Entre los diferentes frentes que un gobierno debe atender hay uno que puede no ocupar los primeros lugares en las listas de prioridades pero que resulta esencial. Este es el de la coherencia. Valor que debe proyectar y cuyo apego a él se demuestra con acciones, no con palabras.
Esto, a propósito de dos casos: el del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la manera como ha respondido ante lo dispuesto por la Corte Constitucional en los autos 2029 de 2024 y 007 de 2025 sobre la UPC (unidad de pago por capitación) del sistema de salud.
El segundo tiene que ver con el propio presidente Gustavo Petro, a quien el Consejo de Estado le ordenó rectificar su señalamiento de "nazi" a la ciudadana Hannah Escobar, reconocida por su activismo en las redes sociales en temas de salud.
Mientras en el primer caso el ministro no ha cumplido con lo dispuesto por el tribunal, en el segundo el mandatario asumió una actitud que no se corresponde con su dignidad presidencial y terminó dando una explicación que no cumple a cabalidad con lo ordenado por el tribunal.
El ordenamiento legal vigente, ese que sostiene nuestro Estado de derecho, tiene instancias y herramientas cuando se considera que la justicia se equivoca. Pero estos se agotan. Y tratar de correr la cerca con ambigüedades y dilatamientos mina la integridad de quienes así obran.
El Ministerio de Salud ha explicado que no se encuentra en desacato, pues espera que el tribunal resuelva unas aclaraciones. Es de esperarse que sea el paso previo a, finalmente, cumplir con lo ordenado. Mientras tanto, se pone en riesgo la salud de miles de pacientes que no encuentran respuestas urgentes. El Presidente, por su parte, bien haría en dar doble ejemplo: el del respeto por las decisiones del poder judicial y el del líder que asume la pluralidad de voces y los reclamos ciudadanos como un elemento que mantiene viva la democracia.