierno de turno. En este caso, en vísperas de las elecciones regionales.

“La movilización, la protesta y la marcha son derechos fundamentales de las personas (...). Y el Estado debe brindar las garantías para que estas movilizaciones se puedan dar en paz y respeto absoluto, de manera que este ejercicio sea libre”, dijo la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, en conversación con EL TIEMPO.

La explicación no fue suficiente para calmar las aguas. Lafaurie, por ejemplo, lanzó un duro mensaje a sus asociados en un texto que el presidente Petro respondió en su cuenta X: “Ni más ni menos son una invitación al paramilitarismo”, escribió el jefe de Gobierno citando un texto en el que el miembro de la delegación del Gobierno con el Eln advierte que el decreto daría pie a “choques innecesarios” y les pide a los afiliados a la agremiación “no olvidar que las brigadas solidarias ganaderas deben ser el apoyo cuando eventualmente se pueda dar cualquier amenaza a la propiedad privada”.

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Se trata del primer choque entre el Gobierno y Fedegán tras el acuerdo firmado en octubre del año pasado para la compra directa de tres millones de hectáreas de tierra y que, en su momento, fue bien recibido por todos los sectores.

Es una grieta en la formulación de la política de reforma agraria, una bandera del presidente Petro sobre la que su gobierno ha venido mandando señales contradictorias y polarizantes, lo que le agrega otro ingrediente en contra del llamado acuerdo nacional que propuso el propio mandatario.

Y también genera dudas con respecto al camino que tomará el Gobierno para cumplir la meta de hectáreas propuesta al inicio del cuatrienio, la cual ahora es de 1,5 millones, para así lograr los 3 millones planteados en el acuerdo de paz para 2028.

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“Si la movilización es un derecho colectivo para manifestarse en forma pacífica, generalmente ante el Gobierno, ¿para qué promoverla desde el Gobierno para ‘la defensa de la reforma agraria’ si nadie la está atacando y si el éxito de una verdadera reforma, con integralidad, depende, hoy más que nunca, del Gobierno mismo?”, cuestionó Lafaurie.

¿Cómo salir de una situación tan delicada? Cecilia López, exministra de Agricultura, en texto publicado en la Edición Domingo de EL TIEMPO, había advertido sobre las complejidades del proceso y de la necesidad de “un aparato estatal eficiente y despolitizado” que no obedezca al anhelo de una reforma radical, sino al de una concertada. “La posibilidad de frustrar nuevamente la reforma agraria en Colombia por decisiones equivocadas, aceleradas y sin medir los costos está latente y representaría un error histórico”, escribió.

La divulgación de este borrador llega pocos días después de que se revivió la polémica en torno a la expropiación. Esto después de que se hizo público otro borrador de decreto que regula el artículo 61 del Plan de Desarrollo.

A juicio de varios sectores políticos y económicos, dicho decreto vulnera los derechos a la propiedad privada y al debido proceso, pues lo que el Gobierno llama implementar “mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria” se traduciría en una expropiación exprés.

Con el fantasma de las invasiones de tierras rondando en departamentos como Cauca y Valle, sin una condena tajante del Gobierno central, y en medio de los mensajes del Presidente llamando ‘a la calle’ para presionar la aprobación de sus reformas, la idea de usar recursos públicos para “fomentar la movilización campesina” le subió en extremo la temperatura al delicado tema de la reforma agraria.

El senador David Luna, de Cambio Radical, dice que la reforma agraria es necesaria para “alcanzar la paz y acabar con las causas sociales de la violencia”, pero al mismo tiempo dijo que el Ejecutivo se está equivocando en las formas.

“La redacción del decreto es tan ambigua e imprecisa y se presta para todo tipo de interpretaciones”, dijo este legislador, quien, además, expresó sus temores frente a una posible manipulación de los comités y que esto repercuta en las elecciones de octubre.

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El presidente Petro, por su parte, reiteró que su gobierno no va a expropiar y que, por el contrario, la compra de la tierra a precios comerciales será la consigna. El viernes, de hecho, dijo que su propuesta de reforma agraria es “más moderada” que la que en su momento impulsó el expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo.

Los analistas señalan que la idea de promover la organización campesina es positiva, pero advierten que el riesgo está en la utilización, con fines políticos, de esos mecanismos.

