Gobierno Petro levanta el estado de conmoción en el Catatumbo, pero prorroga decretos legislativos por 90 días

Aunque se daba como un hecho que el gobierno de Gustavo Petro iba a prorrogar por 90 días más el estado de conmoción en el Catatumbo, Cúcuta y dos municipios del Cesar, el Ejecutivo decidió levantarlo. En su lugar, decidió prorrogar la vigencia de 11 decretos legislativos. 

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El decreto 0467 del 23 de abril dice en su primer artículo: "Levántese el Estado de Conmoción Interior declarado por medio del Decreto 0062 de 24 de enero de 2025 a partir del día 24 de abril de 2025". No obstante, en el siguiente apartado se deja claro que los decretos legislativos 106, 107, 108, 117, 118, 120, 121, 134, 137, 180 y 433 de 2025 seguirán vigentes por 90 días más.

De acuerdo con el decreto, "las medidas extraordinarias señaladas han contribuido a conjurara las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Conmoción Interior y evitar la expansión de sus efectos". Por eso se ordenó el levantamiento del estado de conmoción. Sin embargo, al mismo tiempo se dice que deben prorrogarse los decretos legislativos mencionados para continuar con el trabajo en la región y evitar que la situación recrudezca. 

El gobierno Petro dejó claro que puede prorrogar los efectos de los decretos bajo el artículo 41 de la ley estatutaria 137 de 1994: "Los decretos legislativos que dicte el Gobierno durante el Estado de Conmoción Interior dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público, pero se podrá prorrogar su vigencia hasta por 90 días más". 

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De esta forma, el gobierno dejó con vida por tres meses más, hasta julio, buena parte de los decretos relacionados con garantías de recursos para los habitantes del Catatumbo, protección de tierras, atención a los desplazados, y otras medidas. 

El primero de los decretos en mantenerse es el 106, que le permite a los habitantes de la zona a crédito, financiamiento, alivio de pasivo y suspensión del cobro judicial para "garantizar medios de vida y producción de alimentos". 

Esta medida la justifica en que "el Banco Agrario de Colombia (BAC) y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) requieren mantener las facultades excepcionales para aplicar condonaciones, acuerdos de recuperación y refinanciación masiva de cartera en zonas rurales con alta morosidad, cuyo marco ordinario no permite estos alivios".

La siguiente determinación en prolongarse fue el decreto 107, que otorga medidas de protección a las zonas agrícolas, cadenas productivas y otras áreas relacionadas con el abastecimiento de alimentos. 

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Para el Ejecutivo, se deben mantener las capacidades para contratar y proteger las cadenas productivas a través de contribuciones parafiscales y la protección de la semilla. Esto debido a que no cesan los efectos de la violencia en los sistemas productivos de la región. 

También se prolongaron las medidas del decreto 108, con el que se buscaba prevenir la acumulación y el acaparamiento en el sector agropecuario, lo que implicaba la protección de las tierras en la zona. Para el Ejecutivo, "la normalización de las condiciones de orden público" no implica que los desplazados regresen de inmediato por lo que debe evitarse que se les desconozca su propiedad. 

Se prolongó de igual manera el decreto 117, con el que se establecieron exenciones al turismo para fomentar dicho sector y un descuento transitorio en el impuesto de renta a los que alojen desplazados. Se extendió su efecto bajo la justificación de que la ocupación hotelera sigue baja por el temor a movilizarse por la región y aún hay desplazados en hoteles.  

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En ese mismo sentido se mantuvo la vigencia por 90 días del decreto 118, con el que se creó la figura de un comandante militar para el Catatumbo y las otras zonas de la conmoción. Esto se justificó bajo el argumento de que se siguen reportando actos violentos en contra de la población y la Fuerza Pública. 

"Se han continuado evidenciando actos violentos, incluyendo atentados contra la Fuerza Pública que han dejado 9 uniformados asesinados y 14 heridos, 171 homicidios intencionales, 5 secuestros y 79 casos de extorsión, lo que demuestra la continuidad de la grave afectación y perturbación al orden público", dice el texto con el que se levantó la conmoción. 

Se prolongó decreto 120, con el que se establecen condiciones especiales para el transporte en la zona, esto con el fin de que se mantengan estas medidas que han garantizado la seguridad de la ciudadanía al solo permitir movilizarse en transporte público en "los horarios que resulten seguros". 

Bajo una misma lógica se prolongó el decreto con el que se le dio la potestad al Ministerio de Vivienda para adelantar directamente proyectos de agua potable y saneamiento, decreto 121, bajo el argumento de que "se mantienen las dificultades de a los servicios, dado que las alteraciones al orden público y sus efectos en algunas zonas de la región persisten", así como las dificultades para el retorno de la población.

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De esta forma, la cartera liderada por Helga Rivas puede seguir con "la implementación de unidades sanitarias en las viviendas afectadas principalmente en el sector rural disperso, así como la implementación de soluciones alternas al abastecimiento en municipios donde la violencia restringe el al punto de abastecimiento existente, la continuidad en la estructuración y la ejecución de proyectos en los municipios priorizados que demandan una atención urgente."

También se mantienen los controles a las sustancias y productos químicos en el Catatumbo para frenar la producción de cocaína, los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, las medidas especiales de protección y la atención especial por parte del ICBF. En todos estos casos se deja claro que se ha avanzado pero que siguen las condiciones para mantener los efectos de los decretos. 

La orden presidencial que levanta la conmoción y prorroga los efectos de 11 decretos legislativos no hace mención alguna sobre el decreto que estableció nuevos impuestos para atender la crisis. Esto ha generado la pregunta en la población sobre si estos tributos quedaron derogados. 

No obstante, la norma, decreto 0175 de 2025, es clara desde la vigencia en que este texto regirá durante todo el año: "El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. Las disposiciones contenidas en el presente decreto serán aplicables una vez culmine el quinto día hábil siguiente a su publicación y hasta el 31 de diciembre de 2025". 

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No se necesita prolongar estos decretos pues, como establece la ley estatutaria sobre los estado de excepción, los impuestos que se decreten pueden mantenerse durante la vigencia fiscal, en este caso hasta finales de 2025. 

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO 

Redacción política