Un derecho fundamental

El artículo 79 de nuestra Constitución reza: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano”. Sin embargo, ha quedado en evidencia con la contaminación del aire en Bogotá, para citar solo un ejemplo, que no tenemos garantizado ese derecho. No se trata de hacer un juicio a esta o a la anterior istración distrital, como suelen hacer los fanáticos de lado y lado; se trata de asumir que estamos frente a un problema real que no solo involucra a quienes vivimos en Bogotá, sino a todos los colombianos, que pone en riesgo nuestras vidas y del cual todos somos responsables, por lo que debemos resolverlo entre todos, más allá de la política y los egos personales.

Hace unos meses, el Procurador acuñó una frase que ha hecho carrera: “El humo de la guerra no dejaba ver la corrupción”. Habría que añadir que “el humo de la guerra no dejaba ver la corrupción”, ‘ni tampoco la tragedia ambiental que sufrimos’. En efecto, así como entendimos que la lucha contra la corrupción tenía que ser una prioridad, y quedó claro con los más de 11 millones de votos de la consulta anticorrupción, tenemos también que ocuparnos con seriedad de las decisiones de política pública que nos garanticen efectivamente un medioambiente como se señala en la Constitución. Para lograrlo debemos comprometernos con verdaderas transformaciones constitucionales, legales y de política pública. Debemos comenzar por entender que esto no es un problema de las ‘futuras generaciones’, sino que es nuestro y lo padecemos ya.

Las regulaciones frente a la emisión de gases contaminantes y las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser más rigurosas y no pueden depender solo de la voluntad de las istraciones locales. Este es un asunto del cual deben ocuparse el Gobierno y el Congreso. El derecho a un medioambiente sano es conexo con el derecho a la vida y, por lo tanto, frente a este se requieren desarrollos legislativos del nivel estatutario, es decir, de aquellas leyes que protegen los derechos fundamentales, como la vida. Las más de 8.100 vidas perdidas en el país en el último año por afecciones respiratorias así lo demuestran.

De otra parte, la lucha contra la deforestación no da espera, y frente a ella las autoridades ambientales, invadidas de politiquería, no solamente no son el remedio, sino que son parte del drama que vivimos. Hay que modificar las normas que rigen el Sistema Nacional Ambiental para que los directores de las corporaciones autónomas regionales sean escogidos a través de un riguroso y transparente concurso de méritos y, al mismo tiempo, se puedan introducir en tales normas unas mayores capacidades sancionatorias a estas entidades. Un acuerdo político entre Gobierno y oposición podría plantearse sobre este asunto de manera específica, prioritaria y urgente.

Pero no solo se trata de detener la deforestación de los bosques naturales de la Amazonia y el litoral Pacífico, sino también de implementar una verdadera política de desarrollo forestal. La ganadería extensiva es una actividad que genera poco empleo y cuyo proceso industrial de la carne es responsable de un significativo porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero. Sembrar árboles trae beneficios ambientales, y también puede generar beneficios económicos al país si se pone en marcha un proceso sostenible de transformación de especies maderables.

Finalmente, no se puede abandonar como prioridad de nuestra política exterior el impulso al derecho a un ambiente sano que tenemos todos los habitantes del planeta. Colombia tiene con qué convertirse en una potencia forestal y en oferta de servicios ambientales. Por lo tanto, nuestro relacionamiento con la comunidad internacional puede desarrollarse a través del interés común de detener el deterioro del medioambiente en el mundo. Allí hay un escenario para el liderazgo del país, que no puede volver a caer única y exclusivamente en una agenda exterior narcotizada.