Asilo polémico

El asilo político es, por definición, una herramienta de protección destinada a resguardar a personas que enfrentan una amenaza real por razones de persecución política. Su valor humanitario y jurídico depende de su uso riguroso, transparente y excepcional. Por eso es comprensible la controversia por la decisión del Gobierno colombiano de asilar al expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien se refugió en la embajada de Colombia en Ciudad de Panamá tras ser condenado en su país a más de diez años de prisión por lavado de activos.

Sería lamentable que un recurso de esta trascendencia se use para blindar a figuras públicas poderosas que enfrentan procesos judiciales –como todo apunta– con suficientes garantías, especialmente cuando estos están ligados a delitos comunes y no a una persecución política genuina. Y, más allá de las tensiones diplomáticas que esto ha desatado con el Gobierno panameño, la decisión plantea dudas sobre los criterios y las motivaciones que tuvo la Cancillería al avalar esta solicitud. Ante estas inquietudes, el Gobierno debería explicar públicamente las razones jurídicas y políticas que sustentaron una determinación que ha dado pie a una comprensible controversia.

Decisiones como esta pueden tener, además, consecuencias de largo alcance. Si se percibe que el asilo se otorga de forma discrecional, sin estándares claros, se debilita su legitimidad y se le resta valor cuando verdaderamente se necesite proteger a perseguidos políticos en riesgo.

No se trata de desconocer que cada caso debe ser evaluado en su contexto, por eso la necesidad de saber con mayor detalle qué motivo al Gobierno a aceptar la petición del exmandatario. Pero lo anterior no obsta para recordar que está en juego la imagen internacional del país, lo que obliga a actuar con coherencia, mucha prudencia y rehuyendo criterios cortoplacistas en la toma de decisiones de este nivel de trascendencia. El asilo y la determinación de quién se beneficia de él deben estar siempre justificados con suficiente claridad y contundencia para evitar el riesgo de pérdida de legitimidad de un instrumento válido.