Se salva proyecto que reduce vacaciones de congresistas

Uno de los hechos más llamativos de la sesión de ayer en el Senado fue que esta corporación salvó la reforma constitucional que recorta las vacaciones de los congresistas.

La idea de la iniciativa, del representante del Centro Democrático Gabriel Santos, es reducir el receso de los parlamentarios de cuatro a tres meses, con el fin de poder discutir con más calma los proyectos de ley y hacer más control político al Gobierno.

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“Este proyecto no es para hacer más leyes, sino para mejorar las que hacemos, para tener más calidad en los debates. Nos permitirá tener más tiempo para hacer mejor nuestro trabajo”, dijo el senador del Centro Democrático Santiago Valencia, ponente de la propuesta.

La iniciativa corría el riesgo de hundirse si no se le daba el cuarto debate antes de mañana, cuando se termina la legislatura de manera oficial. Esto, debido a que se trata de una reforma constitucional, que debe completar ese número de debates en la primera parte de su trámite.

De esta manera, a pesar de que el proyecto aún no culmina su trámite, pues debe superar cuatro debates más, sí logró ser salvado por los propios congresistas, algo que causó sorpresa ya que no había mucha expectativa en que se lograra.

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Como ocurre siempre que se entra en la recta final de cada periodo legislativo, el Senado y la Cámara de Representantes vivieron ayer una maratónica jornada de aprobación de conciliaciones de proyectos de ley que pasan ahora a sanción presidencial.

Según las normas, las sesiones ordinarias del Legislativo deben ir hasta mañana. Sin embargo, EL TIEMPO supo que se trabajaba en la posibilidad de citar sesiones extras lunes y martes de la próxima semana para tramitar la iniciativa que aborda la sobretasa a los combustibles.

En cuanto a las conciliaciones, el primer proyecto que superó todo su trámite en el Congreso y pasa ahora a manos del presidente Iván Duque es el que hace un ‘revolcón’ en la Procuraduría.

La intención de este proyecto es acoger lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

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El fallo de la Corte indica que los funcionarios de elección popular no pueden ser destituidos por una autoridad istrativa. De esta manera, se plantea la creación de la sala de juzgamiento, con el fin de garantizar la doble instancia para los procesos contra estos funcionarios. La iniciativa generó polémica entre algunos sectores, debido a que se faculta al Presidente para ajustar la planta de personal de la Procuraduría, lo cual se hace necesario ante la nueva forma en la que se desarrollarán algunos procesos disciplinarios.

También culminó su trámite la iniciativa que crea duros castigos para los denominados delitos ambientales, como la deforestación y el tráfico de fauna. Las penas van desde los cinco hasta los 15 años de cárcel y multas que superan los 120 millones de pesos.

Otro proyecto que pasa ahora al escritorio del presidente Duque es el que reglamenta el trabajo en casa. Se regulan aspectos como el horario, la seguridad social y los riesgos laborales –que se trasladarán muy seguramente al hogar del trabajador–, y el tiempo de desconexión laboral, entre otros aspectos relevantes para que el trabajador que desarrolle sus funciones en casa tenga todas las condiciones para laborar.

En la jornada de ayer se conciliaron en total 12 proyectos, la mayoría de los cuales corresponden a leyes de honores o estampillas prouniversidades (ver recuadro).

A pesar de las maratónicas jornadas que han vivido tanto la plenaria de la Cámara como la del Senado, aún son varias las iniciativas que están pendientes de ser conciliadas para que puedan pasar a firma presidencial.

Una de las pendientes es la que aumenta la licencia de paternidad de 1 a 5 semanas y establece la denominada licencia compartida, en la que la madre y el padre del recién nacido se pueden distribuir sus semanas de licencia. La conciliación de este proyecto ya fue aprobada en la Cámara, pero falta que ocurra lo mismo en el Senado.

Situación similar ocurre con el proyecto de ley de comida chatarra, que pretende que los productos que componen la denominada comida chatarra tengan una etiqueta en su parte frontal en la que se informe claramente cuáles son los elementos con los que han sido procesados y los riesgos que su consumo puede generar en la salud.

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Otro de los pendientes es el que reduce la jornada laboral de 48 a 42 horas de manera progresiva.

Según lo aprobado, la reducción empezaría dentro de dos años, cuando la jornada se reduciría en una hora. Luego, en el tercer año, se disminuiría otra hora, y en adelante empezaría a bajarse de a dos horas por año hasta llegar a las 42 horas que el proyecto de ley propone.

Otro de los proyectos pendientes y que ya está prácticamente hundido es el que ratifica el Acuerdo de Escazú. Para continuar con vida, debe superar su primer debate antes del 20 de junio, algo que no se ha logrado en 11 meses que lleva de radicado en el Congreso.

Al cierre de esta edición, el Congreso estaba a la espera de si el Gobierno decidía convocar a sesiones extra para discutir el proyecto de sobretasa a la gasolina, impulsado por sectores como Asocapitales, con el que se busca definir la base gravable para la liquidación de la sobretasa del combustible.

REDACCIÓN POLÍTICA