Marchemos juntos por los líderes

Es cierto. Las mafias del narcotráfico y la minería ilegal asesinan en los territorios a los líderes sociales que se oponen a sus multimillonarias e ilícitas actividades. Pero también lo hacen quienes se oponen a la restitución de tierras a los campesinos despojados, líderes políticos regionales corruptos a los que fastidian las veedurías ciudadanas y sectores reaccionarios de algunas zonas del país a quienes les molesta el activismo social y comunitario. Por ello se equivocan el Gobierno y sus aliados al reducir el drama de las amenazas y los asesinatos a un problema de sicarios de bandas criminales. Desperdician así la oportunidad de unir a los colombianos alrededor de una política seria, sostenible y eficaz que pare esta matazón.

Tiene razón el Gobierno al señalar que los líderes sociales no comenzaron a ser asesinados el 7 de agosto del 2018. Durante el gobierno Santos se presentaron hechos similares. Asimismo, los vivimos en los gobiernos de Uribe, Pastrana, Samper, Gaviria y más atrás. La diferencia es que en el mandato del presidente Santos se reconoció la gravedad del problema desde la propia cabeza del Estado y se adoptaron acciones y medidas para enfrentarlo, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil y la ONU. Lo que impacta ahora no es solo la incapacidad estatal de controlar estos crímenes, sino también la insensibilidad e indiferencia que altos funcionarios del Estado demuestran ante esta tragedia humanitaria y, peor aún, el discurso complaciente de sectores radicales del partido de gobierno.

Un mal diagnóstico conduce a malas soluciones, y eso es lo que le ocurre al Gobierno. En estos diez meses se han dedicado a crear nuevas políticas para enfrentar el flagelo, cuando deberían simplemente desarrollar los acuerdos de paz. Lo que han logrado es generar desconfianza entre las organizaciones de derechos humanos nacionales y la comunidad internacional. La Comisión Nacional de Garantías, con participación de las plataformas de la sociedad civil, solo se ha reunido una vez, y los demás mecanismos e instancias creados en el acuerdo se engavetaron para dar paso a una serie de iniciativas que solo han contribuido a generar confusión entre la población amenazada. Se ignora el decreto 660, concertado con las organizaciones para impulsar la protección colectiva, así como los demás instrumentos contemplados en el punto 3.4 del acuerdo. Para no hablar de la forma como se desnaturalizó la idea de la Unidad de la Fiscalía para Desmantelar las Organizaciones Criminales, que son, precisamente, las responsables de estos hechos. Sería importante saber si es cierto que esta unidad redujo su ámbito de investigación solo a los casos de crímenes contra los exguerrilleros reinsertados y que las investigaciones de los asesinatos de líderes sociales se dirigen desde otra dependencia de la Fiscalía.

El asunto va, entonces, mucho más allá de las frías estadísticas, que, además, se manipulan con gran facilidad. Solo hay que decir que no es cierto que el 56 % de los casos se hayan resuelto. En cifras de la propia Fiscalía, no son más del 10 %, y en todo caso no se captura a los autores intelectuales, sino a los sicarios. Tampoco es cierto que el crecimiento de los cultivos ilícitos sea el causante exclusivo de estos asesinatos. Las investigaciones de la Fiscalía señalan una realidad distinta.

El drama de los líderes sociales debería ser una razón suficiente para convocarnos a un acuerdo nacional. Seguramente, el Gobierno tenga el mayor interés en frenar esta oleada de asesinatos, pero por inexperiencia y desconocimiento escogió el camino errado. Todos debemos unirnos, por encima de consideraciones políticas, para enviar a los asesinos el mensaje contundente de que encontrarán una sociedad unida para enfrentarlos y encarcelarlos. Un buen comienzo sería que todos salgamos a marchar el próximo 26 de julio en solidaridad con las víctimas y que en un solo grito digamos: ‘¡Basta ya!’. Anímese, presidente Duque, salga a marchar y grite usted también que no toleraremos el asesinato de un solo líder social más.

JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS