¿Gobierno de coalición o ‘mermelada’?

El balance del primer periodo legislativo del gobierno Duque no puede ser más desalentador. Con una agenda muy menor, cuando se compara con los inicios de cualquier mandato anterior, los pocos proyectos presentados se hundieron o se desfiguraron por unas mayorías parlamentarias desordenadas. El jefe de Estado, su partido y algunos analistas atribuyen los pobres resultados a la falta de ‘mermelada’, cuando en realidad se debe a una sumatoria de factores, entre los cuales se encuentran el escaso liderazgo del Gobierno en el capitolio, la concentración de la nómina burocrática en el CD y la ausencia de una coalición política que acompañe al Gobierno.

Inédito el arranque de Duque. En los distintos círculos políticos y de opinión prevalece el desconcierto. Durante el gobierno de Uribe, los colombianos tenían claro que su propósito fundamental era la seguridad democrática, y específicamente la derrota militar de las Farc. En el de Santos, el objetivo central fue llegar a un acuerdo definitivo con este grupo guerrillero que garantizara su desaparición como organización armada. En estos primeros meses de Duque, nadie logra aún descifrar el rumbo. Se insiste en un ‘Pacto por Colombia’ que se quedó en una frase de cajón porque no se sabe con quién se plantea ese acuerdo o sobre qué visión de país se propone.

No se convocó a los partidos que acompañaron a Duque en la segunda vuelta a construir un gobierno de coalición, y tampoco se abrió un diálogo serio y sostenido con la oposición para intentar un pacto. Se escogió el camino de descalificar cualquier acuerdo político en medio de un clima de desprestigio merecido de los partidos tradicionales y de hastío de la ciudadanía con los escándalos de corrupción.

Ese camino condujo cinco meses después a los resultados que hoy conocemos al final de las sesiones. Sin duda, el peor balance que puede presentar gobierno alguno en los últimos 30 años en materia legislativa. La reforma de la justicia se hundió sin cumplir siquiera el tercer debate; la reforma política, descuartizada y agonizante, pasa a segunda vuelta; los proyectos anticorrupción naufragaron entre la apatía de los congresistas y la indiferencia del Gobierno, y la reforma tributaria aprobada, con serios cuestionamientos de trámite, no tiene tranquilo a nadie por las consecuencias que puede traer a las finanzas públicas en el futuro ante la persistencia del Gobierno en una política de exenciones y privilegios que llegan a 10 billones de pesos anuales, pagados en parte por la clase media y los asalariados. Termina el año con la expectativa de qué sucederá a partir de enero y cuáles decisiones adoptará Duque para “enderezar” el camino. Al cierre navideño, la concertación del salario mínimo y la caída de ‘Guacho’ son buenas noticias que dan un aire al Gobierno. Pero, obviamente, es insuficiente.

Seguramente en el receso de fin de año se reflexionará sobre decisiones políticas de fondo en medio de la polarización y el pesimismo. Vendrán rectificaciones en uno de dos caminos distintos: el primero sería llamar a otros partidos a un gobierno de coalición, con el costo que ello supone ante una ciudadanía radicalizada contra estos. Son varios los jefes políticos que no disimulan su desesperación por entrar al Gobierno, y eso aseguraría unas mayorías tranquilas en el Congreso, con un inevitable desgaste en la opinión.

La otra vía, más compleja desde el punto de vista institucional y político, pero que permitiría al Presidente recuperar iniciativa política y popularidad, es la de convocar una constituyente limitada que asuma el estudio de las reformas que el Congreso ha sido incapaz de aprobar o que las cortes han bloqueado. Cualquiera de las dos opciones es arriesgada y con precio alto por pagar. No hacer nada, sin duda, sería más costoso.