Comenzó ayer en Barranquilla el Congreso Colombiano de la Construcción, que reúne a los integrantes del sector edificador. No resulta ninguna exageración señalar que esta cita anual ocurre en medio de una coyuntura particularmente difícil, la cual contrasta con las buenas cifras de periodos anteriores.
Los datos hablan por sí solos. En lo que atañe a la vivienda –cuyo comportamiento determina el rumbo de la actividad–, el acumulado de las ventas de 2023, con cierre a septiembre, se ubicó en 99.501 unidades, casi la mitad de las 191.469 registradas en igual periodo del año precedente. Es inquietante que el mayor declive esté en el segmento de la vivienda de interés social (VIS), que adquieren los colombianos de menores ingresos.
Para un país que arrastra un déficit habitacional considerable, dicha evolución es una muy mala noticia. Desde el punto de vista social quiere decir que menos familias han logrado hacer realidad el sueño de contar con una casa propia. Y desde el económico, resulta inquietante que un renglón clave en la generación de empleo y los encadenamientos industriales esté de capa caída.
Existen diferentes razones para entender el comportamiento descrito. No hay duda de que la lucha para contener la inflación, que pasa por el aumento de las tasas de interés, ha encarecido los créditos, incluyendo los hipotecarios. También es evidente que la economía anda a un ritmo mucho más lento, lo cual golpea la realidad de los hogares.
Aún es posible evitar lo peor, pero debe haber un diálogo constructivo sector privado y Gobierno, y poner manos a la obra cuanto antes.
A lo anterior se le agrega una política pública que ha dado bandazos, con las consecuentes señales negativas. En lugar de mantener una estrategia de subsidios que había probado ser muy exitosa, la istración se empeñó en hacer correctivos que ocasionaron confusión tanto entre los constructores como entre el público.
Si bien al cabo de unos meses se empezó a enmendar la plana, las cosas claramente no van bien. Así lo demuestra el número de desistimientos –personas que se habían comprometido con la adquisición de un apartamento y decidieron no continuar con el proceso– que supera ya los 29.000, la gran mayoría colombianos de menores ingresos. De hecho, en la categoría VIS las renuncias muestran un incremento del 135 por ciento.
Semejante evolución impacta de manera directa los inicios de obra, con lo cual todo apunta a un bache prolongado. Ya las estadísticas confirman un alza en la desocupación de uno de los ramos que más contrata mano de obra no calificada.
Sin embargo, y no obstante que el Ejecutivo habla de poner en marcha estrategias contracíclicas para darle más aire a la economía, las decisiones no se ven. A pesar de que los gremios indicaron la necesidad de contar con recursos para la entrega de unos 72.000 subsidios con destino al programa Mi Casa Ya en 2024, en los debates presupuestales el número quedó cerca de los 50.000.
Más allá de los anuncios oficiales que hablan del impulso que tendrán entidades como el Fondo Nacional del Ahorro en una supuesta reactivación, el pesimismo es la nota predominante. Y el diálogo constructivo que debería darse entre sector privado y Gobierno sigue con diferencias y desencuentros que plantean todavía más interrogantes con miras al futuro. Aún es posible evitar lo peor, pero hay que conversar y poner manos a la obra cuanto antes.
EDITORIAL