Implementar y avanzar

Hoy se vence el plazo para que los cotizantes a pensión que devenguen más de 2,3 salarios mínimos mensuales y no cumplan las condiciones para ser parte del régimen de transición hagan la elección de la entidad que istrará los recursos que superen ese tope. Llamadas Accai as del Componente Complementario del Ahorro Individual, estas entidades nacen de la reforma pensional Ley 2381 de 2024 y hace una semana cuentan con sus licencias de operación.

Esta selección, que cubre un universo de unos 400.000 afiliados en Colpensiones, constituye el primer hito de la implementación de la reforma pensional. Con la entrada en vigor por ley el próximo primero de julio, dentro de cinco meses y medio, el desarrollo de la reglamentación y puesta en marcha del nuevo sistema de pensiones adquiere mayor urgencia y relevancia.

Este proceso, liderado por el Gobierno Nacional, a cargo de varias entidades y de los actores privados, debe ganar velocidad, pues el reloj corre. Tampoco debe afectar su ritmo la revisión de exequibilidad que hoy está en manos de la Corte Constitucional, que ha recibido alrededor de 140 demandas a la reforma, con varios argumentos de peso en torno a los procedimientos en el Congreso, vicios de forma y fondo, entre otros. Sin importar lo que fallen los magistrados sobre la constitucionalidad de la reforma, su definición tendrá que ser respetada y acatada.

Hay mucho en juego en la implementación de la reforma pensional. No solo se trata de una drástica transformación del sistema de seguridad social y protección a la vejez de la Nación para millones de colombianos, sino de una de las más simbólicas apuestas del gobierno Petro que han sido aprobadas en el Legislativo. La Casa de Nariño no puede escatimar ningún esfuerzo ni recurso para asegurar que, el próximo primero de julio, el país experimente una transición fluida y sin problemas a esta nueva arquitectura institucional.

Los reportes iniciales del Comité de Transición Operativa –integrado por Colpensiones, las as de fondos de pensiones, la Superintendencia Financiera y los ministerios de Hacienda y Trabajo– reflejan una hoja de ruta de la implementación de la Ley 2381 con 59 hitos. Distintos procesos en torno a la afiliación, las historias laborales, los traslados, el recaudo, la cartera, la prestación pensional y la atención al afiliado requieren desplegarse con éxito dentro del apretado cronograma.

Las preocupaciones por el corto período de transición hasta julio y por las complejidades de un nuevo sistema pensional estuvieron presentes en el debate parlamentario. De hecho, el pasado 19 de diciembre, la Procuraduría reiteró sus advertencias sobre las capacidades de Colpensiones para soportar las responsabilidades que la ley le ha asignado.

Aunque los actores encargados de esta primera fase están desplegando sus esfuerzos en materia de pedagogía, hay que reconocer que los ciudadanos siguen con muchas preguntas. En ese frente y en el de la implementación hay mucho por hacer. A varios decretos reglamentarios pendientes se deben sumar importantes definiciones en torno a la istración del fondo de ahorro, regímenes de inversiones, mecanismos de aseguramiento, entre otros aspectos. Estos distintos hitos tecnológicos, operativos, normativos y comunicativos deben cumplirse a tiempo. Un gran reto.