Acuerdo de Escazú: las claves para entender el tratado aprobado en el Congreso

“Ha sido aprobado como ley el Tratado Internacional de Escazú, que busca proteger el medioambiente y a los ambientalistas. Felicitaciones al Congreso y a la sociedad colombiana”, dijo el presidente Gustavo Petro tras la aprobación, en la noche de este lunes, en el Congreso de la República de este acuerdo internacional.

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Escazú es un tratado desarrollado por 24 países de América Latina y el Caribe que busca mejorar “el a la información, la participación pública y el a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”, según señala el texto del acuerdo.

“Esperamos honrarlo con un plan de implementación para que podamos tener más participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales y defender a quienes defienden el ambiente”, dijo la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

Actualmente Escazú, que se adoptó en el año 2018, solo ha sido ratificado por 13 de los 24 países que lo desarrollaron. Colombia, que participó en sus inicios y posteriormente lo firmó, será el país número 14.

El “Acuerdo Regional sobre el a la información, la participación pública y el a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe” fue adoptado en Escazú (Costa Rica), el 4 de marzo de 2018, por 22 países de la región.

¿Con qué propósito? Para “garantizar el derecho de todas las personas a tener a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados”, según dice la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).

¿De qué se trata? El Acuerdo de Escazú es una herramienta jurídica que busca proteger el medioambiente y los derechos humanos en América Latina y el Caribe.

¿Por qué en esta región? Sus defensores dicen, con cifras en la mano, que esta una de las regiones más megadiversas del mundo y a la vez es una de las más peligrosas del mundo para los defensores del medioambiente.

Aunque Colombia firmó el Acuerdo de Escazú el 11 diciembre de 2019, este no se ha implementado, pues su proceso de ratificación se tardó en el Congreso. Ahora, con la coalición de gobierno que respalda las políticas del presidente Petro, se avanzó primero en Senado y ahora en la Cámara de Representantes.

¿Qué dicen quienes defienden y quienes critican Escazú? Además de proteger a los ambientalistas, Escazú también busca garantizar la mejor aplicación de políticas ecológicas, garantizar los derechos ambientales y salvaguardar la biodiversidad en tiempos de emergencia climática, dicen sus defensores.

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Sin embargo, durante su aprobación en el Congreso hubo un intenso debate porque hay quienes se oponen a su ratificación. Desde esta orilla, aseguran que el tratado pone en riesgo la soberanía del país.

Desde esta posición, en el paso por el Congreso estuvo, por ejemplo, María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, partido que desde que Escazú inició su proceso para ser ratificado en el país ha manifestado estar en contra del texto.

En su intervención en el debate, la senadora Cabal enfatizó en que incorporar el acuerdo a la legislación nacional pone en riesgo la soberanía del país porque los litigios internos pasarían a cortes internacionales.

En su momento, la congresista le dijo a EL TIEMPO que su crítica férrea al acuerdo se debe a que este, según ella, es el primer tratado del mundo que genera una fusión entre los derechos ambientales y los derechos humanos, lo que afecta la soberanía jurídica del país y a las empresas interesadas en invertir en Colombia.

"Si hay una disputa interna entre un individuo u organización nacional o extranjera, contra una empresa, sea minera, petrolera, o de gas, ese litigio debería agotar los recursos internos que ya existen, porque en Colombia hay hipernormatividad, está sobrerregulado todo el tema ambiental. Aquí, Escazú lo que genera es antinomia jurídica, genera confusión, y la confusión genera inseguridad. ¿Qué sucede? Que cualquier litigio se puede acudir a la Comisión Interamericana para que a través del principio precautorio se dicten medidas cautelares y se frene el proyecto", dijo la congresista.

"(Esta normativa lo que hace) Es volvernos a la Edad de Piedra, para que vivamos en las cavernas. Para que no tengamos la posibilidad de que a través de la razón que nos dio Dios podamos usar y transformar los recursos naturales y mejorar la calidad de vida. Aquí cada vez más se va degradando el ser humano como depredador, en vez de entender que la naturaleza existe para que la vida exista. Pero que el ser humano es un ser superior en cuanto a que está dotado de inteligencia y capacidad de racionamiento", agregó ella.

En el Centro Democrático, luego de un minucioso estudio jurídico y político, aseguraron que Escazú se traduce en una pérdida de soberanía por tratarse de un acuerdo que supone la prevalencia del derecho internacional sobre el orden interno.

