Gustavo Petro abre una vía inédita en la guerra contra las drogas

El narcotráfico ha sido el mayor dolor de cabeza para los presidentes de Colombia del último medio siglo. Desde Alfonso López (1974-1978), que vio expandir el negocio de la marihuana, pasando por Belisario Betancur (1982-1986), a quien la mafia le asesinó a su ministro de Justicia, Rodrigo Lara, hasta Iván Duque (2018-2022), que en el balance de su gestión destacó la extradición de ‘Otoniel’, bautizado por él como el ‘nuevo Pablo Escobar’.

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Ninguno ha salido victorioso. “Hace más de 40 años que estamos en esta lucha contra las drogas decretada por Naciones Unidas y no se ha ganado. Y una guerra que no se ha ganado en 40 años es una guerra perdida”, dice Juan Manuel Santos (2010-2018).

A pesar de los incansables esfuerzos y de los ríos de sangre derramada, Colombia sigue siendo un país marcado por esta actividad ilegal. Hoy, por ejemplo, es el primer productor de cocaína en el mundo.

Se avanza un paso, pero se retrocede otro. Cuando la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que para el año 2020 el área sembrada con coca alcanzó 143.000 hectáreas, un 7 % menos que lo reportado en el año 2019, el parte de victoria fue empañado con otro dato: el potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura aumentó en 8 %, es decir, se produce más cocaína con menos área cultivada de coca.

El presidente Gustavo Petro, que cumple 20 días en el cargo, ha llegado al poder con una serie de anuncios que evidencian un giro en la forma en que hasta ahora se ha enfrentado este problema. Y no pocos de ellos han generado dudas y causado debates y polémica.

La lista es frenética. En Quibdó, Chocó, ordenó a las Fuerzas Armadas priorizar la interdicción aérea y marítima de las exportaciones del narcotráfico sobre perseguir a los cultivadores en el territorio. “La Policía Nacional no está para arrastrar a la cárcel a una familia campesina por cultivar coca”, les ordenó en su condición de comandante supremo a los oficiales de la nueva cúpula de la institución.

“Narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado; narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos. Y narcotraficante que negocie con el Estado colombiano tendrá beneficios jurídicos y si deja de ser definitivamente narcotraficante, no se extradita”, dijo posteriormente en la Casa de Nariño, en Bogotá, ante representantes del Gobierno de Estados Unidos.

Otro anuncio inesperado: “Que se realice en el Catatumbo la primera asamblea de campesinos cultivadores de hoja de coca con la intención de que una familia campesina que se dedique a la hoja de coca y a la pasta pueda sustituir eso por una actividad que le garantice más calidad de vida y la posibilidad de sacar adelante a sus hijos y nietos”, les pidió a los pobladores de esta región el viernes pasado.

Pinceladas claras de que se buscará un giro en la política antidrogas, pero que también han hecho surgir preguntas e inquietudes en el combate a este flagelo. Aunque también ha habido respuestas.

“El presidente Biden es consciente de que mucha de la política del pasado ha marginado a algunas personas y no ha funcionado para muchas poblaciones y lo podemos hacer mejor”, dijo el director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (OND) de la Casa Blanca, Rahul Gupta, tras su reunión con Petro. “El presidente Biden está tomando acciones fuertes para reducir el consumo de las drogas y los daños que esta genera”, añadió el funcionario.

“(Petro) se ha comprometido en cambiar su enfoque en la política de drogas de una óptica punitiva a una más social y de salud pública”, señaló, por su parte, la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Con esta óptica se puede “proteger de mejor manera los derechos de campesinos, comunidades indígenas y afrocolombianas y de las personas que usan drogas, tanto en Colombia como de manera global”, aseguró ella.

Es previsible que en esta dinámica Petro trate de ir, incluso, más lejos.

“Lo que hasta ahora ha hecho el Presidente es amplificar la voz social en contra de la prohibición de los cultivos ilícitos para darle visos de legitimidad a una iniciativa mayor: denunciar las convenciones internacionales de lucha contra los estupefacientes”, augura Jairo Libreros, experto en seguridad.

Solo en 2026, cuando Petro entregue el poder, la historia dirá si la estrategia que hoy pretende imponer funcionó sin mayores dolores de cabeza o si, por el contrario, todo quedó en un decálogo de buenas intenciones y los criminales siguieron controlando el segundo negocio más lucrativo del mundo, después del de las armas.

ARMANDO NEIRA

Editor de Política de EL TIEMPO

Twitter @armandoneira