Fallo sin sabor a derrota

Eran otros los tiempos en los que los asuntos internacionales de Colombia los abordábamos con sentido de unidad nacional. Recuerdo, por ejemplo, la escena de todos los expresidentes, los excancilleres y los jefes de los partidos políticos, acompañando en el Congreso el proceso de ratificación del tratado de delimitación marítima con Honduras, en el año 1999.

En contraste, las decisiones de la Corte Internacional de La Haya sobre el archipiélago de San Andrés solo han dado lugar a recriminaciones políticas y jurídicas. Esa proclividad a mirar el asunto con ánimo pendenciero y acusador, propio de la pequeña política, no permitió que frente a la original reclamación nicaragüense, que buscaba en forma exorbitante quedarse con todo el archipiélago y su mar territorial, se destacara que Colombia logró mantener la integridad de su soberanía sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sobre los cayos del norte, primero con las excepciones de jurisdicción del 2007 y luego con el fallo del 2012.

En esta ocasión, para empezar, las trompetas del desconcierto anunciaron con fatalismo una nueva tragedia. No ocurrió. Pero después de conocido el sentido del fallo de la Corte Internacional, han aparecido expertos de todos los pelambres fungiendo de juristas, haciendo toda clase de reparos y juicios apocalípticos, haciendo caso omiso de que el nuevo pronunciamiento, por elemental coherencia, no podía desconocer la intangibilidad de la sentencia del 2012. Así que si hay problemas, no son de ahora y nacieron en el pasado.

En este sentido, nadie puede sostener que es un traspié la decisión que obliga a Colombia al respeto de la soberanía de Nicaragua en la zona económica exclusiva, porque se trata de un asunto que ya había quedado establecido por la Corte Internacional hace diez años. Suficiente con que la autoridad no se hubiera pronunciado, con efectos ‘erga omnes’, manifestando que Colombia se declaró oficialmente renuente al cumplimiento de sus decisiones. Es más: la Corte no dijo ni mu sobre nuestra tesis de que la modificación de los límites del país solamente procede mediante un tratado aprobado por el Congreso, a pesar de que en los corredores del Palacio de la Paz de La Haya se alcanzó a mencionar que la Corte sostendría expresamente que el derecho internacional prima sobre el derecho interno de la Nación. No hubo tal. Y, por si fuera poco, el fallo se abstuvo de imponernos indemnizaciones a favor del régimen de Ortega.

Un tema relevante, también, es el relacionado con la zona contigua integral de las islas. Su importancia tiene que ver con el hecho de que en esta área no prevalece la zona exclusiva económica de Nicaragua. En la sentencia se preservan la soberanía y los derechos económicos de Colombia en dicha zona, sobre la base de que no supere las 24 millas, por lo cual el país tendrá que hacer algunos ajustes a la normativa expedida en el 2013.

De otro lado, triunfó una de las contrademandas de Colombia para impedir que Nicaragua corriera las cerca de las 200 millas náuticas de su zona económica exclusiva, mediante la fijación de las denominadas “líneas de base rectas”, que fueron declaradas contrarias al derecho internacional consuetudinario, por lo cual Nicaragua tendrá que corregir sus decretos del 2013 y del 2018.

Lo más significativo, tal vez, es que la sentencia internacional hubiese reconocido, a instancias de Colombia, la existencia de una comunidad raizal, cuyos derechos de pesca deben ser conjuntamente protegidos por Nicaragua y Colombia, como actualmente lo hacemos por un acuerdo con Jamaica.

Aunque Colombia ya denunció la “cláusula facultativa” del estatuto de la Corte y el Pacto de Bogotá, no puede olvidarse que aún está pendiente la demanda nicaragüense sobre la plataforma continental extendida. ¿Sería mucho pedir unidad nacional para la defensa de nuestros intereses?

Taponazo. ... la frase de la semana proviene del Polo (Navas Talero): la atestación notarial de que no habrá expropiaciones constituye “un saludo a la bandera”.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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