Que en aras de la paz los colombianos hemos tenido –y probablemente volveremos a tener– que tragarnos enormes sapos queda evidenciado por estos días con la imagen del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso saliendo libre, después –hay que decirlo– de 18 años de privación de la libertad en cárceles de Colombia y de Estados Unidos.
Fue Mancuso el segundo al mando de las temidas hordas paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que, especialmente en el periodo entre 1996 y el 2005, sembraron el terror a través de masacres, desplazamientos forzados, violencia sexual y otros crímenes en vastas regiones del país. Como muchos de sus socios en la guerra y el narcotráfico, accedió a desmovilizarse en el proceso de paz adelantado por el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y terminó sometido a la jurisdicción de Justicia y Paz, la primera experiencia del país en materia de justicia transicional –es decir, poca o ninguna cárcel para los victimarios a cambio de verdad, justicia y reparación–.
Extraditado a Estados Unidos por su papel como capo del narcotráfico, regresó a Colombia en febrero pasado, cobijado por un polémico nombramiento como ‘gestor de paz’ del gobierno de presidente Gustavo Petro, decisión que ha generado en muchos sectores el temor de que afirmaciones de Mancuso que en estos últimos 20 años no han sido respaldadas por pruebas terminen siendo, en realidad, la punta de lanza de una estrategia de revanchismo y aprovechamiento político.
El Estado y la sociedad deben estar atentos para evitar que la generosidad del país en los procesos de paz sea desviada con fines protervos.
Son muchas las voces que se han pronunciado en contra de la libertad de Mancuso. Señalan, no sin razón, que, incluso, esos 18 años preso –varios más que algunos de sus pares en las Auc que empezaron a recuperar su libertad hace 7 años– de lejos no son suficientes frente a la magnitud de sus crímenes: masacres como las de El Aro, La Granja, El Salado, Catatumbo y muchas más que dejaron miles de víctimas. Al menos dos mil casos que causaron centenares de miles de desplazamientos forzados y, al final, un imperio criminal que decidió sobre vidas y haciendas en más de medio país.
Fue también Mancuso uno de los cerebros de la ‘parapolítica’, que llevó a la elección espuria de congresistas, gobernadores y alcaldes. Ese papel le permitió después destapar ante la justicia el escándalo de la mencionada ‘parapolítica’, de la que fue hace ya más de 15 años uno de los principales ventiladores.
Ha dicho Mancuso que pedirá permiso para buscar en territorio venezolano las tumbas de víctimas de su máquina de guerra en el Catatumbo y que su intención es generar espacios para la reconciliación. Es clave que cumpla, que haya una verdad real, ahora desde la libertad, condición que no han perdido nunca –a pesar de ser responsables de crímenes y negocios ilegales equiparables– los exjefes de las Farc, varios de los cuales han estado en el Congreso desde la firma de la paz en 2016.
Uno y otros antiguos victimarios encarnan, a la vez, la historia del horror de la guerra y la decisión de firmar la paz y de cumplir lo pactado. A la sociedad y al Estado colombianos corresponde cumplir también esos compromisos, sin dejar nunca de lado los derechos de miles y miles de víctimas y, también, estar atentos para evitar que la generosidad del país en los procesos de paz sea desviada con fines protervos.