Chuzadas: los impactos del peligroso fantasma cuya reaparición niega el presidente Gustavo Petro

Esta semana, mientras el presidente Gustavo Petro y sus más altos alfiles negaban la existencia de chuzadas y seguimientos ilegales a magistrados como los denunciados por Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente de la Corte Constitucional, Hernando Barreto, el coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, tuvo una reunión clave en el Palacio de Justicia.

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La misión que le dio a Barreto la fiscal general, Luz Adriana Camargo, fue hablar con los presidentes de las Cortes Suprema y Constitucional para garantizarles que el ente investigador está haciendo todo lo posible para esclarecer el espinoso asunto. EL TIEMPO confirmó que los nueve de la Sala Penal de la Corte Suprema pidieron verificar si sus teléfonos y comunicaciones tienen algún tipo de riesgo de interceptación ilegal. Una misión similar cumplió otra delegación de la Fiscalía en la JEP, donde también hay preocupación –hasta ahora, sin evidencias concretas– por la posibilidad de que algunos de sus integrantes estén siendo chuzados.

El presidente Petro, quien fue víctima de ese delito en tiempos del desaparecido Departamento istrativo de Seguridad (DAS), puso en duda la solidez de las denuncias de Ibáñez: “El Gobierno no intercepta comunicaciones. Ha sido prohibida esta práctica explícitamente por el Presidente de la República. La inteligencia del Estado solo investiga grandes criminales y hemos tenido éxito en esa inteligencia”. Y agregó: “Si al magistrado Ibáñez le han llegado 'whatsapps' con esa información, solo es víctima de los grupos de extrema derecha que buscan no solo romper las relaciones personales al interior del gobierno, sino del gobierno con las otras ramas del Estado. Dejar de caer en ingenuidades que construyen los grupos nazis”. Petro también habló de una supuesta ‘prensa Mossad’ empeñada en afectar su mandato.

Lo cierto es que las denuncias del magistrado Ibáñez no son las primeras que recibe el mismo Gobierno sobre temas de chuzadas. El año pasado, confirmó el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, desde la Corte Suprema lo aron para expresarle la misma preocupación. Y este año, en febrero, la discreta Inspección de la DNI abrió una investigación por supuestas actividades ilegales que se cerró esta semana con la conclusión de que esa entidad, que le responde directamente al presidente Gustavo Petro, no tenía como interceptar teléfonos o comunicaciones de WhatsApp. Y está el caso, aún pendiente de juicio, de la interceptación ilegal de las comunicaciones de Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de la hoy jefe del Dapre Laura Sarabia, cuyos teléfonos terminaron siendo interceptados haciéndolos pasar como el de fichas del ‘clan del Golfo’. Cuatro de la Policía, incluido un capitán, están acusados por ese capítulo de chuzadas.

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Con esos antecedentes, los analistas consideran que hay que esperar el resultado de las investigaciones de la Fiscalía antes que descalificar las denuncias y hablar de un nuevo capítulo del supuesto ‘golpe blando’. Más aún porque los antecedentes históricos muestran la persistencia de este tipo de prácticas a pesar de todas las medidas y anuncios de los últimos 20 años para tratar de meterles más control y transparencia a las actividades de inteligencia.

En el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010), la justicia comprobó interceptaciones ilegales desde el DAS a magistrados de la Corte Suprema, políticos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos. Ese caso terminó con varias condenas y con la eliminación del DAS. Durante el Gobierno del presidente Santos se descubrió que una unidad del Ejército espiaba al equipo del Estado que negociaba la paz en La Habana con las Farc. Ahora, el presidente Petro y sus principales alfiles han tenido que salir a dar explicaciones por señalamientos de supuestas prácticas ilegales con la inteligencia del Estado.

El analista Gabriel Cifuentes señala que al Gobierno debe dársele el beneficio de la duda y considera “positiva la contundencia con la que el presidente Petro y su jefe de Inteligencia (González) han salido a desmentir denuncias sobre un plan orquestado desde el gobierno para perfilar y perseguir medios y opositores”.

Sin embargo, dice, no lo son las formas de la reacción del Presidente frente al asunto; “En vez de rodear a las instituciones, de asegurar que brindará todas las garantías, ordenar de manera contundente investigaciones y señalar que de ser ciertas las acusaciones asumirá la responsabilidad del caso, ha optado por atacar y descalificar a quienes, con o sin razón, han denunciado haber sido víctimas de interceptaciones”.

“De confirmarse que está existiendo algún tipo de seguimientos e interceptaciones ilegales sería de la mayor gravedad, pero el asunto crítico es determinar, más allá de cualquier duda, quien lo está haciendo”, dice el analista Diego Arias.

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“Haría muy bien la Fiscalía en dar prontos resultados de sus investigaciones que ojalá sean claras y contundentes”, agrega Arias.

Para Cifuentes, sacar el retrovisor, señalar a la prensa de actuar como la “Mossad” -con las implicaciones y riesgos que ello significa- sólo logra dividir más y poner en peligro a los denunciantes.

El señalamiento del Presidente generó el rechazo de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip: “Reiteramos su preocupación por la estrategia que ha mantenido el presidente Gustavo Petro en torno a desacreditar y estigmatizar la labor de los periodistas y medios de comunicación que realizan veeduría a la gestión de su Gobierno, con lo cual desconoce la obligación que le asiste como mandatario de promover un clima óptimo para el ejercicio del trabajo periodístico”.

Entre los analistas hay un consenso del equívoco del Presidente de irse en contra de las víctimas y los medios. Para Gonzalo Araújo, politólogo de la Universidad Javeriana, varias prácticas del Gobierno parecen corresponder a formas de lo que llama ‘populismo autoritario’ que, afirma, ya se han visto en otros países de la región en las últimas décadas.

Por su mismo carácter, las actividades de inteligencia tienen un componente de opacidad que obliga a la existencia de fuertes controles estatales. Aunque ese fue el espíritu de la Ley de Inteligencia del 2013, lo que parece evidente es que los controles del Congreso sobre lo que hacen las agencias y sobre cómo lo hacen no han sido lo suficientemente efectivos. A eso se suma el bajo perfil de las personas que han sido designadas en los últimos años en la Inspección de Inteligencia, cuya voz rara vez se escucha en el panorama nacional y, además, tienen el ‘pecado original’ de ser nombrados por el mismo Gobierno, que es el que controla los órganos de inteligencia.

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Tras las denuncias de las cortes, esta semana Carlos Ramón González le propuso a la Corte Suprema la creación de una especie de veeduría de la cúpula judicial sobre las actividades de inteligencia, sobre todo de aquéllas que, como las interceptaciones, implican afectación de los derechos básicos. La respuesta de los magistrados aún no se conoce, pero lo que parece claro es que el fantasma de las chuzadas sigue vivo en el país. Tanto, que no son pocos los altos funcionarios oficiales prefieren no tratar asuntos delicados por sus teléfonos ni por WhatsApp.