La ‘ley empanada’

La constante de los escándalos mediáticos es que estos se olviden con asombrosa rapidez, sin dejar siquiera rastro ni, menos, aprendizajes. El famoso episodio en el que un ciudadano recibió un comparendo por comprar una empanada a una vendedora informal fue una feliz excepción.

Fruto del debate que este hecho generó es la ley sancionada el lunes por el presidente Iván Duque. La presentó el partido Mira, y bien puede calificarse de oportuna: era urgente armonizar el derecho al trabajo de esta población –de la que hacen parte alrededor de un millón y medio de colombianos–, con el del goce y disfrute del espacio público de los demás.

La ley obliga a los ministerios del Trabajo y del Interior a formular una política pública, de la mano con los ambulantes, para que estos puedan contar, por fin, con reglas claras sobre el ejercicio de su actividad y también con alternativas de trabajo formal, junto con programas que les garanticen el mínimo vital.

Esto es positivo, por supuesto. Es clave que esta norma reconozca al vendedor informal como sujeto de derechos. Y no menos importante, que estos podrán acceder más fácilmente a los mecanismos de protección social.

Dicho lo anterior, hay que hacer votos para que todo lo que esta disposición contiene pase exitosamente del papel a los hechos. Y es que son incontables las iniciativas para ayudar a los informales que han fracasado en el pasado.

De ahí la necesidad de que esta nueva batalla contra la informalidad –fenómeno en el que muy pocos ganan y muchos perdemos– cuente con el concurso decidido y constante de todos. Del Estado, claro, obligado por la ley a actuar, pero también de quienes se van a ver beneficiados por las políticas y los programas que deberán darles un voto de confianza y evitar atajos; de las empresas formales que en ocasiones sacan provecho de las zonas grises en las cuales se mueven las ventas informales, y de la misma ciudadanía.