Alerta comprensible

Fue comprensible el revuelo que generó a comienzos de esta semana la noticia de que el recorte presupuestal al que se vio obligado el Gobierno ante la realidad de un Presupuesto General de la Nación desfinanciado incluía al Consejo Nacional Electoral (CNE). Como se sabe, este es una pieza clave del engranaje de la organización electoral, valga reiterarlo, pilar de la democracia.

Las reacciones de esta decisión condujeron al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a garantizar que el recorte al presupuesto del CNE no pondrá, de ninguna manera, en riesgo los procesos electorales de este 2025 y los de Congreso y Presidencia en 2026, así como tampoco pondrá a peligrar el cumplimento de la labor de garante de la transparencia de las campañas políticas.

Afirmó el señor ministro que se creará una mesa técnica para evitar "la duplicidad de los costos electorales" (refiriéndose a la Registraduría) y para revisar el actual presupuesto, que supera los tres billones de pesos. Fue un parte de tranquilidad oportuno, dado que se alcanzaron a ver en riesgo elementos claves como toda la logística que respalda a los testigos electorales y nada más y nada menos que la labor de escrutinio posterior al preconteo inicial. Esta última tarea le corresponde al CNE, mientras que la primera, que no tiene validez legal, se le asigna a la Registraduría.

Esto sin hablar también del duro tijeretazo al presupuesto para las Fuerzas Armadas, de casi 800.000 millones, que según un informe de este diario están atravesando momentos de vacas flacas y cuando se necesita, precisamente fortalecerlas. Los recortes se requieren, pero en la filigrana está la clave.

De vuelta al Consejo Electoral y al revuelo que se generó, con una investigación en curso contra la campaña del presidente Gustavo Petro, el duro recorte inicialmente planteado, superior al 50 por ciento del presupuesto asignado, no suena bien. Tanto el Gobierno como algunos expertos señalan que varias de las funciones que según el CNE estarían en riesgo de darse un tijeretazo como el que asomó han sido asignadas históricamente a la Registraduría, que no tuvo mayores recortes.

Lo que procede ante esta falta de claridad que da pie a válidas inquietudes es un análisis técnico y mesurado que garantice que las jornadas electorales por venir tengan plena transparencia. Y procede también un llamado a que las afugias presupuestales no afecten a los que podrían denominarse órganos y funciones vitales de la democracia. Hay que establecer una salvaguarda que los proteja, más allá de cualquier confrontación política.

Porque en una coyuntura como la actual se necesitan organismos fuertes, con todos los medios de prevención y vigilancia actuantes. Hablamos de ofrecer, ni más ni menos, confiables garantías electorales y, de tal suerte, de no dejar grietas que pongan en peligro la democracia en un momento tan delicado, cuando los enemigos de ella ganan terreno.

Así pues, entendiendo, por supuesto, los apuros fiscales, el Gobierno debe garantizar que los recortes, que llama aplazamientos, se atengan a criterios técnicos y a la responsabilidad de darles prioridad a aquellos sectores en los que se deposita la confianza de nuestra democracia. No es más.