Atención: Cancillería y Thomas Greg piden ampliar suspensión de proceso judicial por pasaportes; esto se sabe

El pleito entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Thomas Greg & Sons por el caso de los pasaportes no se reactivaría este 23 de enero como estaba previsto: ambas partes presentaron un memorial de suspensión conjunto con el fin de mantener el proceso congelado unos días más.

La solicitud fue radicada este 22 de enero en el Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Fuentes enteradas le dijeron a EL TIEMPO que la firma requiere de unos días más para definir si retira o no la demanda. 

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La solicitud debe ser revisada por el despacho de la magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada de la Sección Tercera del Tribunal istrativo de Cundinamarca. Si es aceptada, el proceso seguirá quieto hasta el 4 de febrero.

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El proceso judicial, en el que la magistrada Ceballos estaba pendiente por resolver una solicitud de aclaración a un auto que anuncia que se proferirá una sentencia anticipada, se encuentra parado desde el pasado 3 de octubre de 2024. Esto luego de que las partes llegaran a un acuerdo para que Thomas estudie si desiste o no de sus pretensiones.

Desde entonces la empresa ha hecho múltiples consultas con sus socios sobre la posible terminación del proceso. Cabe recordar que la controversia que generó temor en el país por el futuro de la fabricación del documento esencial para viajar al exterior se desencadenó por el acto istrativo que declaró desierta la licitación pública LP-001-2023 para suministrar el servicio de producción de los pasaportes. La multinacional alegó la vulneración a sus intereses y derechos al haber obtenido la máxima calificación para que se le adjudicara el contrato.

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Sin embargo, tras varios meses, la Cancillería considera que la decisión de mantener a Thomas Greg como operador de la impresión de los documentos hasta agosto de 2025 para evitar traumatismos, mientras se lleva a cabo la etapa de transición del modelo en el que el gobierno de Portugal capacitará a la Imprenta Nacional, significa que se evita cualquier perjuicio para la empresa, ya que mantendrá sus utilidades previstas.

De hecho, la Cancillería dejó en firme hace pocos días el nuevo contrato por un valor total de 206 mil millones de pesos con vigencia hasta el mes de agosto de este año. Dicho contrato, suscrito bajo urgencia manifiesta, ya se encuentra en ejecución.

Si después de realizar su estudio la firma decide insistir en sus pretensiones, se retomaría el debate procesal y la magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada tendría que resolver la solicitud de aclaración. Y si la magistrada insiste en dictar sentencia anticipada y negar las pruebas, la Cancillería conserva la posibilidad de interponer recursos que tendría que resolver ese mismo despacho e incluso el Consejo de Estado.

Si desisten, se cerraría el proceso y se pondría fin a una de las novelas jurídicas más grandes con las que ha tenido que lidiar el Estado colombiano.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Redacción Política