El gran reto de este año

Con el final del puente de Reyes suele llegar el comienzo de las discusiones sobre las prioridades de los gobiernos para el año que apenas comienza. Para este 2024, como ya se ha dicho, hay una que difícilmente estará ausente en estos ejercicios: la seguridad.

El panorama es preocupante en todos los frentes. En territorios donde los grupos que se disputan el control de economías ilegales hay angustia por el incremento exorbitante de la extorsión, herramienta bien conocida a la que recurren los actores armados para aumentar sus ingresos al tiempo que amedrentan a la gente, logrando así un control social por las malas. En estas zonas también está disparado el secuestro –cifras iniciales apuntan a un aumento de alrededor del 70 por ciento entre el 2022 y el 2023–, delito execrable que revive dolorosos traumas de esta sociedad. Son frecuentes también los reclamos de asaltos en las carreteras, incluso en las vías fluviales, como ocurre en algunos tramos del Magdalena.

Las disputas por el control territorial y por el monopolio de negocios ilícitos también están presentes en contextos urbanos. La violencia derivada de estas pugnas se traduce en frecuentes homicidios en las calles e incluye episodios atroces como los cadáveres desmembrados hallados en el espacio público.

Capítulo aparte merece el hurto simple, el que más toca a la ciudadanía. Los robos de celulares son pan de cada día, y los videos que registran hurtos con violencia como los que protagonizan los infames fleteros, también. La percepción de inseguridad crece y, con algunas pocas excepciones, está respaldada en un aumento a la par de los principales indicadores.

Ante tal escenario, hoy más que nunca se pide a los gobiernos nacional y locales políticas claras y bien estructuras de seguridad urbana. Retomar herramientas que han demostrado efectividad, pero así mismo audacia, ir más allá de los consabidos anuncios de “instalar más cámaras”. Y, sobre todo, coordinadas. De nada sirven los esfuerzos aislados. Es tal la urgencia que si bien son bienvenidos diferentes enfoques conforme al perfil ideológico de cada gobernante –de eso se trata la democracia–, el objetivo de darle tranquilidad a la gente tiene que estar muy por encima de estas divergencias. Los derechos fundamentales de la ciudadanía, hoy amenazados, obligan a que las autoridades de los diferentes niveles prioricen resultados sobre debates.

Ligado a lo anterior está lo que sucede en zonas rurales, donde la confluencia de criminales empoderados y procesos de paz que no consiguen tener un norte común ha dado pie a confusiones y vacíos que se han traducido en una disminución de las acciones de la Fuerza Pública, para dicha de los ilegales. Es hora de que esto termine. De que se tenga una hoja de ruta clara de la ‘paz total’ que les dé a quienes portan las armas del Estado unas pautas claras que les permitan, como lo pide a gritos la gente, cumplir con su deber constitucional de defender la vida, honra y bienes de la gente. En este sentido, un llamado puntual: viene siendo hora de un corte de cuentas, y que se revalúe seriamente la continuidad de aquellos ceses del fuego que no han logrado aliviar la cotidianidad de la ciudadanía.

EDITORIAL