Los ‘regalos’ que le dejó el Congreso al país este año

A pesar de los desencuentros entre el Legislativo y el gobierno del presidente Iván Duque, el Congreso logró dejarle al país normas que, se espera, lleven soluciones a diversos sectores.

Este año el Congreso se caracterizó por agudas polémicas, como la discusión a las objeciones a la JEP y el trámite de la reforma tributaria, que fue aprobada en plena madrugada, pero también por dejar normas con alto contenido social.

Estos son algunos de los ‘regalos’ que le dejó el Congreso al país.

El propósito de esta iniciativa, impulsada por el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa y el liberal Juan Fernando Reyes, es que exista una base de datos en la cual estén alojadas las historias médicas de todos los colombianos y que los profesionales de la salud solicitan al comienzo de toda cita.

Sobre esta iniciativa, Motoa ha dicho que la incorporación de la historia clínica en una base de datos ayudaría no solo a agilizar las consultas, sino también a combatir la corrupción que ataca el sistema de salud, ya que sería más difícil falsificar incapacidades médicas o facturar medicinas para supuestas enfermedades que estarían registradas en estas bases de datos.

El registro, que deberá coordinar el Ministerio de Salud, debe estar al servicio de todas las entidades prestadoras de salud y los únicos que podrían hacer modificaciones serían los mismos médicos.

La norma obliga a que quienes sean condenados por delitos de corrupción tengan que pagar sus penas en cárceles y no puedan acceder a beneficios de reclusión.

Esta iniciativa es considerada como uno de los proyectos claves del paquete anticorrupción pues uno de los principales reclamos en el país radica en los beneficios como casa por cárcel o detención en guarniciones militares que se les otorgan a muchos de los corruptos condenados. 

Los llamados ‘elefantes blancos’, que no son más que las obras públicas que nunca se terminan, pasarán a partir del próximo año a ser parte de una ‘lista negra’ a la que podrán acceder los colombianos y que estará en manos de la Contraloría. Así lo decidió el Congreso en un proyecto de ley que superó todo su trámite.

La idea es conocer la ubicación y el estado de esas obras para apoyar en la toma de decisiones.

La implementación de la iniciativa tiene cuatro etapas: En la primera se elaborará el registro nacional de obras civiles inconclusas, proceso que se realizaría en un año. La segunda etapa se da cuando las entidades responsables empiecen a intervenir. La tercera etapa establece que cada año se debe actualizar el registro y la cuarta etapa especifica que cada plan de desarrollo deberá incluir este registro, para tomar decisiones.

Se prohíbe el porte y el consumo, incluso de dosis mínima, en los parques de Colombia; la segunda, en los perímetros de los centros educativos, y la tercera, en estadios, polideportivos, pistas de patinaje, etcétera”, afirmó el congresista.

Hay, además, dos habilitaciones, una para los alcaldes del país y otra para los conjuntos residenciales, para que hagan sus propias regulaciones en los espacios adicionales que consideren necesarios.

La idea de la norma es que todos los tratamientos médicos que requieran las personas víctimas de ataques con ácido y otras sustancias corrosivas sean pagadas por el Estado, para lo cual se crean una serie de medidas que obligan a las EPS a brindar este tipo de atención.

Igualmente se propende para que haya en Colombia las tecnologías e insumos necesarios para avanzar en dichos tratamientos. El Gobierno Nacional quedó conminado a reglamentar “medidas y mecanismos que posibiliten el a la formación para el trabajo, a la oferta pública de empleos y la oferta privada” para quienes hayan sido víctimas de estos ataques.

Brindarles locales de trabajo, alternativas laborales y capacitación en el Sena a los vendedores informales son algunas de las disposiciones de la llamada ‘ley de la empanada’, elaborada por el partido Mira. La idea es que estos vendedores paguen por el uso del espacio público, y esos recursos serían destinados para el propio beneficio del vendedor.

No poder recibir subsidios del Estado o aspirar a cargos públicos ni salir del país o efectuar trámites migratorios son algunas de las sanciones a las cuales se enfrentarán los padres que se cuelguen en el pago de la cuota alimentaria de sus hijos. La iniciativa, de la senadora Maritza Martínez, crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), una especie de ‘datacrédito’ para quienes se atrasen en las cuotas.

Se establece que, desde 2023, la segunda vuelta para elegir alcalde de Bogotá se empezará realizar en dos vueltas cuando ninguno de los candidatos alcance los votos mínimos. Estipula que "el alcalde mayor de Bogotá será elegido por el 40 por ciento de los votos, siempre que sobrepase al segundo candidato más votado por 10 puntos".

Si no se alcanzan los votos mínimos, se debe realizar una segunda vuelta entre los dos candidatos con más sufragios.

El objetivo de la norma es cerrar la brecha jurídica que hoy discrimina a las personas con discapacidad, vulnerando sus derechos e impidiéndoles ser tratados en igualdad de condiciones. Permite que las personas en condición de discapacidad puedan realizar transacciones bancarias, escoger su lugar de residencia, realizar una compraventa, elegir un tratamiento médico, entre otras decisiones. La norma regula, también, los apoyos que tendrá esta población para facilitar su toma de decisiones.

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