Para Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura de la istración Santos, las políticas agrarias deben ser protegidas y en ese proceso deben estar involucrados los campesinos. “El proyecto es delicado, pero no es la bestia negra que algunos sectores retardatarios han querido hacer ver. No es inusual tampoco, porque el Ministerio de Agricultura, desde los tiempos de Carlos Lleras, y luego cuando promovimos la ley de víctimas, citó también a movilizaciones campesinas lideradas por la Anuc para pensar en torno a las políticas agrarias”, dijo. Aunque agregó: “Si hay estas movilizaciones, y no son ordenadas, pueden conducir a desmanes o a invasiones de fincas y el Gobierno debe estar atento para que no suceda”.

Por su parte, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), considera que el acompañamiento institucional es una forma de reducir las tensiones políticas y de lograr acuerdos. “Es decir que la Agencia de Desarrollo Rural o la Agencia de Renovación sean los mecanismos institucionales para escuchar e identificar las demandas de esos movimientos sociales y sobre todo darles una respuesta, porque no se trata únicamente de que haya unas asambleas”, opinó este experto.

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Carlos Duarte, coordinador de la línea de desarrollo rural de la Universidad Javeriana de Cali, entre tanto, cree que el decreto puede ser detonante de tensión, pero dice que el país “tiene que quitarles el tinte político a los mecanismos de participación civil”. “Claramente, el Gobierno puede llamar a la organización campesina para apoyar un proyecto de reforma agraria, siempre y cuando se haga de una manera pacífica. Y Fedegán también puede generar espacios para manifestar su desacuerdo. Creo que si las cosas suceden en esos canales, son una expresión de la democracia de nuestro país”, agregó.

Por el lado de los gremios, la Sociedad de Agricultores de Colombia, a través de su presidente, Jorge Bedoya, lanzó una alerta al argumentar que por vía decreto se inste a la movilización y que las entidades de todos los sectores tengan que promoverla mediante mecanismos de ejecución presupuestal. Lectura similar a la de la Procuraduría, que calificó de “alarmante” la expedición de un decreto “que excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo al regular para un sector unos derechos cuya naturaleza implica su ejercicio autónomo”.

En ese sentido, Enrique Herrera, experto en temas de tierras y desarrollo rural, advierte que uno de los riesgos es que la movilización se preste para fines proselitistas y que estos cuenten con recursos del Estado, o peor, con financiación ilegal. Además, cuestionó que se busquen crear asambleas cuando ya hay una institucionalidad que respalda la reforma.

“Tenemos los Consejos de Desarrollo Agropecuario y los Consejos Municipales, que tienen competencia y del que hacen parte tanto el sector campesinado como el ganadero. Este decreto mira solamente a los campesinos, y eso es excluyente”, dijo Herrera.

Mientras que Nilson Liz Marín, presidente de la Asociación Nacional de s Campesinos (Anuc), asegura que “es necesario garantizar que el campesinado se pueda movilizar sin que se le criminalice” y sostiene que las organizaciones campesinas deben tener más apoyo y ser respetadas en su independencia. “Nunca hemos dependido ni de la izquierda ni de la derecha”, afirma.

¿Hay caminos que permitan lograr consensos? El viernes, 17 integrantes de la Comisión de Paz del Senado tanto del Pacto Histórico como del Centro Democrático les enviaron una carta a la ministra de Agricultura y al presidente de Fedegán en la que invitan a crear una mesa de diálogo. “Debemos dar paso a la concertación y al diálogo”, dijo Iván Cepeda, quien firmó la misiva junto con senadores como Paloma Valencia, María José Pizarro y Paola Holguín.

El mismo Lafaurie respondió a la carta pidiendo que la ONU y la Iglesia hagan parte de la conversación y reiteró que el acuerdo de tierras no está en riesgo.

Por ahora, los ojos están pendientes de la versión final del decreto, que llegará en medio del retraso en la gestión de tierras –apenas se han comprado 28.359 hectáreas y este Gobierno a formalizado solo 301.233–, de anuncios de demandas ante el Consejo de Estado y de una creciente tensión en zonas del país donde la invasión y destrucción de fincas se ha intensificado en el último año.

REDACCIÓN POLÍTICA

EL TIEMPO

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