Estas afirmaciones, sin embargo, son rechazadas por ambientalistas que han impulsado desde ONG la ratificación del Acuerdo de Escazú en el país, y tildaron de desinformación estos argumentos.

La senadora del Pacto Histórico y líder ambiental Isabel Zuleta afirmó que la ratificación del Acuerdo de Escazú hace parte de un proceso de integración regional y que traerá más inversión al país, debido a que los grandes bancos y empresas solicitan cada vez más este tipo de garantías cuando se realizan proyectos que tienen algún tipo de impacto ambiental.

“El Acuerdo de Escazú genera seguridad jurídica y confianza en los inversionistas, porque es claro que en el contexto internacional la protección de líderes ambientales y del medioambiente se vuelve una prioridad y, además, un plus para las empresas. La economía se dinamiza si hay reglas claras y rigurosidad, pero también si hay una integración latinoamericana”, argumentó la congresista.

Para ella, aunque hoy Colombia cuenta con un marco normativo amplio en temas ambientales, el a la información no es tan sencillo para las comunidades y eso, en su concepto, ha permitido que en el país se realicen obras que afectan gravemente los recursos naturales sin que las personas que buscan el cuidado de estos puedan hacer algo al respecto.

“Un ejemplo claro, que vivimos nosotros las comunidades afectadas por Hidroituango, es que no tenemos a los estudios que nos dan garantía para la vida. El estudio del macizo rocoso es un ejemplo de que es fundamental para nosotros tener seguridad sobre el territorio, sobre los bienes y las viviendas”, dijo.

Otro aspecto que resaltó Zuleta es el de los líderes ambientales que, como ella, han sido amenazados por su labor. Colombia ha sido por dos años consecutivos el país más peligroso para ser defensor ambiental en el mundo, y de acuerdo con la congresista, la entrada en vigor de Escazú en el país generaría un escenario de mayor protección y atención a los conflictos ambientales del país.

De acuerdo con Natalia Gómez, asesora de política climática de EarthRights International, y quien ha trabajado por la incorporación del acuerdo a la legislación nacional, si bien es cierto que Colombia cuenta con un marco legal que ha venido robusteciéndose en los últimos años, la llegada del Acuerdo de Escazú no afectará la soberanía y, en cambio, sí ayudaría a fortalecer la gobernanza ambiental.

La experta destaca que el acuerdo regional es un ejemplo del trabajo conjunto que es necesario para mejorar la forma en la que se concibe el desarrollo y su relación con el medioambiente.

Eso, dijo ella, teniendo en cuenta que la crisis ambiental no es solo una problemática de un país, sino que es algo que debe enfrentarse entre todas las naciones del mundo y acuerdos como este (el primero de su tipo en la región) son claves para lograr ese objetivo.

Por su parte, Vanessa Torres, subdirectora de la ONG Ambiente y Sociedad, considera que el tratado permite a los ciudadanos tener de manera sencilla y efectiva a información sobre el desarrollo de proyectos que impacten el ambiente en el que habitan y además busca proteger a los líderes ambientales en el país más peligroso para proteger los recursos naturales del mundo, que es Colombia.

“Nosotros, en el ejercicio como abogados y defensores de derechos humanos, sabemos lo complejo que es acceder a esta información técnica si no tienes los conocimientos en estos términos. Entonces, con el Acuerdo de Escazú la idea es fortalecer cada uno de estos derechos de quitando las barreras que existen normalmente en el marco normativo nacional, porque pese a que existen muchísimas normas, estas no son efectivas”, le dijo en su momento Torres a EL TIEMPO.

El tratado fue firmado por 24 países de América Latina y el Caribe, de los cuales 13 ya lo han ratificado; entre ellos Bolivia, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Panamá, Argentina, Chile, Ecuador y México.

“Se logró en 63 días lo que no se había logrado en tres años. Agradecimiento a las mayorías del Congreso”, finalizó Muhamad, quien dijo que a partir de ahora arrancarán la ruta de implementación, mientras la Corte Constitucional avanza en la ratificación.

¿Qué viene ahora? Queda pendiente la conciliación del texto con el Senado y la revisión del mismo por parte de la Corte Constitucional, antes de pasar a sanción presidencial.

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