Robo sin control

El fenómeno de invasión y loteo de tierras que pertenecen al Estado sigue sin control. El número de hectáreas que en Bogotá caen en manos de bandas delincuenciales se cuentan por miles. Solo en Ciudad Bolívar existen más de 12.000 invasiones ilegales en 648 hectáreas, según reportes de la misma Secretaría de Hábitat. Lo mismo sucede en localidades como San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero, Usaquén o Suba. Prácticamente están en toda la ciudad. Se extienden como una mancha que lo cubre todo y terminan golpeando a la población más pobre y vulnerable.

Se conocen como los ‘tierreros’, y su modus operandi incluye una cuidadosa y detallada estrategia para identificar zonas susceptibles de ser invadidas, encerradas, loteadas y vendidas a personas con necesidades de vivienda y que dejan ahí los ahorros de toda una vida. Pero no actúan solas. Su poder es tal que las autoridades les atribuyen nexos con grupos de exparamilitares y de otras organizaciones armadas, además de la complicidad de funcionarios públicos, notarios, abogados, entre otros.

Los ‘tierreros’ se han convertido en un dolor de cabeza para los gobiernos, que pagan los platos rotos cuando deben proceder a desalojos que generan conmoción en los medios de comunicación, pese a que muchos de ellos se ubican en zonas de alto riesgo o en lotes y predios destinados previamente para obras públicas. Hace unas semanas, dos hechos lamentables dieron cuenta de los alcances que tienen estas organizaciones delictivas, sin que las autoridades consigan desvertebrarlas de forma definitiva.

En Altos de la Estancia fueron desalojadas un centenar de personas que se habían ubicado allí de forma irregular tras ser engañadas por los ‘tierreros’. Poco después, otro desalojo, de unas 500 personas, tuvo lugar en el parque Entrenubes, en San Cristóbal, cuando intentaron levantar allí varias construcciones ilegales. Al verse sorprendidos por las autoridades, los promotores de estas optaron por quemar 18 hectáreas de bosque nativo.

Como se ve, no se trata de una organización cualquiera. Los ‘tierreros’ llevan décadas en un negocio de robo, estafa y complicidades peligrosas, incluso, con bandas dedicadas al negocio del microtráfico en las zonas que controlan, según lo ha denunciado el propio secretario de Seguridad. Por lo mismo, las autoridades no pueden ser inferiores a la hora de combatirlas. Más que desalojos, que son necesarios, es importante una cuidadosa labor de inteligencia que permita rastrear las intrincadas conexiones de un grupo criminal de estas características. No debe haber tregua en esta tarea.

El Distrito debería llevar una cuidadosa contabilidad de los predios que posee y garantizar su protección y cuidado. Y ello incluye los que fueron adquiridos de tiempo atrás para parques, vías y plazoletas que luego no se hacen. Es lo que ha pasado con la Avenida Longitudinal de Occidente: hace 30 años fue proyectada, con terrenos adquiridos hace 20 y una ejecución que nada que concluye. Al contrario, gobiernos pasados permitieron construcciones ilegales en esos mismos predios, pagados con recursos de los ciudadanos. No ejecutar las obras es otra forma de dejarles las puertas abiertas a los avivatos y los hampones.

EDITORIAL