Aplazamientos riesgosos

El esperado decreto de aplazamiento de los recursos por 12 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025 ya fue publicado, y trae serios impactos políticos y sectoriales. Entre los primeros se cuenta la congelación de 600.000 millones de pesos para las actividades del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, alerta esta entidad, afectaría la realización de "elecciones libres, justas y transparentes". Si bien el Presidente de la República lo niega, este efecto del recorte no deja de ser preocupante, y que merecerá comentario aparte, en especial luego de que el Gobierno anunció que se creará una mesa técnica para revisar este tema.

En lo referente al aspecto sectorial se destacan varios proyectos de infraestructura, principalmente de transporte, que golpean a Bogotá, Cundinamarca, Medellín y, en menor monto, a otras ciudades. Esta decisión presupuestal del gobierno Petro impactará con dureza los flujos de recursos nacionales durante este año para la primera línea del metro capitalino –770.309 millones de pesos–, la troncal de la calle 13 –328.532 millones–, el metro ligero de la calle 80 en Medellín –497.000 millones– y el Regiotram de Occidente –345.000 millones–.

A juicio de algunos, la decisión de escoger estos proyectos no sorprende. Las molestias de la Casa de Nariño con el metro de Bogotá son abiertas, y han sido varios los choques con la istración distrital sobre la naturaleza elevada de la obra. Los gobiernos y habitantes de Bogotá, Medellín y Cundinamarca terminarán sintiendo estos recortes como un castigo que a todas luces no se merecen. Los tres proyectos son fundamentales para mejorar la calidad de vida en estos lugares.

Tanto en la definición de los rubros del presupuesto como en cuáles de estos recortar, los gobiernos envían poderosos mensajes sobre sus prioridades. Queda en evidencia que para la istración Petro estas iniciativas, tan necesarias para esas ciudades y su región circundante, no son de su interés.

En el caso de la capital del país, por ejemplo, el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, aseguró que no dejará detener la primera línea del metro, cuyo avance a diciembre pasado registró un 46,42 por ciento. El burgomaestre afirmó que Bogotá ha puesto tres veces más recursos que la Nación y anunció acciones legales por lo que considera un "incumplimiento" de los compromisos del Gobierno.

Si bien el decreto "aplaza" estos billonarios recursos –y no los recorta completamente–, el horizonte fiscal de la Casa de Nariño es sombrío y es probable que estos giros nunca lleguen. Asimismo, estos cruciales proyectos no pasarán indemnes esta congelación. Estos aplazamientos implican incumplir con compromisos previos de financiamiento, así como causarán costos adicionales a estas iniciativas. En el caso de no llegar en este 2025, la planeación y los cronogramas de estas obras de infraestructura se verán, en mayor o menor grado, impactadas para la vigencia del próximo año.

Que el Gobierno Nacional no haya optado por blindar financieramente proyectos como el metro de Bogotá tendrá consecuencias sobre las finanzas capitalinas y el deseable ritmo de despliegue de la obra. Ojalá se generen los espacios necesarios para encontrar salidas que, sin desconocer el apretón fiscal, logren 'descongelar' recursos para avanzar en la infraestructura.