El peor de los caminos

El excanciller Julio Londoño, gran conocedor de los vericuetos diplomáticos, lo describió así: “El pueblo nicaragüense nunca imaginó lo que le pasaría cuando el 19 de julio de 1979, en medio de euforia, banderas y canciones, entraron en Managua los triunfantes comandantes de la revolución sandinista, con Daniel Ortega a la cabeza”. Pues nosotros tampoco sabíamos lo que nos pasaría. Porque, irónicamente, Colombia fue uno de los países que se unió a esa fiesta, pero a los seis meses Ortega se vino contra Colombia, reclamando que el archipiélago de San Andrés era de Nicaragua. Y ahí arrancó este larguísimo diferendo, y por segunda vez estamos ‘ad portas’ del gran riesgo de perder más aguas y más plataforma continental.

Luego de que renunciaran o de que fueran obligados a renunciar, por el desprecio de Petro, que los consideraba demasiado cachacos, los dos coagentes que defendían hace años a Colombia, Manuel José Cepeda y Carlos Gustavo Arrieta, fueron reemplazados ahora por un equipo de cuatro: tres coagentes y un asesor. Los dos primeros son los internacionalistas Eduardo Valencia Ospina y Carolina Olarte-Bácares, quienes jurídicamente nos dan plena confianza. El primero ha estado desde hace 20 años en el proceso y, por lo tanto, podrá acudir muy preparado a las importantísimas audiencias de diciembre, en las cuales Colombia y Nicaragua responderán preguntas claves de la Corte Internacional de La Haya. De cómo nos vaya allá depende cómo nos irá en el fallo de la nueva demanda que nos ha clavado Nicaragua, que, no contenta con lo que nos quitó en el fallo de 2012, ahora viene por más.

Carolina Olarte, por su parte, es internacionalista de formación sa; habla cuatro idiomas, y pasó de la decanatura de Derecho de la Javeriana a la embajada de La Haya y ahora, además, será parte de la defensa de Colombia.

La incógnita está en la tercera coagente nombrada, la raizal Elizabeth Taylor Jay. No porque no sea una mujer capaz, sino porque no sabemos si su actuación como coagente implicará un cambio en la estrategia de la defensa.

Los raizales participan en el equipo desde hace siete años; se han empapado de los memoriales y han sido muy diligentes en el aporte de pruebas. Pero nunca uno de ellos había actuado como coagente. Eso abre el primer gran interrogante: ¿Elizabet Taylor hablará en las audiencias de diciembre? ¿Lo hará bajo una estrategia de equipo dirigida por el doctor Valencia, o hablará en su calidad de raizal? Y de ser así, ¿en su discurso defenderá la integridad de Colombia como representante de nuestro Estado, o se concentrará en los intereses de los isleños, que no siempre coinciden con las posiciones sentadas por el Gobierno?

En el pasado hemos intentado negociar diplomáticamente con Nicaragua, pero de allá nos han sacado corriendo, porque Ortega resolvió que podría obtener resultados más favorables si demandaba a Colombia ante La Haya. Y así ocurrió. El fallo del 2012 no solo nos quitó aguas y plataforma continental, sino que dejó enclavadas a Quitasueño y Serrana; y a San Andrés y al resto de las islas, semienclavadas. Esta nueva demanda contra Colombia implica muchos más riesgos, al ser un tercero, un tribunal extranjero, el que defina los límites de nuestro país. Y porque el derecho aplicable no es claro, ya que todavía no hay recomendaciones de la Convención de la ONU sobre derechos del mar que solicitó Nicaragua, tratado que Colombia ya firmó, pero no ha ratificado.

Entonces, este conflicto podría enfrentarse por dos caminos: seguir en el litigioso, o pasar a las vías diplomáticas, planteando un acuerdo procesal. Esta segunda vía la despejó la Corte, al reconocer que Colombia sí necesitaba negociar un tratado con los nuevos límites que nos fijó en el 2012; y que, bajo un acuerdo de pesca con Nicaragua, sería posible que los raizales colombianos puedan hacerlo en sus aguas.

Con la llegada de Petro se abrió un pequeño espacio diplomático, pero se lo tiraron los extravíos del canciller Leyva. Primero ordenó que Colombia se ausentara de una reunión de la OEA de censura a Ortega por apresar a opositores, periodistas, dirigentes sociales y sacerdotes. Su explicación es que nos abstuvimos de condenar a Nicaragua por razones estratégicas y no ideológicas. Pero luego, ante las terribles críticas que despertamos en el plano internacional, Leyva cambió 180 grados y llamó a Ortega “violador de DD. HH. por excelencia”.

Con posturas tan contradictorias, por bueno que sea el nuevo equipo de defensa de Colombia, quedó cerrada la vía diplomática. Y estamos nuevamente en manos de un juez que nos someterá a otra peligrosa delimitación.

Esta falta de coherencia de la Cancillería nos mantiene condenados a seguir pleiteando con Nicaragua, y esto puede salir mal. Pero muy mal.

MARÍA ISABEL RUEDA

(Lea todas las columnas de María Isabel Rueda en EL TIEMPO, aquí)