Misión incompleta

El pasado 12 de enero, la Misión de Empleo, propiciada por el Gobierno Nacional, presentó su informe final.

El mensaje de fondo que emana del reporte ejecutivo de esta Misión podría resumirse en lo siguiente: las empresas solo deben ser responsables de los costos de la protección social que son intrínsecos a la relación trabajador-empresa. Esto, en principio, no implica que los trabajadores resultarán menos protegidos, sino que habrá que encontrar formas de financiamiento de la protección social alternativas a los recargos sobre la nómina salarial.

Lo anterior reducirá los costos directos de contratación del personal asalariado y de contribución a la seguridad social de los trabajadores independientes. Como consecuencia, la formalidad aumentará y con ella también lo hará la productividad, se acelerará el crecimiento económico y se generará más empleo.

Sorprendentemente, otras importantes causas de la informalidad laboral y del desempleo –el modelo de desarrollo vigente, el auge de la migración venezolana, la calidad de la educación básica, la inversión en logística y en infraestructura, la debilidad de las políticas de empleo, entre otras– no se tomaron en consideración. Enfrentar una sola de estas causas será útil, pero ¿será suficiente?

Por otro lado, las reformas que plantea la Misión son extremadamente vagas para que un gobierno las pueda implementar. Aunque es cierto que dichas reformas deberán ser sometidas al diálogo social, de toda forma deberán presentarse algunas posiciones, concretas y económicamente viables, para empezar la negociación.

Así, por ejemplo, la Misión propone adoptar “un seguro de desempleo de mayor cobertura y generosidad que el actual Mecanismo de Protección al Cesante, que, además de otorgar un ingreso por un tiempo limitado, cubra durante su duración las contribuciones del trabajador… para su pensión”. Puesta en estos términos, ¿quién no estaría de acuerdo con tal iniciativa? Empero, su viabilidad práctica solo se podrá definir cuando se pongan números a la propuesta; números que la Misión no presenta en su informe.

De hecho, su reporte ejecutivo pone en claro que el seguro de desempleo será enteramente financiado por las empresas, pero no dice a qué costo. Tampoco da luces acerca de cómo se alcanzará la mayor cobertura –¿cobijará a los que se retiran voluntariamente y a los que serán despedidos por justa causa?; ¿cuál será el periodo que deberá transcurrir como ocupado antes de poder calificar para la prestación?–, ni en qué consistirá la mayor generosidad –es decir, ¿cuál será el monto del subsidio entregado a los desempleados?– ni permite intuir lo largo que será el “tiempo determinado” durante el cual los desocupados recibirán el subsidio.

La reforma del seguro de desempleo, además, se complementaría con dos propuestas muy controvertidas: la prohibición de los retiros parciales de las cesantías y la inclusión, entre las causas justas de despido, de las atinentes a los ‘shocks’ de demanda y a los cambios tecnológicos –hasta ahora considerados motivos de despido injusto– compensada por una indemnización de un par de meses de salarios.

En general, el punto más crítico de la implementación de esta y de las demás reformas sugeridas por la Misión radica en que “las propuestas representan un cambio en la composición de la tributación y, con toda probabilidad, un aumento de la carga neta. Los impuestos a la relación de dependencia entre empresas y trabajadores se reducirán, y otros impuestos tendrían que aumentar, en los casos pertinentes con la progresividad requerida”. Y frente a este enorme reto fiscal no hay propuestas concretas de la Misión.

En fin, el informe de la Misión representa un excelente ejercicio académico, pero requerirá de mucho más trabajo para encontrar aplicación al mercado laboral colombiano.

STEFANO FARNÉ

Observatorio del Mercado Laboral, Universidad Externado de Colombia

(Lea todas las columnas de Stefano Farné en EL TIEMPO aquí).