No faltaron las expresiones de sorpresa en las más diversas latitudes hace pocos días, después de que el régimen de Nicolás Maduro anunció la designación del barranquillero Álex Saab como ministro de Industria y Producción Nacional. Llama la atención que alguien que hace un año parecía encaminado a una larga condena en una cárcel estadounidense, tras haber sido acusado de lavado de dinero y extraditado desde África, ahora integre el gabinete del cuestionado gobierno bolivariano.
No obstante, todo parece aceptable en el Palacio de Miraflores, que sigue adelante con su estrategia de rodearse de aquellos que considera más leales, tras cometer el incuestionable fraude electoral de julio pasado. Ciertamente, las fichas del ajedrez se mueven en una istración dispuesta a lo que sea necesario para mantenerse en el poder después de enero, cuando finaliza el periodo del mandato actual de Maduro, a pesar de la abrumadora condena de la comunidad internacional.
Aun así, el nombramiento del empresario de origen colombiano va mucho más allá de un reposicionamiento de fichas. En el país vecino los analistas tomaron nota del descabezamiento de Pedro Tellechea, sustituido por Saab, quien acabó siendo detenido pocas horas después del cambio al ser sindicado, entre otras, de haberle entregado información sensible a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE. UU. Los que saben del asunto aseguran que ahí hay mucha tela para cortar.
Lo sucedido confirma los peligros que surgen cuando un emporio público es manejado como un apéndice de quien ostenta el poder.
El motivo es que el defenestrado coronel de 48 años cayó en desgracia a consecuencia de lo que hizo mientras ostentó el doble rol de ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que otrora fuera una de las empresas de mostrar en América Latina. Aún disminuido, el conglomerado es fundamental para la supervivencia del régimen, al ser su principal fuente de divisas y ejecutor de numerosas iniciativas.
La estatal venezolana también es el epicentro de incontables escándalos de corrupción. Tan es así que un régimen que no se destaca por su pulcritud decidió aplicar castigos presuntamente ejemplarizantes dentro de sus propias filas. Cuatro de los últimos directivos de Pdvsa han sido señalados de la desviación de miles de millones de dólares, incluyendo al poderoso de antaño Tareck El Aissami, actualmente tras las rejas.
Lo sucedido confirma los peligros que surgen cuando un emporio público es manejado como un apéndice de quien ostenta el poder. Aunque de menor magnitud que el descalabro venezolano, los ejemplos de la mexicana Pemex durante la presidencia de Enrique Peña Nieto o de la brasileña Petrobras en el periodo de la destituida Dilma Rousseff confirman que la venalidad aparece en el momento en que los técnicos les dan paso a personajes no necesariamente bien calificados, comenzando por juntas directivas que pisotean los principios del buen gobierno corporativo y se pliegan a los deseos o las presiones de los es.
¿Y quién paga el precio de tanta incompetencia? Los ciudadanos. Si acaso, la única compensación es que, al cabo del tiempo, parte de aquellos que han cometido excesos acaban en una cárcel. En su momento Tellechea parecía intocable, pero le acabó llegando la hora de responder. Lecciones que refuerzan la importancia de fortalecer gobiernos corporativos alejados de las intromisiones de la política y concentrados en la idoneidad técnica y la transparencia.