¿Podrá pagarse la deuda con las sobrevivientes de violencia sexual?

El Estado tiene una deuda enorme con las sobrevivientes de violencia sexual ocurrida en el conflicto armado, y todavía está lejos de pagarla. Esta deuda es económica, simbólica y política, y consiste en brindarles una reparación istrativa en los términos de la política de atención a víctimas: integral y transformadora. Desde el año 2011, mediante la Ley 1448 de ese año (ley de víctimas), el Estado ha brindado algunas medidas de reparación a las sobrevivientes de violencia sexual. Sin embargo, no es claro el avance en términos de reparación integral para las más de 37.000 sobrevivientes registradas como víctimas, en su mayoría mujeres, ni tampoco si hay suficiente presupuesto para repararlas en los restantes ocho años de vigencia de la ley.

La ley de víctimas no creó programas específicos para cada tipo de victimización. Por tanto, las sobrevivientes de violencia sexual pueden acceder a los programas generales de reparación que incluyen medidas de indemnización con montos definidos por hecho victimizante, de rehabilitación (atención psicosocial y en salud integral) y de satisfacción (por ejemplo, medidas simbólicas, de reconocimiento de responsabilidad y de memoria). Esto promueve un trato igualitario con las víctimas de otras conductas, pero, a la vez, afecta la especificidad.

En materia de financiación, esta falta de especificidad ha implicado que no se desagreguen los costos de la reparación para esta violación a los derechos humanos. Dado que ni la ley de víctimas ni la definición de sus costos incluyeron medidas y estimaciones diferenciadas para la violencia sexual, su implementación y seguimiento también carecen de una aproximación diferenciada. Solo para algunas medidas de reparación, como la indemnización y la rehabilitación, es posible identificar de forma desagregada el avance de atención a las sobrevivientes de violencia sexual.

Frente a las medidas de rehabilitación, entre 2013 y 2022, el Programa de Atención Psicosocial y de Salud Integral para las Víctimas (Papsivi) ha ofrecido medidas para atender los daños producto de la violencia sexual a 3.720 víctimas de esos hechos. Respecto de la indemnización sitrativa, a marzo de 2023 se registró un avance del 26 % del universo de víctimas registradas y del 52 % en relación con los hijos e hijas producto de conductas de violencia sexual.

De acuerdo con las medidas que cuentan con información desagregada, no obstante los avances, luego de 11 años de vigencia, la ley de víctimas sigue lejos de la meta y para su cumplimiento requerirá un enorme esfuerzo financiero, muy posiblemente mayor que el presupuestado para la prórroga.

Para fortalecer la reparación a víctimas de violencia sexual es importante poder entender dónde están las principales falencias. La pregunta por las destinaciones presupuestales se vuelve entonces central, pero requiere contar con información desagregada que permita hacer análisis por hechos victimizantes. La desagregación de información debería ir acompañada de actualizaciones constantes de las estimaciones del universo de víctimas por atender, costeos diferenciados, asignaciones presupuestales con trazadores por hechos victimizantes al nivel nacional y territorial, e indicadores para todas las medidas de reparación, no solamente para la indemnización y el al Papsivi.

La efectividad de la reparación para las sobrevivientes de violencia sexual pasa por honrar el compromiso del Estado de reparar con enfoque integral y transformador a todas las sobrevivientes. Reconocemos que el objetivo es ambicioso, pero para hacerlo viable se requiere garantizar el presupuesto suficiente y mecanismos idóneos para hacer seguimiento a su implementación. Esto permitiría saber con más certeza a quiénes llega la reparación, cuánto falta para cumplir la meta y cómo se puede mejorar la financiación, con nuevas fuentes, a través de la implementación de criterios de eficiencia en el gasto o mediante otras alternativas.

Estos y otros temas los abordamos en la publicación ‘Las reparaciones, ¿es imposible pagarlas? El caso de la política de reparación a sobrevivientes de violencia sexual y víctimas del conflicto armado en Colombia’, que está disponible en nuestra página web.

PAOLA MOLANO AYALA, PAULA VALENCIA CORTÉS Y DIANA GUZMÁN RODRÍGUEZ*

*Coordinadora e investigadora de la línea de justicia transicional y directora de Dejusticia.