Katherine Miranda: 'Veo desfavorable hacerle más modificaciones al gabinete de Petro'

Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde, habló con EL TIEMPO sobre la reanudación de las sesiones del Congreso en un semestre clave para las reformas sociales del Gobierno.

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En la Cámara de Representantes duramos ocho meses para sacar los dos debates de la reforma de la salud. El 2023 completo fue para sacar esa reforma en la Cámara. En cuatro meses que tiene el Senado para dar esta discusión, lo veo muy difícil. Los tiempos están demasiado apretados, pero, sobre todo, el Congreso y el Senado no tienen los elementos suficientes para tomar una decisión de manera adecuada.

No tenemos el concepto de viabilidad fiscal de esta reforma. Simplemente lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda fue presentar unos escenarios financieros de cómo sería la reforma, pero hoy no tenemos claridades de si va a costar 104 billones de pesos o 140 billones de pesos ni de dónde va a salir la plata. Hay una gran incertidumbre sobre el sistema de salud y esa falta de claridad en el Senado creo que va a hacer que no se genere el debate de manera apresurada. Creo que esta discusión tiene que ser absolutamente amplia y con una apertura de mente, donde el Gobierno esté dispuesto a ceder a puntos tan álgidos como es el tiempo de transición. Es completamente irresponsable hablar de dos años, cuando los expertos dicen que mínimo debe de ser de siete a 10 años.

Ha sido evidente que el Presidente no se ha sentido cómodo con los nombramientos que ha hecho en el gabinete y ha sufrido bastantes cambios. Me preocupan, realmente, la estabilidad del Gobierno Nacional y la curva de aprendizaje. Los ministros que están desde el 7 de agosto de 2022 ya superaron esa curva de aprendizaje y hoy están ejecutando, hoy están trabajando. Pero el modificar cada dos o cinco meses el gabinete implica para los nuevos ministros empezar de cero. Considero que parte de la poca o nula ejecución que se tuvo en 2023 obedece a que no hay una estabilidad dentro de las carteras. Si van a hacer más modificaciones en el gabinete, lo veo desfavorable.

Me preocupa muchísimo es el impacto que va a tener, sobre todo, en las empresas pequeñas, medianas, en los emprendimientos que quieren estar en la legalidad, tener empleados con todas las prestaciones. Lo que vamos a ver con esta reforma, si no se logra hacer una diferenciación en cómo se va a aplicar, los que van a terminar sufriendo son estos emprendimientos.

La estabilidad laboral, el pago de extras, nocturnos, dominicales, festivos lo pueden asumir perfectamente empresas grandes, cosa muy diferente en las pequeñas empresas. Si a usted se le incrementa el valor de lo que le cuesta un empleado en un 30 por ciento, que es el estudio que hace el Banco de la República, ese incremento lo puede asumir una empresa grande, pero ¿qué va a pasar con una panadería, una peluquería, un emprendimiento? No van a poder asumir tan fácilmente ese incremento. Tendrán que sacar a una, a dos personas de su emprendimiento. El Banco de la República dice que el impacto que podría tener la reforma es la pérdida de entre 400.000 y 700.000 empleos.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo salomónicamente en un debate que le hicimos en la Comisión III de la Cámara que esos empleos no se iban a perder, que iban a pasar de la formalidad a la informalidad. Eso no es aceptable, y el Congreso tiene que rechazar cualquier medida que incremente la informalidad. La reforma está muy bien intencionada y hay que mejorar las condiciones laborales, pero no puede ser el detrimento de la estabilidad laboral en el país. Le falta algo que incentive el empleo. La reforma debe partir de una discusión entre los empresarios y el Ministerio. La primera reforma que se presentó sí surtió ese trámite, la segunda no lo tuvo. Ya empezamos a tener unos vacíos jurídicos que son graves y, para mí, además, son insubsanables en una revisión en la Corte Constitucional.

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Sí está existiendo una crisis de institucionalidad, pero no generada por los entes de control ni por las altas cortes, sino por el mismo Gobierno, que está desconociendo las facultades que hoy tiene, por ejemplo, la Procuraduría. Claro que me hubiera gustado que esta hubiese actuado con igual celeridad en otros episodios en el gobierno Duque. Sin embargo, la Procuraduría tiene todas las facultades para sancionar y suspender funcionarios públicos. No es posible tener una doble moral y celebrar cuando se suspenden funcionarios que son de líneas políticas ajenas a las del presidente Petro, pero decir que hay persecución cuando se trata de funcionarios de su gobierno... Todos los colombianos debemos trabajar en cómo se rodea esa separación de poderes y la institucionalidad del país.

Creo que Colombia, a lo largo de su historia, ha mostrado que es absolutamente sólida en sus instituciones y que el país es profundamente democrático. Tanto así que hoy tenemos a Gustavo Petro en la Presidencia. Esto es un discurso un poco para justificar parte de la inacción que ha tenido el Gobierno Nacional. Las instituciones, a pesar de que han sido lideradas en algunas ocasiones por personas bastante cuestionables, han sido sólidas y han sancionado a personas tanto de izquierda como de derecha, de arriba, de abajo, de todos los colores. Esta misma Corte, que en su momento imputó al expresidente Uribe, fue aplaudida. Es esta misma Corte la que hoy cuestionan porque se está dando un tiempo prudente para elegir fiscal. Hay que tener un respeto por las cortes, por la separación de poderes, y no es la primera vez que la Corte se va a tomar un tiempo.

Mateo García 

REDACCIÓN POLÍTICA