La informalidad

Uno de los desafíos más complejos de la reactivación de la economía colombiana ha sido la sincronización del dinamismo en las actividades productivas con la generación de puestos de trabajo. Este objetivo es tan retador que el retorno a los niveles de empleo previos a la irrupción del coronavirus no basta, ya que el panorama laboral del 2019 no era el mejor. Los más recientes datos de empleo y de informalidad publicados por el Dane evidencian avances esperanzadores, pero también dejan en claro que aún falta mucho por hacer en ambos frentes.

En relación con la informalidad, las cifras conocidas esta semana ratifican esa disminución, pero el tamaño del problema sigue siendo un reto. De acuerdo con la entidad estadística, el mercado laboral reportó para el trimestre móvil de diciembre de 2021 a febrero de 2022 una reducción de la informalidad de 3,7 puntos porcentuales, para llegar al 44,6 por ciento. En el caso de las trece principales ciudades, la reducción fue de 3,9 puntos porcentuales para así registrar una tasa de 43,3 por ciento con respecto a la del mismo período del año pasado.

Colombia cuenta entonces con 11,2 millones de trabajadores en los 23 dominios urbanos más grandes: 6,2 millones son formales, y poco más de cinco millones son considerados informales. El mismo reporte identifica a Sincelejo (65,5 por ciento), Cúcuta (65 por ciento), Riohacha (63,7 por ciento) y Florencia (62,8 por ciento) como las ciudades con mayor porcentaje de trabajadores informales dentro de toda su población ocupada. Les siguen otras capitales del Caribe como Cartagena, Valledupar, Santa Marta y Montería.

Otro abordaje de la situación de informalidad es el de la seguridad social. Según el Dane, mientras el 93,3 por ciento de los ocupados en las 13 grandes ciudades están afiliados a salud, solo el 57,6 por ciento cotiza a pensión. El 63,9 por ciento de la población ocupada aporta al régimen contributivo, y uno de cada cinco ocupados está en el régimen subsidiado. En Bogotá, la ciudad con menor tasa de informalidad, la tasa es de uno de cada tres trabajadores.

Es claro que la reactivación de la economía está no solo generando puestos de trabajo, sino reduciendo en algunos puntos porcentuales la condición de informalidad, esto es, empleo de una mejor calidad. No obstante, el ritmo de reducción es lento y una tasa del 44,6 por ciento a nivel nacional es muy alta. El mercado laboral colombiano –con poco menos de la mitad de sus trabajadores sin todas las condiciones, protecciones ni beneficios– necesita de manera urgente la adopción de reformas.

Junto con el empleo, la lucha contra la informalidad debe integrar las prioridades más urgentes del próximo gobierno. Las empresas y los negocios de todos los tamaños son los creadores más dinámicos de puestos de trabajo –en especial los más pequeños– y necesitan mayores incentivos para avanzar en su formalización. Existe, además, un consenso dentro de las distintas aspiraciones a la presidencia de la República en que se requieren acciones específicas para poblaciones como las mujeres y los jóvenes, impactados con mayor dureza en su empleabilidad por la pandemia de covid-19. Tanto un trabajo como la seguridad social asociada a su formalidad son condiciones cruciales en la disminución de la pobreza que trajo la actual crisis económica.

EDITORIAL