Llamado a la responsabilidad

Esta semana el Gobierno Nacional pisó el acelerador en el trámite de las reformas que transitan actualmente en el Congreso de la República. En primer lugar, la plenaria de la Cámara de Representantes logró debatir 71 artículos, prácticamente la mitad del proyecto de ley. Además, el Ministerio de Hacienda envió al Legislativo un concepto en el cual da el aval fiscal a la iniciativa gubernamental de la reforma del sistema pensional.

Estos avances del Ejecutivo en la discusión de su agenda parlamentaria ameritan varias reflexiones, que incluyen un llamado a la responsabilidad de representantes a la Cámara y senadores en los próximos momentos de los debates. La primera gira en torno a la importancia de los avales fiscales que el Ministerio de Hacienda debe otorgar a cada una de las iniciativas dentro del paquete de reformas. Los cambios, propuestos por la Casa de Nariño y discutidos por el Congreso, en el caso de ser aprobados desatarán transformaciones de tal magnitud en sus respectivos sectores que hacen que sean imprescindibles la claridad y la discusión sobre sus efectos en las finanzas públicas.

Más que un capricho de los técnicos –entre ellos exministros de Hacienda– o una ‘jugadita’ de la oposición, como lo tildan de forma miope quienes se oponen a un debate de fondo, la insistencia en estos avales parte de la necesidad de conocer de antemano las consecuencias sobre la sostenibilidad fiscal de la nación en el futuro. Esta comprensión será de inmensa utilidad no solo para que los congresistas dimensionen los impactos económicos de su voto, sino para sustentar la búsqueda de salidas consensuadas a las medidas más onerosas.

Un ejemplo de lo anterior parte del mismo aval concedido por la cartera de las finanzas públicas al proyecto de ley que reforma las pensiones. Según el Ministerio de Hacienda, “la propuesta implicaría un efecto fiscal neto que se acoge a las posibilidades financieras de la nación en el marco de las restricciones fiscales actuales y proyectadas”. No obstante, el mismo concepto calcula que el pasivo pensional subiría de 63 a 73 por ciento del PIB en 2070, esto es, unos 131 billones de pesos adicionales.

Como si fuera poco, siguiendo con las estimaciones gubernamentales, a 2100 la aprobación del actual proyecto de reforma desembocaría en un aumento de 42,2 puntos porcentuales del PIB, equivalente a más de 600 billones de pesos. En otras palabras, los propios cálculos del equipo económico del Gobierno Nacional proyectan –incluso bajo el uso de supuestos optimistas– que esta reforma, como hoy está presentada al Congreso, generará un sistema pensional inviable y costoso. Así, las discusiones que los legisladores darán alrededor de dicha iniciativa tendrán que introducir este complejo escenario fiscal futuro.

De ahí se deriva la segunda reflexión sobre la llamativa ausencia de ese mismo aval para el proyecto de ley de reforma del sistema de salud. El trámite de la mitad del articulado en el Congreso se llevó a cabo sin contar con tan crucial concepto. No obstante haber sido radicada hace ya varios meses, esta reforma no tiene en estos momentos ningún escenario desarrollado por el Ministerio de Hacienda que integre sus impactos futuros en materia fiscal.

De hecho, prácticamente desde la radicación del proyecto, gremios, académicos, expertos, ex altos funcionarios del sector salud y asociaciones médicas identificaron los aspectos financieros y económicos como uno de los pilares indispensables para cualquier rediseño del sistema de prestación de este servicio básico. Más aún, en paralelo con la discusión pública sobre la conveniencia de la reforma presentada por la istración Petro, el sector salud atraviesa, entre otras razones a raíz de tensiones financieras, lo que el exministro de salud Alejandro Gaviria califica como “la mayor crisis del sistema sanitario en 30 años”.

Además, decisiones de corte económico apuntalan la propuesta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) al Gobierno, que hoy revela este diario en entrevista con María Isabel Rueda. El gremio de las EPS acepta renunciar al aseguramiento y convertirse en gestoras, pero pide mayores detalles financieros para el plan de transición y la istración de los Centros de Atención Primaria (CAP), entre otros aspectos. En todo caso, y más allá del camino que tome la propuesta, sin una estimación de los costos fiscales de la aplicación de la reforma de la salud –que podría ascender a los 11 billones de pesos al año–, cualquier voto carecería del escenario completo.

En conclusión, los congresistas no deberían eludir el deber de evaluar los impactos fiscales del paquete de reformas antes de seguir avanzando en su votación. Se trata de poner en práctica la sensatez y evitar la improvisación. La discusión de costos que tienen un efecto profundo no se puede dar a última hora. Es una responsabilidad mayúscula con el país y la sociedad.

EDITORIAL