Una carta magna de respuesta a los violentos

Sin un disparo, sin lanzar una piedra, hace 30 años los estudiantes impulsaron una de las revoluciones de mayor trascendencia en la historia de Colombia: la Constitución Política de 1991.

Aunque fue promulgada, entre el alborozo general, en la Gaceta Constitucional número 114 del jueves 4 de julio de ese año, su gestación empezó con el llanto adolorido de esa juventud que sentía que su país se le iba de las manos.

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Por aquella época, el miedo reinaba en cada esquina. En El cielo a tiros, el escritor Jorge Franco recuerda que los niños crecían viendo las rejas de sus casas. Las madres no les permitían salir por el temor a la espiral de violencia.

Un día explotaba un carro bomba en un céntrico punto urbano, al otro se conocía una masacre en un pueblito. Nadie estaba a salvo. A la prensa, por ejemplo, Pablo Escobar intentaba silenciarla a balazos, y así mató al director de El Espectador, Guillermo Cano.

¿Y la justicia? El magistrado, Carlos Ernesto Valencia García, que había llamado a juicio al capo del cartel de Medellín, cayó el 16 de agosto de 1989.

¿Y la Policía? El 18 de agosto, dos días después, en Medellín, el coronel Valdemar Franklin Quintero recibió 150 disparos. ¿Y la política? Esa noche, en Soacha, Cundinamarca, fue asesinado el líder Luis Carlos Galán, en una tarima de madera y entre el sonido de voladores.

Eran tiempos aciagos en los que ninguna institución estaba a salvo. Con Galán, fueron cuatro los aspirantes a la Presidencia caídos: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica, y Carlos Pizarro, del M-19, los otros tres. Cada noticia que despertaba al país era más estremecedora que la anterior: a la voladura de un avión de Avianca, con 107 ocupantes en pleno vuelo, siguió la bomba al DAS con mil kilos de dinamita.

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¿Qué hacer ante semejante barbarie? Los estudiantes de las universidades señalaron el camino: hicieron una marcha del silencio, nombre que rendía homenaje al caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, cuya vida también se la llevaron las balas el 9 de abril de 1948.

Las cuentas del rosario de guerras, asesinatos, masacres en el país que se regía por la Constitución Política de 1886, de férreos principios conservadores, no tenían fin. De la marcha de los jóvenes quedó gravitando un clamor: “Necesitamos una nueva constitución”.

Al movimiento, que se llamó la Séptima Papeleta y que buscaba que en las elecciones hubiera un voto adicional que pidiera convocar una Asamblea Nacional Constituyente, no lo detuvo nadie.

Aunque hubo barreras legales y juristas que menospreciaron la idea, esta caló de manera tan masiva que terminó imponiéndose. Todos querían poner su granito de arena. Para citar un caso, los periódicos pusieron en su primera página el voto y el reverso en blanco, para que los ciudadanos pudieran llevar la hoja a las urnas.

De aquellos tiempos de ruido surgió entonces un texto que, en esencia, se proclamó con el fin de superar la violencia, la desigualdad, la fragilidad de un Estado centralizado y la exclusión de diversos grupos sociales, económicos y culturales.

La comunidad internacional volteó a mirar a un país que, en medio del baño de sangre, era capaz de sacudirse para sentarse a redactar un acuerdo social moderno. En su principio fundamental, establece que Colombia es un Estado social de derecho.

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La discusión duró cinco meses, bajo la presidencia de Horacio Serpa, del Partido Liberal; de Álvaro Gómez Hurtado, del Movimiento de Salvación Nacional, y de Antonio Navarro, de la Alianza Democrática M-19. Fue irable ver a Gómez y a Navarro, entregados durante ese tiempo, a buscar una carta que uniera al país, cuando tiempo atrás esta guerrilla había secuestrado al dirigente conservador.

Entre los constituyentes había indígenas, poetas, deportistas; las sesiones eran seguidas por televisión y la radio transmitía en directo las discusiones respetuosas.

Así, entonces, con la nueva carta se descentralizó el poder y se otorgó autonomía territorial, se reivindicó una democracia participativa y se estableció el principio del pluralismo, uno de los aspectos claves que permitió el reconocimiento de la diversidad de lenguas, culturas y etnias que hay en el territorio nacional.

Y surgieron herramientas claves que hoy ya son cotidianas para el ciudadano, como la acción de tutela, el derecho de petición, la claridad sobre los mecanismos de participación ciudadana y el derecho a la salud, entre otros. El texto, sin duda, le dio más poder al ciudadano y la posibilidad de al menos requerir directamente a sus gobernantes. Por ejemplo, según la Corte Constitucional, el derecho de petición fue el mecanismo legal de demanda con mayor recurrencia por la ciudadanía en 2020, con más de 110.000 solicitudes.

Sin embargo, otros principios y normas, para algunos, han sido más lunares que aciertos, como la forma en que se construyó la moción de censura y, lo que algunos expertos llaman, ‘la destrucción de los partidos’.

“En Colombia no se ha logrado el efecto que quiso darle la Constituyente del 91, y lo que hemos visto es que solo se presta para debates de contenido político entre un partido y otro”, dice el profesor y experto constitucionalista Hernán Alejandro Olano. “Por eso no se ha materializado en treinta años la primera moción de censura”, argumenta.

Mientras que el historiador Jorge Orlando Melo resalta que una de las debilidades de la carta política actual es que “la población ha visto que la destrucción de los partidos tradicionales, que se logró, condujo a la desaparición de los partidos y a su reemplazo por un sistema de poderes locales que controla, en forma poco democrática, los ejecutivos locales y regionales y buena parte del Congreso”.

Y al mirar lo que ocurre hoy en las calles, la pregunta es inevitable. ¿Por qué después de tres décadas de su implementación, asistimos a este estallido social que ya superó los meses continuos? Para los estudiosos del derecho constitucional, la respuesta pasa porque si bien la Constitución es una realidad viviente para la ciudadanía, su esencia en la vida cotidiana se ha visto seriamente afectada, principalmente en temas como la separación de poderes, la democracia participativa y la garantía de derechos sociales.

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“Aquí tenemos una buena constitución, que ha sido envilecida por las prácticas de los gobernantes. El Congreso no quiere soltarle el poder a la democracia participativa, las reglas que han expedido estrangulan esos mecanismos y los hacen inocuos, con lo cual se genera una frustración de la ciudadanía con la democracia”, asegura Armando Novoa, director de la Corporación de Estudios Constitucionales Plural.

A pesar de las críticas, hay consenso en que al activar las herramientas de la Constitución del 91 a partir de su filosofía, la confrontación puede desactivarse. Es decir, que aquellos que están en las calles sientan que pueden acudir a esos mecanismos que les brinda la carta magna y que con ella serán escuchados. Ese es el reto inmediato.

ARMANDO NEIRA GOYENECHE

EDITOR DE POLÍTICA 

Twitter: @armandoneira