Así es el plan de Estados Unidos para frenar migración irregular que pasa por Colombia

Sin mucho ruido en Colombia, a partir de ayer está al aire la aplicación Movilidad Segura (movilidadsegura.org), la puerta de entrada a la estrategia con la que Washington pretende evitar que decenas de miles de migrantes irregulares –por ahora de Venezuela, Cuba y Haití–lleguen hasta su frontera sur para tratar de entrar por ‘El hueco’ y, en vez de eso, se queden en el territorio nacional para tramitar desde acá un eventual permiso de ingreso a EE. UU.

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Aunque hace apenas una semana la vicecanciller Elizabeth Taylor Jay le había dicho a la Agencia Efe que el arranque del programa de Oficinas de Movilidad Segura para Migrantes era “un tema sobre el que no hay ningún tipo de definición y se está discutiendo”, lo cierto es que desde ayer se habilitó la plataforma, que será istrada por la OIM y Acnur y que, según advierten las autoridades migratorias de EE. UU., solo aplica para “personas cubanas, haitianas y venezolanas que se encontraban legalmente presentes en Colombia antes del 11 de junio de 2023”.

“Si cumple con los requisitos, es posible que pueda viajar a los Estados Unidos. Todas las decisiones finales sobre el ingreso a los Estados Unidos son tomadas por las autoridades estadounidenses”, señala la aplicación, que advierte en todo caso que “no todas las personas solicitantes calificarán o se beneficiarán del programa”.

De hecho, los anuncios del gobierno Biden hablan de conceder máximo unos 30 mil cupos migratorios para venezolanos, haitianos y cubanos al año (y no solo para los que hagan el trámite desde Colombia).

¿Qué tanto impacto tendrá esa estrategia sobre la migración irregular? Según cifras de las autoridades panameñas –Migración Colombia no tiene los datos completos– tan solo de enero a mayo de este año han cruzado el Darién, por trochas que controlan los grupos armados ilegales, 82.054 venezolanos, 31.493 haitianos y 331 cubanos. En 2022 fueron 150.337 venezolanos, 22.392 haitianos y 5.961 cubanos. En 5 meses de este año, 166.649 migrantes de muchas nacionalidades cruzaron hacia Panamá: la proyección indica que 2023 superará el año récord, 2022, cuando fueron 248.284.

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Aunque la plataforma está habilitada, hasta ahora no hay definición de dónde estarán los puntos físicos de atención a los migrantes. Estados Unidos pretende que sean cuatro repartidos por el territorio colombiano, pero el Gobierno está pensando solo en uno. Fuentes cercanas a la negociación le dijeron a EL TIEMPO que ya varios alcaldes le han dicho no a la posibilidad de tener esos puntos en su territorio.

Expertos en temas migratorios consultados por este diario aseguran que garantizar las condiciones de seguridad y la manutención de esos miles de migrantes que apliquen a las visas será un reto, a pesar de que Estados Unidos asegura que correrá con todos los gastos logísticos. Entre otras razones porque hoy esas personas que tratan de pasar a Panamá y de allí hasta México duran en promedio unos 15 días en Colombia, lo que tarda su trayecto por tierra hasta Urabá. Ahora, esa estadía duraría al menos 3 meses. “¿Y qué va a pasar con la mayoría, que son los que no van a clasificar al beneficio?”, cuestiona una de las fuentes.

“Una migración irregular que hoy es de tránsito se le va a volver permanente al país: el punto es si realmente estamos preparados para atender a esas miles de personas que están en condiciones de vulnerabilidad y que se sumarán a los venezolanos que salieron de su país por la diáspora”, afirma un funcionario judicial que trabaja en la protección de los derechos humanos de los migrantes en Colombia.

Este miércoles, Washington señaló oficialmente que ningún colombiano será atendido en esos puntos, en lo que constituye la formalización de un anuncio realizado hace dos semanas y que ha generado polémica, pues cuando se formalizó el acuerdo entre el gobierno del presidente Petro y la istración Biden se dijo lo contrario. “Hemos acordado con los Estados Unidos centros y oficinas especiales para tramitar procesos de reunificación familiar y emigración de colombianos hacia EEUU de manera ordenada y legal. Se pondrán en varios lugares del país”, trinó en su momento Petro.

Bogotá le había pedido a Biden que sus ciudadanos pudieran aplicar al Estatus de Protección Temporal, que amplía los beneficios migratorios para los habitantes de países afectados por conflictos o catástrofes. Washington se negó, pero a cambio accedió a entregar anualmente 25 mil visas de reunificación familiar.

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Colombia hace parte del grupo de tres países latinoamericanos que llegaron a un acuerdo con Estados Unidos para abrir lo que inicialmente se llamó Centros de Procesamiento para Migrantes. También se abrirán en Guatemala–pero allí solo se atenderán nicaragüenses, salvadoreños, hondureños y guatemaltecos– y en Costa Rica, que será un filtro para migración venezolana y nicaragüense ingresada antes del 12 de junio.

La estrategia, que el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS, por sus siglas en inglés) calificó como histórica, según Washington busca “reducir la migración irregular y facilitar vías seguras, ordenadas, humanas y legales desde las Américas”.

Aunque analistas coinciden en que es iniciativa positiva, señalan que su efectividad dependerá del mecanismo que se utilice para la atención y sobre todo, a qué tipo de población atenderán y cuántas citas se podrán tramitar. “Es una buena idea, pero todo depende de los detalles”, expone Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés). Sin embargo, hace la claridad de que al ver las condiciones que se conocieron ayer para el funcionamiento de dichas oficinas en el país, “los centros en Colombia no harían una gran diferencia”.

María Clara Robayo, internacionalista e investigadora en asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, por su parte, dice que otro de los puntos críticos es cuánto tiempo se demorará EE. UU. en tomar una decisión frente a quienes pedirán refugio o asilo.

“Una respuesta prolongada solo la podría soportar un migrante venezolano con Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos y que tenga empleo. ¿Qué pasará con los cubanos y haitianos que evidentemente no quieren quedarse en Colombia?”, cuestiona. Señala, además, que es necesario precisar si habrá un paquete de alternativas económicas y sociales para las personas mientras se conoce la respuesta. Afirma que esos detalles deben quedar establecidos entre Colombia y Estados Unidos.

REDACCIÓN POLÍTICA